El conflicto en Electrolux sigue sin resolverse. En la mañana de este miércoles un grupo de obreros cruzó las puertas de la fábrica para cargar a mano insumos que no pueden ingresar por el acampe que una veintena de despedidos mantiene desde hace más de una semana en la puerta de la planta, en Batlle y Ordóñez al 3400. El incidente llega un día después que la Justicia rechazara el pedido de terminar con el bloqueo y generó tensión entre los trabajadores definieron en asamblea continuar con sus tareas y los despedidos.
Los trabajadores que continúan con su labor explicaron que quieren retomar las tareas y temen que el bloqueo rompa el acuerdo que el gremio hizo con la empresa para no despedir a nadie hasta diciembre. Por su parte, los despedidos dijeron que mantendrán el acampe y esperarán la resolución de este viernes en el Ministerio de Trabajo.
La situación generó escarceos entre los trabajadores dentro y fuera de la fábrica. Cerca del mediodía los despedidos cruzaron un auto frente al camión, pero al poco tiempo los empleados volvieron a la carga.
“La empresa está en procedimiento de crisis. Tenemos miedo que la medida rompa la negociación. Queremos cuidar nuestros puestos”, dijeron los trabajadores a la prensa.
Este martes catorce despedidos de la empresa Electrolux fueron imputados por la fiscal Valeria Haurigot, quien también pidió el “cese del estado antijurídico”. El reclamo fue acompañado por el representante de la firma, quien redobló la apuesta pidiendo que se despejen los ingresos y se permita el libre acceso a la planta de zona sudoeste. Si bien el juez Hernán Postma admitió la imputación, dijo que hay un conflicto laboral, que hay trabajadores tratando de reivindicar sus derechos y una instancia administrativa abierta en el ámbito del Ministerio de Trabajo, que es “donde corresponde resolver la situación”. Así, aseguró que ordenar el despeje del ingreso resultaría violento.
Amenazado
También durante la mañana personal policial de la comisaría 21° intentó llevar detenido a uno de los despedidos por una denuncia de amenazas. Según explicó una de las abogada de este grupo, Celina Tifoni, la Fiscalía no había pedido la detención. “Un policía se acercó y me dijo que tenía que llevar a uno de los trabajadores a la comisaría. No lo permití. Fuimos por nuestros medios y nos informaron que había una denuncia pero no había orden de detención. El fiscal (Marcelo) Maximino me lo confirmó y ni siquiera sabía del hecho. Lo querían detener de manera ilegal”, contó Tifoni a El Ciudadano.
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