Arlen Buchara
A fines de 2018 la psicóloga Camila Fusari firmó un contrato para hacer una formación rentada en la Municipalidad durante los 12 meses de 2019. Para entrar era necesario tener experiencia en atención de situaciones de violencia de género y la matrícula en funcionamiento. Ella tiene 28 años y cumplía los requisitos. Pasó la entrevista junto con otras 11 psicólogas y 12 abogadas. El primero de enero de 2019 empezaron a cumplir funciones en el Teléfono Verde, la línea de atención de violencia de género que trabaja las 24 horas los 365 días del año. La política pública es una de las más demandadas de la ciudad porque articula con centros de salud, organizaciones sociales y el poder judicial. También recibe derivaciones de la línea nacional 144. Sólo en los primeros seis meses del año hubo 3.500 llamados.
Lejos de hacer una formación supervisada por un tutor, las 24 profesionales se convirtieron en el equipo que todos los días garantiza que las mujeres de Rosario que fueron víctimas de violencia reciban la atención que empieza con el llamado y sigue con asesoramiento, contención y ayuda legal y psicológica.
Por fuera del teléfono, también atienden en los centros de protección a donde se alojan las mujeres que están en de riesgo de vida, muchas veces con sus hijos o hijas. Las tareas que cumplen las psicólogas y abogadas tienen fecha de vencimiento. El 31 de diciembre termina el contrato y ellas reclaman continuar y ser reconocidas como trabajadoras.
“No sólo no tenemos garantía de seguir trabajando. Tampoco tenemos obra social, aguinaldo, vacaciones y cualquier derecho laboral. Para dar un mejor servicio a quienes están vulneradas de derechos no podemos estar en una situación de precarización y vulneración de nuestros derechos laborales”, explicó Fusari a El Ciudadano.
El reclamo de las trabajadoras del Teléfono Verde llegó esta semana a un grupo de concejalas de Rosario y organizaciones feministas que dieron su apoyo. El lunes pasado se reunieron en la sede de ATE con las edilas Fernanda Gigliani del peronismo, Celeste Lepratti, y Jésica Pellegrini de Ciudad Futura, quienes se comprometieron a llevar el pedido de pase a planta a la comisión de derechos humanos del Concejo Municipal. También prometieron gestionar una reunión con las autoridades que asumirán en diciembre el gobierno local. Desde la administración actual hasta el momento no tuvieron respuestas.
Después de la reunión las organizaciones sacaron un comunicado en el que manifestaron: “Esta labor tan necesaria en tiempos del Ni Una Menos está sostenida a partir de la precarización laboral. Expresamos nuestra mayor preocupación y pedimos que tanto la gestión actual como la entrante brinden respuestas al respecto”.
Además agregaron que la situación de precariedad existe desde la creación del dispositivo. Todos los años la planta de psicólogas y abogadas se renueva con contratos de formación que no incluyen ningún derecho laboral.
“El recambio constante de profesionales afecta de manera sustantiva la atención de las personas que usan a diario este dispositivo. Sólo en el primer semestre de 2019 recibimos 3493 llamados de situaciones de emergencia y urgencia de mujeres que sufren violencia o de funcionarios que requieren de nuestra intervención. Hacemos seguimientos de los casos, con el compromiso y la intención de que podamos vivir sin violencia de género. Sin embargo, en carne propia como mujeres sufrimos la desigualdad social, y la violencia institucional por parte del Estado, teniendo que desempeñarnos en la clandestinidad sin la debida registración laboral”, explicaron las trabajadoras.
Todo el año
La atención del Teléfono Verde no incluye sólo a las mujeres que llaman. También recibe pedidos de instituciones, centros de salud y organismos judiciales que derivan a otras víctimas. Por la eficiencia y la calidad de la atención, la línea se convirtió en una de las herramientas fundamentales de la ciudad para atender la violencia de género.
Fusari forma parte del equipo que trabaja en los centros de atención donde se alojan las mujeres con mayores riesgos de vida. Los refugios funcionan en casas con direcciones anónimas para garantizar la seguridad de quienes buscan asistencia así como sus hijos e hijas. Fusari está los fines de semana y su trabajo no termina en las seis horas que debe cumplir por contrato.
“Tanto en los centros de atención como en el teléfono Verde llegamos para cubrir baches de una gran demanda. Cumplimos tareas de mucha responsabilidad, reemplazamos al personal de planta los feriados y en vacaciones. Estamos atentas las 24 horas del día. Cuando una termina su turno queda en comunicación con las demás para estar segura que la persona que pidió ayuda recibió la atención adecuada. Somos profesionales que ponemos lo mejor de nosotras y hacemos intervenciones que tienen coherencia con un equipo. Es un trabajo muy demandante que no es reconocido como tal”, explicó.
La psicóloga decidió postular porque necesitaba el trabajo y porque está comprometida con la problemática. “Trabajo desde hace años con víctimas de violencia y estoy convencida de que son las instituciones públicas las que pueden generar cambios sostenidos en el tiempo. Pero para eso es necesario trabajar con condiciones adecuadas”, agregó.
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