La Cámara en lo Penal Económico dejó sin efecto una resolución del Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, que ordenaba que la empresa italiana vendiera sus acciones en la filial argentina.
La Justicia rechazó así la resolución 483 de la Secretaría de Comercio, que le ordena a Telecom Italia vender sus acciones en Telecom Argentina. Esta orden quedó establecida en agosto pasado, acompañada de un dictamen de la CNDC.
Antes de conocer la decisión, El jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, dijo que la intención del Gobierno no era estatizar Telecom Argentina.
Fernández contradijo a De Vido al decir que “el objetivo nunca fue estatizar” y que lo que se buscaba era que “Telecom, o mejor dicho Telefónica cumpla con desprenderse de los bienes de los que tiene que desprenderse, como sucede en cualquier parte del mundo donde se está en presencia de un monopolio”.
En este sentido, el jefe de Gabinete, sostuvo en declaraciones radiales que Telecom Italia debería dejar su participación en Telefónica, “porque termina siendo una triangulación”. “El monopolio no es discutible nunca, el monopolio es monopolio”.
“Si es demostrado que existe una actitud monopólica, no hay que permitirlo bajo ningún punto de vista”, advirtió, y recordó: “Hubo dos fusiones muy importantes de las cuales tuvimos que participar en Defensa de la Competencia: la venta de Cervecería Quilmes a Ambev, una de las cervecerías más importantes del mundo porque es dueña de Budweiser también, que tuvo que desprenderse de plantas de Brahma en Luján, de la marca Palermo y algunas otras cosas, y la venta de Pecom a Petrobras, que tuvo que desprenderse de Transener. Así funciona el mundo”.
El 18 de enero, el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, había amenazado con quitarle la licencia a Telecom, al insistir sobre la existencia de concentración monopólica ante el ingreso de Telefónica de España en Telecom Italia.
“No nos va a temblar el pulso para hacer lo que tengamos que hacer en el marco que continúen estas chicanas judiciales. Cuando corresponda daremos intervención, y lo estamos analizando ya muy seriamente en firme”, había declarado el ministro de Planificación. “La competencia no existe”, afirmó luego y consideró “inaceptable” la obligación de autoimponerse no intervenir propuesta por las empresas en sus descargos judiciales.
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