Una docena de taxistas se reunió ayer en la esquina de bulevar Oroño y Cochabamba –frente al laguito del Parque Independencia– para manifestar su repudio ante la sanción impuesta a un chofer que el viernes pasado sufrió la caución de su licencia por parte del municipio como consecuencia que su vehículo no poseía rastreo satelital. El caso llegó a la Justicia a partir de la presentación de un recurso de amparo que presentó el chofer. En tanto, 20 titulares de licencias presentaron ayer en tribunales recursos de amparo similares contra una ordenanza de 2008 que prevé la obligatoriedad de esos dispositivos de seguridad en los vehículos. Sostuvieron que no pueden afrontar los costos del servicio de seguridad privada y que “la seguridad debe ser otorgada por el Estado”.
En diálogo con El Ciudadano Francisco Baez, representante de ACTR –Asociación Conductores de Taxis Rosario– relató que a partir del incidente del pasado viernes –cuando a un taxista le retuvieron la licencia a cuenta de que no poseía el servicio de rastreo satelital– un grupo de taxistas comenzó a organizar la presentación de los recursos de amparos contra la ordenanza 8295, promulgada en 2008, que obliga a los taxis a tener rastreo satelital, entre otras medidas de seguridad. Según indicó Baez, existen más de cien presentaciones judiciales de taxistas contra la normativa municipal. Dicha información fue ratificada la semana pasada por el secretario de Servicios Públicos, Gustavo Leone.
De acuerdo a lo explicitado por los choferes, la instalación del mal llamado GPS –que en realidad es un rastreo por radio o servicio de despacho– cuesta 2 mil pesos más 500 pesos por mes que debe abonar el titular del taxi. “Lo peor es que todas las empresas que prestan estos servicios nos lo facturan en negro. Y después la municipalidad nos pide la constancia de pago”, dijo Baez. En este sentido, el representante de ACTR pidió que el municipio se haga cargo de la seguridad y deje por fuera a las empresas privadas.
El viernes pasado la Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad puso bajo caución la licencia de un taxista que no tenía el sistema de GPS instalado en el coche. La falta del aparato de rastreo satelital se descubrió cuando el conductor del vehículo fue a hacer la revisión técnica periódica. La sanción implicó que el tachero en cuestión no podrá volver a trabajar hasta que no instale el sistema de seguridad. Ayer, junto a otro chofer en una situación similar, el hombre radicó un recurso de amparo contra la caución.
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