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Inflación

Tarifazo: convocarán a audiencia pública

Aranguren dijo que será “participativa”y se discutirán costos de producción.


El gobierno convocará a una audiencia pública “participativa” sobre los costos de producción del gas y la electricidad con el objetivo de ofrecer los argumentos sobre la necesidad de un ajuste de tarifas.

Así lo confirmó ayer el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, quien cuestionó a la oposición por “usar políticamente” argumentos sobre el impacto de la suba de tarifas en la economía.

Destacó que la audiencia será “participativa, no sólo informativa”, y subrayó que “todos los sectores involucrados podrán exponer su posición y dar sus argumentos sobre la cuestión energética”.

Aranguren consideró que un “principio de solución” al conflicto de las tarifas es la audiencia pública para el precio del transporte y la distribución, que forma parte de la revisión integral de la tarifa y que ya fue convocada para octubre.

“Si la gente, los políticos, los jueces o los periodistas piensan que tenemos que hacer una audiencia pública para lo que es el valor de la generación de electricidad y el precio de gas en boca de pozo, bueno, vamos a hacer una audiencia pública”, señaló.

El funcionario dijo que su equipo de trabajo ya está “redactando una resolución” que dé lugar a esa audiencia en la que se detallará cuál es el sistema que se ha heredado, cuál es el impacto de las medidas que fueron tomadas, qué nivel de gradualismo hubo.

El ministro sostuvo en declaraciones radiales que con las medidas dispuestas por su Ministerio recién se recuperó el 32 por ciento del valor de generación de la energía eléctrica y el 62 por ciento del precio del gas en boca de pozo.

Además, señaló que se realizará una “audiencia informativa” ad hoc en la cual se informará el estado de situación y el aumento implementado con la generación de la energía eléctrica y el precio del gas en boca de pozo.

“Muy grave”

En otro orden, Aranguren advirtió que sería “muy grave” que la Corte Suprema fallara contra los aumentos de tarifas, que permanecen frenados con recursos de amparo.

Aranguren consideró que si la Corte se ajustara a su propia jurisprudencia tendría que fallar a favor del gobierno y alertó que “el servicio está comprometido”.

“Le solicitamos a la Justicia que, conforme a los marcos regulatorios, deje actuar a la capacidad que tiene el Poder Ejecutivo para tomar decisiones sobre tarifas. Las tarifas no las puede decidir la Justicia”, advirtió.

Aranguren insistió en que “sería muy grave” que la Corte no le dé la razón al gobierno y exija la eliminación de los nuevos cuadros tarifarios, que en el caso del gas rigen desde el 1º de abril último, porque se necesitarán 22.000 millones de pesos.

El funcionario señaló que la Corte Suprema tiene en este momento un recurso extraordinario que elevó la Cámara Federal de La Plata para el caso del gas, que está “vinculado con un criterio que lo dice la jurisprudencia del propio máximo tribunal”.

“La misma Corte dice que cuando hubo un fallo positivo en primera instancia –en este caso a favor del gobierno–, todo recurso extraordinario se tiene que otorgar con carácter suspensivo de la medida que dictó la Cámara, por lo tanto creemos que eso es lo que, ajustándose a derecho, la Corte tiene que fallar”, dijo.

La Sala II de la Cámara Federal de La Plata concedió la semana pasada un recurso de apelación presentado por el gobierno nacional contra la medida que suspendió el aumento del gas en todo el país, por lo que el pleito llegó así a la Corte.

La medida fue concedida con efecto devolutivo, es decir que el aumento del gas no regirá hasta que se expida el máximo tribunal nacional, por lo que la administración de Mauricio Macri espera la decisión en esa instancia.

Garavano pidió a la Corte que “ordene algunas cosas”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, se quejó ayer de los tribunales que buscan “gobernar y marcar la política energética”, al cuestionar los fallos de primera instancia contra el aumento en el precio de la luz y el gas. El ministro lamentó que algunos tribunales busquen, a su criterio, “complejizar la gestión” de la administración central, y sostuvo que “hay medidas que jurídicamente están mal dictadas”, a las que calificó  como “llamativas”.

Garavano exhortó a la Corte Suprema a que “ordene algunas cosas que, claramente, parece que han tenido otras finalidades distintas a la de proteger a algunos usuarios en particular”.

Igual, admitió que el gobierno deberá convocar “a distintas audiencias” públicas por el incremento de la energía eléctrica y la suba en el valor del gas, antes de la que fue programada para octubre próximo con el fin de concretar una “discusión integral de las tarifas”.

Pero aclaró que para los precios mayoristas de la luz eléctrica y el gas “no es necesario” ese procedimiento, aunque admitió que “sí” se lo debe implementar para su “transporte” y su “distribución”.

Consultado sobre si hay tribunales que quieren marcar la política en materia energética, Garavano disparó: “Sin duda los hay, porque venimos de unos últimos años donde hubo muchos conflictos”.

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