Carina Ortiz
Treinta y ocho llamadas al 911 en quince días. Denuncias anónimas que avisan sobre ataques armados en el barrio fueron el detonante de una serie de allanamientos que se produjeron este lunes en Tablada. Amenazas, balaceras, tiroteos a frentes de casas y homicidios. El denominador común fue el uso de armas de fuego y el temor de los vecinos en testificar o denunciar formalmente. Desde la Fiscalía Regional abrieron una investigación y se ordenó a Inteligencia de la Policía de Investigaciones (PDI) realizar un informe sobre los posibles lugares donde podría haber armas de fuego. Tres de los domicilios señalados por la policía dieron resultado positivo tras los allanamientos realizados el lunes. Se secuestraron: una carabina calibre 22, una pistola 9 milímetros con la numeración limada y otra calibre 22. Dos parejas y un joven de 20 años fueron detenidos. Este martes Fiscalía los imputó por tenencia. Las defensas no dejaron de lado el contexto en el que viven estas personas, donde la violencia está a la orden del día y en muchas oportunidades resultaron víctimas del contexto en el que viven.
El caso que resaltó es el de una pareja, en cuya casa se secuestró una carabina. El hombre explicó que pertenecía a un tío que falleció y le quedó como herencia. Para el juez, independientemente del contexto social, la ley es clara: no se puede tener armas aptas para el disparo sin la debida autorización.
El magistrado admitió la imputación contra el quinteto, y dictó la prisión preventiva con algunas diferencias: 15 días para el tenedor de la carabina y su mujer, aunque para ella morigeró la medida con un arresto domiciliario. Para la otra pareja –que explota un quiosco y se les secuestró un arma 9 milímetros con numeración limada– fijó 30 días de preventiva para la mujer bajo la modalidad domiciliaria. Para el último de los muchachos la prisión preventiva fue de 60 días, además de la tenencia de arma de uso civil enfrenta una causa por el encubrimiento.
Enrique R. y Diana A. viven en Chacabuco al 3500 y tienen tres hijos. El hombre cumple tareas en un club del barrio para compensar un plan social que recibe y hace changas para llegara fin de mes. La casa en que vive la heredó de su tío. También una carabina calibre 22 que fue secuestrada el lunes del ropero del dormitorio de Enrique R. Junto al defensor oficial Juan Pablo Nardín explicó que no sabía qué hacer con el arma que estaba en la casa cuando llegó a vivir. Los fiscales Luciana Vallarela y Matías Edery imputaron al matrimonio por el delito de tenencia de arma de uso civil.
Leandro C. y Fernanda C. es la otra pareja imputada. Tienen 20 y 19 años respectivamente y una nena de 2 años. Trabajan en un kiosco que tienen en pasaje Villar 35. Del local la policía secuestró un arma 9 milímetros con la numeración limada. La defensora Susana Zulkarneinuff dijo que, públicamente, se conocen los atentados que hay en ese barrio. Preocupan incluso a nivel nacional pero el caso de sus clientes es una excepción, dijo. Explicó que 82 por ciento de los almacenes, kioscos y emprendimientos que no están totalmente formalizados en barrios peligrosos piden ayuda a la policía y no se la dan. Los kiosquitos y almacenes de estos barrios “están en banda”, detalló. En este caso la Fiscalía imputó a la pareja por tenencia de arma de guerra.
El otro imputado fue Brian Adrián S., de 19 años. En el parrillero, que está en la parte delantera de su casa, se encontró una pistola calibre 22 y municiones calibre 9 y 22 milímetros en una bolsa sobre el techo. Además se lo imputó de adquirir una moto Susuki 110 centímetros cúbicos con la numeración adulterada. Fue detenido junto a otro joven, en agosto pasado, llevando la moto a tiro. Junto a su defensor, Marcelo Piercecchi, el joven negó la pertenencia del arma, dijo que el parrillero está al frente de la casa y es de acceso libre a las personas, incluso señaló que un joven estuvo cerca del lugar y se fue delante de la PDI. En cuanto a la moto dijo que era de su amigo y se hizo cargo de ello en la Comisaría.
Presos
La Fiscalía pidió la prisión preventiva para el quinteto y explicó que estos procedimientos se dieron en el marco de una situación de emergencia donde se acumulan 28 homicidios en lo que va del año y 8 fueron cometidos en la zona donde se produjeron los allanamientos. Explicaron que hay una situación de emergencia y una necesidad urgente de sacar las armas ilegítimas de circulación con las que se cometen gran parte de estos delitos. “Es fundamental, para lograr desarticular estas bandas, lograr la colaboración activa de los testigos de los hechos. Habitualmente todas las semanas, el centro de denuncias del Ministerio de la Acusación recibe denuncias que no se terminan de concretar porque las personas no quieren dar su identidad porque tienen miedo y diversos problemas o conflictos para aportar elementos que ayuden a desarticular estos hechos. Todos estos allanamientos se realizan por datos que brindan personas que manifiestan su temor a declarar y les debemos a las víctimas y los testigos la posibilidad de declarar en un ámbito de absoluta libertad para poder colaborar con las diversas investigaciones”, dijo Edery.
Los fiscales pidieron para Diana A. y Enrique R. 30 días de preventiva. En cuanto a Brian R., Fernanda C. y Leandro C. –que en noviembre pasado lo imputaron de encubrimiento en Fiscalía– solicitaron 60 días aunque para los mujeres luego abrieron la posibilidad de un arresto domiciliario.
Las defensas se opusieron, pidieron la libertad de sus defendidos y subsidiariamente una domiciliaria. Piercecchi explicó que “todos tenemos conocimiento de la situación que se vive y como habitantes queremos vivir con tranquilidad, pero el Estado tiene que ser cuidadoso porque si no corremos el riesgo de meter a todos en la misma bolsa”.
Finalmente el juez Héctor Núñez Cartelle explicó que el delito se configura con dos requisitos: tener un arma con aptitud para el disparo y no tener autorización legal para su tenencia. “No se puede tener armas sin autorización”, sentenció.
Evaluó la situación de cada uno de los imputados y explicó que los procedimientos están avalados por órdenes emanadas por un juez. “No se justifica, por tener un quiosco, tener un arma de guerra con la numeración limada”, refirió. “No podemos convalidar que la gente se defienda de esa manera porque esto es una guerra sin cuartel entonces”. “El Estado no lo puede permitir”, aseguró y admitió las imputaciones. En cuanto a la prisión preventiva, dictó la medida cautelar diferenciando el imputado: a la pareja de Enrique R. y Diana A. le impuso 15 días de prisión preventiva efectiva para el hombre y domiciliaria para la mujer. Para la pareja de Fernanda C. y Leandro C. fijó la medida por 30 días con domiciliaria para la mujer y para Brian S. dispuso 60 días de prisión efectiva mientras avanza la investigación.
