La Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas (Omas) es un programa piloto que se presentó al Poder Judicial en el año 2012. Su objetivo es obtener información y controlar las medidas alternativas y sustitutivas a la prisión preventiva que se apliquen a aquellas personas que están sometidas a un proceso penal previo al dictado de una sentencia. La Omas funcionó con muy buenos resultados, especialmente durante la puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal. En la mayoría de las audiencias orales de prisión preventiva se dispone la intervención de la Omas. Este convenio tuvo algunas prórrogas y finalizó en diciembre. Si bien el Poder Judicial sostiene la institucionalización de esa oficina, trámites burocráticos la mantienen en un limbo que genera preocupación y atenta contra su continuidad. Desde hace dos meses sus empleados no perciben sus sueldos y sus servicios de supervisión se encuentran suspendidos y ello se extenderá en el tiempo.
La Omas es un proyecto piloto que impulsó el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), que colabora con el Estado provincial. El programa fue presentado al Poder Judicial luego de un trabajo de investigación que realizó el instituto sobre el funcionamiento de la prisión preventiva en la Argentina. El proyecto contó con el financiamiento de la Fundación Open Society y en el año 2012 se firmó un convenio con la Corte Suprema de la provincia para la implementación de una prueba piloto que comenzó a tomar forma en diciembre de ese año, refirió una fuente judicial consultada. En un primer momento, se realizó un relevamiento sobre la aplicación de este tipo de medidas alternativas en los Juzgados de Sentencia y con la puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal la actuación de la oficina se extendió. Hasta hace unas pocas semanas se solía escuchar en la mayoría de las audiencias orales el pedido de supervisión de la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva por parte de esta dependencia, aunque actualmente su servicio se encuentra interrumpido.
La oficina tiene su espacio físico dentro Tribunales y es coordinada por una abogada que trabaja junto con una terapista, una trabajadora social y algunos pasantes. La función principal que cumple la oficina es la supervisión de medidas alternativas que consisten en la comparecencia del imputado a la oficina en forma regular, la inspección de un arresto domiciliario o de una internación, o el control de la prohibición de acercamiento dispuesta por un juez penal, funciones que, de no continuar la Omas, pasan a manos policiales. La dependencia, a mayo de este año, tuvo a su cargo 243 legajos activos.
Desde su puesta en funcionamiento, la oficina ha cosechado apoyos en el ámbito judicial y ha sido materia de exposiciones en charlas y ponencias. Incluso existe interés en otros puntos del país, como por ejemplo Entre Ríos, de realizar un convenio con la oficina local, pero la preocupación por el destino de la dependencia es un hecho.
Cuando finalizó el acuerdo, en diciembre pasado, una alta fuente tribunalicia sostuvo que la idea del Poder Judicial no era sólo mantener Omas sino ampliarla a otras localidades de la provincia, ya que es una forma de profesionalizar el servicio, y agregó que la intención era institucionalizarla en forma progresiva.
Pero la situación que actualmente vive la dependencia es alarmante. Hace casi siete meses, la Corte provincial solicitó al Ministerio de Justicia cargos para la oficina ya que el Poder Judicial no puede hacer contrataciones directas. Ello generó la posibilidad de realizar algunos contratos para salvar momentáneamente la situación, pero los mismos se encuentran en un camino burocrático en la órbita del Ejecutivo que aún no llegó al final, describió una fuente judicial. Mientras tanto, las tres empleadas de la oficina no perciben haberes desde mayo y en principio se había dispuesto la suspensión de la prestación del servicio durante la feria. Pero el panorama no parece disiparse ya que recientemente, y por un acuerdo de la Cámara Penal –órgano del que depende la oficina–, se dispuso que la suspensión continúe a partir del 31 de julio, atento a las insalvables dificultades que existen para mantener los recursos humanos de la oficina y hasta tanto existan condiciones para su continuidad.
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