Juan Pablo Sarkissian

La discusión sobre la reducción de la jornada laboral en Argentina está en sintonía con el amplio debate a escala global y en especial en América Latina, donde un conjunto de iniciativas avanzan a paso firme.

Este debate, trae aparejado, desde el sector empresarial, el planteo de la “caída de la productividad”.

Aparece con bastante nitidez que para el capitalismo actual lo único que importa es la tasa de productividad; ergo la cuota de ganancia. Nada de bien común. Nada. Es más, en Argentina las corporaciones empresariales y la oposición política al gobierno actual se niegan a debatirlo.

En este sentido, uno de los grandes reparos a la hora de tratar leyes vinculadas a la reducción de la jornada laboral se amparan en que hay un traslado de costos que debe asumir el empresariado o, directamente –como advierte el reciente editorial de La Nación (https://www.lanacion.com.ar/editoriales/reducir-la-jornada-laboral-solo-creara-mas-pobres-nid12052023/), que creará más pobres, en tanto que quienes proponen la reducción de las jornadas “desconocen elementales reglas de la economía y la sociología” (sic).

Los hechos contradicen las argumentaciones de la nota, ya que la productividad aumenta, o se mantiene y se reducen costos relacionados con pedidos de licencias médicas por diversos motivos a la vez que, de un tiempo a esta parte, las tecnologías hacen aportes que tienden a incrementar la productividad de las empresas.

Es en esta línea que desde los gremios y sindicatos afirman que la reducción de la jornada laboral, no sólo optimizaría la producción, sino que además mejoraría la calidad de vida de las y los trabajadores, al generar una mejor distribución del empleo y creando nuevos puestos de trabajo.

Desde estas páginas hemos abordado la problemática a escala regional (https://www.elciudadanoweb.com/america-latina-en-el-desafio-de-trabajar-menos-horas-sin-perder-productividad/)

La propuesta entonces es observar los últimos avances en esta materia, el resultado de experiencias a escala global que aplicaron modelos de prueba y la situación actual del fenómeno en argentina.

El mundo y sus alrededores

La última novedad llega desde Chile: en abril pasado se aprobó la reducción de la jornada laboral pasando de 45 a 40 horas semanales, de manera paulatina, durante los próximos cinco años. La ley, con apoyo de los sindicatos y el sector empresarial, tuvo gran aceptación popular y en el Parlamento: 127 votos fueron a favor y solo 14 en contra. De esta manera, Chile se suma a Ecuador como países vanguardia en establecer jornadas semanales de 40 horas.

“La de Chile es una más de las iniciativas que hay en varios países de la región para cumplir con un objetivo que fue un acuerdo global de estados, sindicatos y empresas hace más de medio siglo. Es una política de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) acordada en el período de entreguerras y posguerras. Se presenta como novedosa para nuestra región porque venimos de tres, cuatro décadas de reformas neoliberales en el mundo del trabajo y de que no se cambien los máximos legales”, explica Juan Manuel Ottaviano, abogado especialista en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Los proyectos y ensayos sobre la reducción de la jornada de trabajo fueron variados y corrieron una suerte disímil, la mayor parte de ellos se ejecutaron en el continente europeo a través de diversas aplicaciones y metodologías: desde reducir la jornada a 32 horas de trabajo o un día, sin modificación de salario, hasta la disminución de tiempo de trabajo acompañada con una reducción mínima de sueldo.

Al caso chileno hay que sumarle Cuba y Venezuela, donde la reducción progresiva de la jornada laboral está en la Constitución y en Ecuador donde se impulsó por acuerdo interministerial (en 1980 y 1997).

“Hay proyectos de ley en Argentina, México, Colombia, Uruguay y Brasil, cada uno con procesos distintos”, dice Ottaviano, investigador del centro de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo (Cetyd), de Unam, y de Fundar.

En ese contexto, la Fundación Friedrich Ebert Stiftung Argentina (Fes Argentina) elaboró la siguiente síntesis:

En 2016, en Suecia, se experimentó, durante un lapso de 18 meses, reducir a seis horas el tiempo de trabajo de una parte del personal a cargo de una casa de cuidados de adultos mayores con el principal objetivo de testear rendimiento, productividad y mejoramiento de las condiciones de vida. Los resultados fueron positivos: reportaron menos licencia por enfermedad, mejores condiciones de salud y mayor productividad.

En 2021 se conoció el informe sobre una prueba realizada en Islandia entre 2015 y 2019 en el sector público, allí se disminuyó la jornada de 40 a 35 horas semanales y los resultados también fueron concluyentes: reducción del estrés laboral y sus consecuencias en la salud, mejoramiento en los indicadores de vida, sostenimiento y/o aumento de la productividad.

En 2022 en el Reino Unido, setenta empresas participaron durante seis meses de un programa piloto reduciendo la jornada laboral de 3300 trabajadores/as a cuatro días con resultados similares: mejoramiento de su calidad de vida y mantenimiento o mejora de la productividad.

Como sea, uno de los interrogantes que se plantea en el debate está relacionado a su aplicabilidad.

¿Es viable que esta reestructuración llegue a todos los sectores o es solo posible en áreas vinculadas a servicios?

Si bien hay una mayor presencia en estas áreas, paulatinamente la reestructuración está alcanzando a sectores donde antes era difícil imaginarla: en efecto, el sector automotriz con Toyota a la cabeza, comercio, bancarios (sobre todo con las pruebas realizadas en España), estudios jurídicos y personal administrativo han tenido avances significativos.

Otro de los aspectos claves y que constituye, de algún modo, un denominador común, es que  la reestructuración de las jornadas de trabajo se está discutiendo en buena parte del mundo, es decir que no tiene que ver meramente con una región, un país o una mirada política partidaria; es un tema que se trata tanto en Microsoft, Toyota, el gobierno inglés, el Congreso chileno como en el Foro de Davos. Quien pretenda presentarlo como un movimiento de carácter populista está abordando el fenómeno desde una perspectiva no sólo estrecha y limitante. Sino conservadora y reaccionaria.

La situación en Argentina

En la Argentina hasta el momento existen tres proyectos distintos que tratan la reducción de la jornada laboral, e iniciativas en esa línea de Nicolás del Caño (PTS-FIT) y Roberto Pianelli, secretario general de Metrodelegados.

Uno de los proyectos es autoría del diputado nacional Hugo Yasky, de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), que plantea una jornada laboral de 40 horas semanales sin reducción salarial.

El argumento es que “la jornada laboral es la misma desde hace un siglo, en ese siglo la productividad se duplicó en la Argentina, pero el salario no. Eso se tradujo en mayor concentración del capital y también, en nuestro caso, en la extracción de la riqueza afuera de la economía argentina impidiendo un verdadero desarrollo. En trabajos con mucha carga mental o intelectual como los que requieren atención o esfuerzo físico, la productividad disminuye con el paso de las horas. Por consiguiente, si reducimos una hora a la jornada laboral, mejorará en promedio la productividad porque se estará quitando la hora menos productiva, la última”.

Sobre el temor del sector empresarial acerca de asumir los costos, el diputado sostuvo: “Los márgenes de ganancia del sector privado han aumentado en los últimos años y los salarios de los trabajadores cayeron sensiblemente en los últimos años. ¿Alguien les consultó a los trabajadores si estaban de acuerdo con perder el 20 por ciento de su salario? ¿Alguien les consultó si sentían “temores” acerca de asumir ellos el costo de la inflación causada por el endeudamiento de nuestro país y la concentración oligopólica?

“Según la experiencia de los lugares en donde se llevó adelante la reducción de la jornada, se logró disminuir los accidentes laborales, el ausentismo y la conflictividad laboral. También disminuyen ciertos costos variables como el gasto energético. Esto demuestra que no es solo una demanda sectorial, sino que conlleva evidentes ventajas para el conjunto de la economía, incluyendo por supuesto a las empresas involucradas. Fomentará la distribución del trabajo existente y la creación de empleo, incrementará la productividad de las empresas, mejorará la calidad de vida, contribuirá a distribuir mejor las tareas de cuidado, disminuirá los accidentes, reducirá los costos empresarios y tendrá un impacto ecológico y sanitario positivo”.

“Es similar a lo que está haciendo Chile, que tuvo una reducción de jornada de 48 horas como nosotros y redujo gradualmente a 45 en la primera etapa y ahora acaban de aprobar las 40 horas. Ha puesto su jornada laboral en línea con la que tiene la mayor parte de los países de Europa”, indicó.

Otro de los proyectos presentados pertenece a Claudia Ormachea, diputada y dirigente de la Asociación Bancaria; en este caso el proyecto propone una reducción a 36 horas de la jornada laboral: “Son muchos los fundamentos que hoy existen para debatir una nueva jornada laboral. Partiendo de que hace 100 años existe la jornada de ocho horas. Entonces, con todos los avances tecnológicos que se desarrollaron, debemos pensar que estos no pueden estar solo a favor de la renta, de la producción, también deben volverse un beneficio para la gente. Pero, además, desde el punto de vista de las empresas, también hay beneficios en la regulación de la jornada, porque las pruebas piloto que se han hecho demuestran que hay más producción, menos ausentismo y menos accidentes. Por lo cual no es una mirada dirigida solo al beneficio de trabajadores y trabajadoras sino una mirada integral donde las empresas también se benefician”.

Y agrega: “La pandemia produjo modificaciones rotundas en el mundo laboral; me atrevo a decir que los trabajadores y trabajadoras descubrieron que había otra vida, una vida que les permitía estar en sus casas con sus hijos, hacer un deporte, capacitarse, retomar carreras pendientes y también entendieron que tenían posibilidades de vivir de otra manera, con otros ritmos, con otros tiempos. Por eso me parece interesante que podamos debatir la jornada laboral vigente”.

El senador Mariano Recalde también presentó un proyecto de modificación de la extensión de la jornada laboral, en este caso, la semana laboral de cuatro días.

“La semana laboral de cuatro días está siendo probada en distintos países del mundo y dando buenos resultados porque se demuestra que promueve la productividad del trabajador y le brinda un mayor equilibrio entre su vida personal y laboral. Reducir la jornada y asegurar más tiempo de descanso y recuperación mejora el rendimiento, aumenta su eficiencia y, por lo tanto, el nivel de productividad, mientras se reduce el ausentismo”.

“El trabajador también es consumidor de los mismos bienes y servicios que él produce, o de los producidos por sus semejantes, de manera tal que al contar con más tiempo para sí mismo demandará más bienes y servicios. Además, los trabajadores podrían aprovechar ese tiempo para adquirir nuevas habilidades o dedicarse a actividades que promuevan su desarrollo personal, lo que, a su vez, podría mejorar su desempeño laboral”.

Y remarca: “Los costos laborales no son el problema ni en este ni en otros debates respecto a los regímenes de empleo. Han sido el caballito de batalla del sector empresarial para resistirse cada vez que se discutió una mejora en las condiciones laborales de las y los trabajadores. Escuchamos los mismos argumentos desde 1929 cuando desde la Unión Industrial Argentina (UIA) advertían sobre los riesgos de regular la jornada de ocho horas”.

“El mundo progresa y está claro que las y los trabajadores deben trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Es necesario que demos el debate y consigamos mejorar las condiciones de vida y de empleo de las mayorías. Debemos preguntarnos en qué mundo queremos vivir. Bajo qué condiciones podemos optimizar los recursos disponibles y multiplicar las oportunidades de crecimiento”.

En este sentido, es preciso recordar que según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el costo salarial cayó un 19 por ciento entre 2016 y 2022. Entre 2019 y 2022 se registró una reducción del salario medio (-4,5 por ciento) en el marco de una expansión de la productividad (+0,8). La población económicamente activa (47,6 por ciento según el último registro de la Encuesta Permanente de Hogares) aumentó, ya que muchas personas que no buscaban trabajo lo están haciendo porque en sus hogares no alcanza el ingreso (jubilados, jóvenes, amas de casa). También crece el pluriempleo porque un salario no es suficiente.

“Pensar en una reducción de horas manteniendo el nivel salarial implica una recomposición indirecta”, dice Yasky.

Y agrega otro dato del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra/CTA): “Entre 2018 y 2021 se produjo una transferencia de 7,7 billones de pesos desde los asalariados hacia el capital, que equivalen al 46 por ciento de la masa salarial y al 19,6 del valor agregado de 2021”.

Pero, “la recomposición no es la única variable en juego. Existen otras variables vitales a tener en cuenta, como las tareas de cuidado y salud mental”, remarca Yasky.

“En Argentina el tema del salario a veces no nos permite discutir otras cosas. Pero en el mundo ya se está empezando a hablar de otra manera. No sostengo la idea de que va a generar más empleo. Podrá generarlo, pero no es la razón central. Viene más por el lado de qué pasa con los jóvenes, la disponibilidad de tiempo, conciliar trabajo y vida personal, la salud, las responsabilidades compartidas, el aumento de la productividad y una indirecta mejora de sueldo”, resumió el exministro de Trabajo Carlos Tomada.

“Es tentador simplificar la discusión sólo incluyendo las variables de productividad e ingresos; lo necesario es complejizarlo. Arrastra otros debates e impacta sobre todas las condiciones de vida”, agrega Ottaviano.

Pensar y repensar los tiempos y condiciones se vuelve necesario en un contexto laboral que se caracteriza por la volatilidad y los cambios, donde las tecnologías tienen implicancia no solo en los modos de trabajar, sino que impactan en términos de aceleración y crecimiento de la productividad, y donde la pandemia impulsó los procesos de tecnificación que permitieron la remoticidad aplicada al trabajo, abriendo el panorama para nuevas formas de relación entre los trabajadores, las trabajadoras y el mundo del trabajo.

Bajo esta nueva realidad no suena nada incongruente, muy por el contrario, abre caminos para debatir una ley que tiene más de 100 años de vigencia. No hacerlo podría traer consecuencias negativas en un contexto por demás de complejo y por momentos hostil.