Salida al mar de Bolivia: fallo desestabilizador de La Haya
Para comprender esta cuestión es importante entender que si se llegó a esta instancia, al menos desde el punto de vista de Bolivia, fue por la imposibilidad de establecer un diálogo directo para la obtención de una salida soberana al Pacífico

Nerea Álvarez / Especial para El Ciudadano

Hace dos semanas se dio a conocer la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, sobre la demanda de Bolivia a Chile vinculada a la negociación por la salida al mar de la primera. Para comprender esta cuestión es importante entender que si se llegó a esta instancia, al menos desde el punto de vista de Bolivia, fue por la imposibilidad de establecer un diálogo directo para la obtención de una salida soberana al Pacífico. Por este motivo, dicho país, el 24 de abril de 2013 presentó ante la CIJ una demanda para exigirle a Chile la negociación de una salida soberana al mar. Cabe notar a este respecto, que la cuestión marítima en Bolivia tiene una impronta cultural muy fuerte, y trasciende los gobiernos, no así las estrategias seguidas, que fueron variables. Asimismo, para lograr una mejor comprensión del tema, es clave el repaso de algunos hechos ocurridos entre ambos países a partir de la Guerra del Pacífico (1879-1883), donde Bolivia perdió 400 km de costa, 120 mil km2 de territorio y su salida soberana al Pacífico.

El conflicto de la sal

El territorio soberano de Bolivia en el Siglo XIX se extendía hacia el occidente hasta llegar al mar. En la costa, compartía su frontera norte con Perú y la frontera del sur con Chile. En ese contexto, Chile ya contaba con una economía fuerte en exportación de salitre, que extraían de las salitreras del norte (extendidas por el desierto de Atacama y el sur del territorio peruano). El gobierno de Bolivia decidió imponer un gravamen de 10 centavos por quintal de salitre exportado a un contrato privado de transacción. En consecuencia, Chile decidió invadir su territorio con el argumento de que Bolivia violaba un tratado comercial firmado en 1874, que establecía que los bolivianos no incrementarían los impuestos sobre el salitre por 25 años (hasta 1899). Por consiguiente, se desató el conflicto entre ambos países, que también involucró a otro actor, Perú, como aliado de Bolivia. A partir de entonces, Chile en carácter de ganador de este conflicto, trasladó su frontera hacia el norte y dejó a Bolivia sin 120 mil km2 de territorio y 400 km de costa, según documentos históricos. Esto se plasmó en el Tratado de 1904 donde se encuentra la actual delimitación territorial.

No obstante, a Bolivia se le otorgó a perpetuidad un amplio y libre derecho de tránsito comercial por territorio chileno y por los puertos del Pacífico. Por eso, el gobierno de Chile rechaza la idea de que su postura esté afectando el desarrollo económico del país vecino. En este sentido, Bolivia reclama un corredor de unos 10 km de ancho que se extienda desde su frontera con Chile al Pacífico, más un pedazo de costa para desarrollar la actividad industrial y comercial bajo su bandera.

Rechazo de la Corte

Ahora bien, ¿cómo accede Bolivia al mar actualmente? Accede a partir de los puertos chilenos del norte, por donde operan cada año miles de empresas bolivianas. Cabe aclarar que el Tratado de 1904, permite a Bolivia contar con sus propias autoridades aduaneras en los puertos de Arica y Antofagasta. He aquí uno de los desencuentros entre ambos países, ya que, por un lado, Chile asegura que el puerto de Arica esté a disposición de Bolivia y, por otro lado, este país asegura que Chile ha violado en diversas ocasiones el Tratado de 1904 y que no garantiza el libre derecho de tránsito comercial para los bolivianos. Con lo cual, el propio presidente Evo Morales decidió llevar el caso a la CIJ buscando apoyo de ex presidentes en su posición. Bolivia reclamó la obligación de Chile de sentarse a negociar la salida marítima basada en que lo hizo en el pasado en diversas oportunidades y esto ha sentado un precedente.  Ante la presentación boliviana a la CIJ, el gobierno de Chile objetó desde un primer momento esta demanda, sosteniendo que la Corte no tenía competencia porque no había asuntos pendientes entre ambos países. La Corte rechazó esta excepción preliminar y siguió adelante. Sin embargo, por 12 votos contra 3 la CIJ resolvió que Chile no tiene la obligación de negociar un acceso soberano al océano Pacífico para Bolivia. Es decir, que la Corte desestimó todos los argumentos de la defensa boliviana, sosteniendo que ningún acto bilateral o unilateral, ni la documentación presentada, habían podido comprobar que Chile durante el siglo XX había generado una obligación legal de negociar una salida soberana. Por lo tanto, a raíz de la lectura del fallo, el tratamiento de la cuestión en términos jurídicos habría llegado a un nuevo fin, restando la cuestión netamente política. Esto no quita que Bolivia pueda repensar otro recurso para sentar a Chile a la mesa de negociación que sigue siendo su principal interés.

Perú, al medio y a la derecha

Llegados a este punto, cabe aclarar que, independientemente del resultado de este fallo, nunca se puso en tela de juicio un eventual resultado de la negociación, positivo o negativo, por la salida al mar de Bolivia, siendo que está vigente un acuerdo internacional entre ambos Estados que limita dicho derecho. Evidentemente este fue un fallo con importantes implicancias políticas a nivel nacional como internacional de los países implicados, y es importante analizar cómo podría abrirse un nuevo capítulo en la relación bilateral entre ambos, relación que se encuentra estancada desde la década del 70. Asimismo, en un futuro sería interesante ver la participación de Perú en una posible mesa de diálogo. En tal sentido, cabe referir que la alianza de Perú y de Chile en la Alianza del Pacífico, así como la relativa afinidad ideológica entre gobiernos, dificulta la participación peruana. Finalmente, diversos actores políticos bolivianos se han referido al fallo como uno de los legados “negativos” de Morales, con posibles consecuencias en el próximo proceso electoral.

Estudiante de Relaciones Internacionales, miembro del Observatorio de Política Exterior Argentina, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales (UNR)

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