El 21 de junio quedará abierta la inscripción al concurso mediante el cual la provincia cubrirá 220 cargos de fiscales y defensores que se desempeñarán en los nuevos organismos del sistema penal. Lo anunció ayer el ministro de Justicia provincial, Héctor Superti. El llamado a concurso se enmarca en la reforma del Código Procesal Penal de Santa Fe y los funcionarios seleccionados ocuparán cargos en los órganos creados recientemente: el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público de la Defensa Penal.
Superti explicó que a partir del martes 21 se llamará a concurso para cubrir 220 cargos de fiscales y fiscales adjuntos y defensores y defensores adjuntos.
“La transformación que estamos llevando adelante en la provincia es profunda e histórica porque apunta a evitar la concentración del poder punitivo”, argumentó el funcionario, antes de disertar en el panel sobre “Novedades y reformas legales procesales penales” realizado en el marco del 26º Congreso Nacional de Derecho Procesal que se desarrolló en capital provincial.
“A lo largo de los años, estos congresos se expidieron sistemáticamente sobre la necesidad de la transformación que ahora estamos llevando adelante en la provincia”, señaló Superti.
“En este momento existe una tendencia general a encarar reformas, pero hay que tener cuidado de que no se trate de falsas reformas, es decir, que tengan apariencia de transformación pero en realidad no cambien nada”.
Para el ministro, “el meollo de la cuestión es crear un sistema penal donde el poder punitivo esté desconcentrado: que el que acusa no tenga nada que ver con quien juzga ni con el que defiende. Esto es muy importante para la independencia de los poderes, porque cuando un poder está concentrado tiene mucho que ofrecerle al otro; en cambio, cuando está desconcentrado no puede ofrecer ni impunidad ni persecución indebida. Este tipo de reforma es la que estamos llevando adelante en Santa Fe”.
Así, el funcionario defendió el proceso de reforma penal iniciado al final de la gestión de Jorge Obeid y continuado bajo el gobierno de Hermes Binner. Uno de los puntos centrales del nuevo Código Procesal Penal es que separa la etapa de investigación del juicio, antes bajo la misma órbita. A partir de la reforma, la investigación y persecución penal quedará en manos de los fiscales –que serán autónomos– y el juez recién intervendrá una vez que se cierre esa etapa y la causa se eleve a juicio oral.
Dos zonas, cuatro concursos
“Habrá cuatro grandes concursos para elegir a los miembros del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio de Defensa Penal: dos en el norte y dos en el sur”, continuó Superti. “Y firmaremos un convenio con la facultad de Ciencias Económicas de la UNL para que nos dé el soporte administrativo, porque calculamos que se van a presentar más de 1.500 personas. Es un paso muy importante para que en septiembre tengamos la cantidad de fiscales y defensores para cubrir todo el territorio de la provincia”.
Los cargos necesarios ya están creados y cuentan con sus respectivas partidas presupuestarias. “Esperamos que la Legislatura apruebe los 800 cargos de soporte para estos fiscales y defensores, para los cuales también tenemos presupuesto. Los propios legisladores oportunamente solicitaron que esos cargos fueran pedidos por leyes especiales y así lo hicimos, ahora esperamos una rápida aprobación”, reclamó el ministro de Justicia.
“Para implementar el nuevo sistema de enjuiciamientos en forma plena en el menor tiempo posible son muchas las instituciones que están trabajando: el Ejecutivo, la Legislatura, la Corte Suprema, que después de algunas demoras ha llamado a concurso para cubrir los cargos de directores de la oficina de gestión judicial de los colegios de jueces de cámaras; y el fiscal general y el defensor provincial, que están organizando las nuevas instituciones”, agregó Superti.
Por último, el ministro sostuvo que “Santa Fe tendrá una Justicia vieja, la que hoy conocemos y a la que se le han incorporado nuevos institutos por la ley de implementación progresiva por materia, como por ejemplo el juicio oral para algunos delitos y la participación de la víctima en el proceso a través de la querella; y la Justicia nueva, la que yo refería al principio, donde el poder punitivo está claramente distribuido entre fiscales y jueces”.
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