A raíz de las diferencias interpretativas que se originaron en la provincia en torno de la normativa sobre grandes superficies comerciales y en medio de la polémica que se desató por la habilitación de un supermercado en la zona norte de Rosario, ayer sesionó por primera vez una nueva comisión consultiva de análisis de la ley 12.069. La reunión fue presidida por el ministro de Producción, Juan José Bertero, y en el flamante comité están representados también los municipios, las entidades que nuclean a los comercios minoristas y los sindicatos del sector.
La función principal de la comisión es despejar dudas y conciliar posiciones con respecto a la lectura que se hace de la ley en el territorio provincial, ya que se habían registrado desavenencias a la hora de la aplicación, especialmente en las localidades santafesinas con menos habitantes. Estas diferencias habían llevado a Bertero a dictar el 19 de este mes una resolución que suspendió por noventa días la tramitación de certificados de factibilidad, uno de los procesos necesarios para la posterior habilitación de una superficie comercial.
En este sentido, a pesar de que la semana pasada repercutió en los medios y entre los propios funcionarios municipales el fuerte rechazo que opuso el Centro Unión Almaceneros en conjunto con algunos concejales justicialistas a la apertura de un supermercado en Alberdi, desde la Cámara de Supermercados de Rosario aclararon que los casos particulares van a tocarse sólo cuando sirvan de ejemplificación y sean útiles para el análisis de la norma. “En este espacio podemos tomar la casuística para formar criterios generales, pero no apuntamos a elaborar interpretaciones formales ni mucho menos decisivas sobre las habilitaciones, que son facultad de la municipalidad”, aclararon los supermercadistas.
Asimismo, el ministro agregó que la conformación de la comisión no es el único punto de trabajo que piensan desarrollar: “En el mes de diciembre también planteamos la necesidad de firmar un acuerdo intercámaras para emprender la tarea de dotar a la provincia de un verdadero programa de promoción y fortalecimiento del comercio minorista”, aseguró Bertero. Con ese objetivo, otro de los puntos que quedó asentado en la sesión fue la promesa del ministro de presentar en lo inmediato una batería de medidas y propuestas para darle mayor participación al sector comercial e incluirlo en el proyecto político que fortalece las cadenas de valor de la provincia.
“Es un eslabón que no está presente”, admitió.
De cara al futuro, fuentes de la Cámara de Supermercados informaron que la semana que viene la comisión se reunirá con un equipo de asesores jurídicos para “evaluar puntualmente cuáles son los artículos de la ley que tienen alguna dificultad de interpretación, para lograr un articulado más claro que deje menos margen a la subjetividad”.
Del encuentro también participó un representante gremial, empresarial y de los municipios de las ciudades cabeceras de las cinco regiones que integran el territorio provincial: Venado Tuerto, Rafaela, Reconquista, Rosario y Santa Fe.
Lo que dicta la ley
En líneas generales, la ley provincial 12.069, sancionada en enero de 2003, marca pautas regulatorias para la instalación de grandes superficies comerciales. La norma limita la apertura de nuevos supermercados e hipermercados por encima de los 1.200 metros cuadrados en localidades con más de 300.000 habitantes y contempla también las formas requeridas para los casos de ampliación, modificación, transferencias, traslados, cambios de rubros y funcionamiento de las grandes superficies comerciales, cualquiera sea su denominación.
Pero la regulación no sólo establece las condiciones teniendo en cuenta la superficie comercial, sino también la cantidad de sucursales funcionando bajo una sola razón social o pertenecientes a un mismo grupo de empresas y su volumen de venta.
Según lo indica la norma, los establecimientos mencionados estarán habilitados a cubrir una superficie máxima en metros cuadrados para la exposición y venta que resultará de dividir la cantidad total de habitantes del municipio o comuna dispuesto por el último censo y el coeficiente 8. Ninguna cadena o firma puede superar el 30 por ciento de la totalidad de la superficie máxima en un mismo municipio o controlar más del 30 por ciento del mercado en un rubro determinado.
Por otra parte, si bien las prehabilitaciones comerciales y las definitivas son otorgadas por las municipalidades y comunas, la ley establece como requisito para las empresas lograr un certificado de factibilidad que otorga el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de la provincia. La ley 12.069 determina también que se podrán radicar por razón social o grupos económicos un local en poblaciones de hasta 150.000 habitantes y dos en poblaciones de más de 150.000 habitantes.
Finalmente, sobre la resolución que suspende por noventa días la tramitación de certificados de factibilidad, Bertero manifestó que en algunos municipios están ordenando esta interrupción a causa de las dudas surgidas en la aplicación de la ley. De todas formas, aclaró que “si alguien ve afectados sus intereses por la medida, posee un plazo de diez días para presentar una declaración donde ponga de manifiesto su desacuerdo y se revisará la situación”.
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