Tras tres años de aprobado, el nuevo Código Procesal Penal, que se está aplicando en el marco de una ley de transición entre ambos sistemas, la Cámara de Diputados se apresta a tratar un mensaje del gobierno provincial que propuso una serie de modificaciones a dicha norma. Desde la Cámara baja sostuvieron que esta medida busca propiciar la mayor cantidad posible de postulantes en los concursos por cargos directivos del Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de Defensa Penal, cuya convocatoria el gobierno provincial acaba de lanzar. También intentaría ajustar la ley de transición a las modificaciones que se introdujeron el año pasado en la Legislatura. Este pedido, que el Ejecutivo había enviado en febrero de 2009 junto con otras cuatro leyes fundamentales para la plena vigencia del sistema, posee tres ejes fundamentales: Estabilidad, Acuerdos y Secretarios del Fuero Penal.
Con respecto al primero, se establece excepcionalmente un incentivo para posibilitar la más amplia participación de actuales operadores del sistema de justicia penal en los concursos para cubrir los cargos directivos del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de Defensa Penal. En total serían doce cargos, cuya convocatoria se lanzó a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe. De aprobarse en Senadores el proyecto de ley enviado, y por única vez, quienes sean designados por el Poder Ejecutivo previo concurso público de oposición y antecedentes y aprobación de su pliego por la Legislatura como Fiscal General, Fiscal Regional, Defensor Provincial o Defensor Regional puedan permanecer en el Ministerio Público de la Acusación o en el Servicio Público Provincial de Defensa Penal como fiscales o defensores públicos tras la finalización del plazo de duración en el cargo. Según reza el comunicado, todos estos cargos son de plazo fijo.
“Esta era la propuesta normativa de los mensajes originales de ley de Ministerio Público de la Acusación y Servicio Público Provincial de la Defensa Penal para todos los funcionarios que ocuparan cargos en los Órganos de Dirección, y que no fue aceptada por la Legislatura. De allí el cambio que ahora se propone, aunque acotado a miembros del Poder Judicial”, explicaron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Con respecto a los acuerdos, la ley N° 13.013 de Ministerio Público de la Acusación y la ley N° 13.014 de Defensa Penal establecen la exigencia de contar con acuerdo legislativo para acceder a los cargos de fiscal, fiscal adjunto, defensor público y defensor público adjunto. “Como este requisito no estaba contemplado en los proyectos originales elevados por el Poder Ejecutivo, ahora es necesario adecuar la ley de transición en lo que refiere al traspaso de funcionarios del viejo al nuevo sistema de enjuiciamiento penal”, especifica el comunicado.
La última modificación apunta a los secretarios del fuero penal, que podrán convertir su cargo en el de fiscales o defensores adjuntos cuando opten por pasar al nuevo sistema.
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