El Enargas tiene lista para salir a la luz una resolución para poner en marcha un ambicioso plan de control de las instalaciones de gas en los domicilios mediante inspectores que controlarán que no existan “anormalidades” en las conexiones y artefactos que usen ese combustible. Esta iniciativa, que iba ser llevada adelante en un principio sólo en Capital Federal, se terminó expandiendo también para el interior y no viene exenta de polémica. Frente a esto, distintas organizaciones que defienden los derechos de los consumidores –entre ellas el Centro de Estudios Sociales y Acción Comunitaria (Cesyac)– participaron ayer de una reunión con autoridades del ente en Buenos Aires. Allí se les propuso que acompañen la medida, pero éstas se negaron de manera tajante porque lo que se plantea es que en caso de encontrarse algún “inconveniente” se procedería a la desconexión del servicio hasta que este se solucione. Las asociaciones no ven con malos ojos los controles pero piden que no se corte el suministro sino que se dé un plazo para solucionar el problema. Desde la gerencia de Litoral Gas dijeron que es un proyecto que viene madurando, comentaron que no fueron informados del inicio del mismo y que lo ven como algo “sensible” para la población.
A la salida del encuentro en la sede del Enargas, el presidente del Cesyac, Juan Marcos Aviano, contó que la resolución “que en un primer momento iba a tener sólo vigencia en Capital Federal, ahora se extendería a las ciudades del interior que cuentan con el servicio de red”.
“Lo que quieren llevar adelante desde el punto de vista de la seguridad no es malo. Estamos hablando de un control domiciliario de las instalaciones de gas de todos los domicilios conectados a la red. A lo que nosotros nos oponemos, junto a las otras organizaciones de defensa del consumidor, es que se corte el servicio. Lo que decimos es que, en todo caso, se informe de la anormalidad y se dé un plazo determinado para que el cliente pueda solucionarlo. Luego iría una inspección por segunda vez para corroborar que esto se haya cumplido”, agregó.
Otra de las cuestiones que preocupan a los organismos que defienden derechos de consumidores es la aparición de actores que se beneficien con la especulación financiera. “Lo que es muy probable que pueda ocurrir, es la aparición de cuestiones financieras que pueden ser perjudiciales. Lo que quiero decir es que es probable que a alguien le encuentren, por ejemplo, el calefactor con problemas y lo obliguen a cambiarlo. Esto tampoco está mal y nosotros siempre remarcamos sobre la necesidad de controlar estos artefactos que no suelen tener una vida útil que vaya más allá de los diez años. El tema es que aparezcan financieras ofreciendo planes que terminen perjudicando a aquellos que no tengan los medios para comprar el calefactor y tengan que recurrir a dinero prestado para poder hacerlo”, explicó.
“Las asociaciones que defendemos a los consumidores fuimos convocadas a Capital Federal y mantuvimos la reunión con autoridades del Enargas. Allí nos notificaron la resolución y nos pidieron que la acompañemos como veedores del plan. Allí nosotros fuimos claros y dijimos que no lo íbamos a acompañar porque no se puede dejar a una familia sin gas sino que hay que marcarle el inconveniente y darle un plazo para que lo solucione”, concluyó.
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