Por Cosecha Roja
Florencia Magalí Morales iba en bici a hacer unas compras cuando la detuvieron: en la ciudad de Santa Rosa de Conlara, San Luis, durante la cuarentena pusieron un día para que salgan quienes tuvieran DNI terminado en número impar. Cuando la frenó la policía no tenía el documento. Se la llevaron detenida y esa misma noche llamaron a su familia: les dijeron que se había colgado con el cordón de su buzo. Era el domingo 5 de abril.
“En la autopsia pusieron que tenía un mojado en el pantalón, pero no analizaron si había semen en los genitales. Tampoco le hicieron radiografía en la cabeza ni le hicieron biopsia en el cuello, algo clave para saber si antes de la asfixia había otro causal de muerte”, dijo a Cosecha Roja Santiago Calderón, abogado de la familia junto a Federico Putelli.
Pasaron dos meses y no hay avances: se suspendió todo el proceso y la carátula sigue titulada como “Averiguación muerte”. A los cuatro policías que estaban de guardia los pasaron a disponibilidad. Pero según el testimonio de uno de ellos esa noche eran unos diez agentes, que no figuran en el libro de actas donde sí anotaron que se había “suicidado”.
El cuerpo de Magalí fue enterrado al otro día de su muerte.
“Si queremos una nueva autopsia se tiene que encargar de pagarla la familia. El juez aprobó que se haga pero deberán tener a su cargo los costos de exhumación, apertura del cajón y traslado. Por lo que estuvimos averiguando sale de 100 mil pesos para arriba.
De todas maneras estamos insistiendo para que no sea de esa manera, porque el traslado del cadáver forma parte de la custodia de la prueba”, dijo Calderón.
Pedirle a una familia humilde que se haga cargo de los gastos es atarle las manos. Pero además, si se ocupara de llevar el cuerpo hasta una morgue, en el juicio podrían anular la prueba por no haberlo hecho desde Policía Científica.
Lo que tampoco avanzó fue la indagatoria a dos detenidos que estaban en la comisaría, también por infracción a la cuarentena, que escucharon gritos y golpes desde la celda donde estaba Magalí. Esos testigos fueron trasladados y no hay orden para que declaren.
“Después de llevarla detenida, por el protocolo del Covid-19, le hicieron una revisación médica en el hospital. Según ese informe estaba bien, lo que no coincide con las escoriaciones y los golpes que tenía después en el brazo y la muñeca izquierda, además de las marcas en las rodillas”, dijo el abogado.
La familia asegura que no fue un suicidio. Su querella espera que el juez Jorge Pinto pida nuevas medidas para que la investigación tenga otra carátula. Muerte dudosa, al menos.
Magalí tenía 39 años. “Ya vuelvo”, dijo el 5 de abril, cuando salió a hacer las compras. Había dejado a sus dos hijxs y su nieta a cargo de su pareja.
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