Mientras el juez Juan Andrés Donnola –que subroga la vacancia existente en el juzgado de Instrucción de la decimotercera nominación– resolvió darles 48 horas a las autoridades oficiales y a los vecinos del barrio Vía Honda que desde el lunes cortaban 27 de Febrero y Alvear para que arribaran a un acuerdo, el intendente Miguel Lifschitz aseguró que no se tolerará ese tipo de protestas cuando se mantengan en el tiempo, adelantó que se judicializarán y explicó que “siempre hay un trasfondo político en los cortes” de calle.
Conocida la propuesta de Donnola los vecinos del barrio Vía Honda levantaron la interrupción del tránsito frente a la sede local del Ministerio de Desarrollo Social provincial en reclamo de ayuda social, como chapas, copas de leche y comedores pero lo trasladaron a la Municipalidad. La manifestación se inició el lunes y se enmarca en los típicos reclamos de fin de año de los sectores sociales más desfavorecidos. Aunque, en este caso, el lunes provocaron el incendio de la fachada y la puerta de acceso de la cartera social.
Según aseguró Claudia Báez, una de las voceras del grupo piquetero, “levantamos el corte allá (por 27 de Febrero) pero lo seguimos en la Municipalidad”, afirmando que se tomó esa decisión “porque había mucha mugre y hollín y eso le hace mucho mal a los que estamos, a los chicos y también a los vecinos”.
Báez dijo que la idea fue “no hacer más daño que lo que hicimos por no haber atendido nuestro reclamo”, y aseguró que le dieron 48 horas al Ministerio de Desarrollo Social para generar una mesa de diálogo.
Finalmente, advirtió que si eso no ocurre “volveremos con el corte de calle pero sin hacer incendio ni nada”.
En su resolución de ayer, y luego de la presentación judicial efectuada por el municipio y la provincia, el juez Donnola señala en primer lugar que no tiene competencia para intervenir en el corte de calle, habida cuenta de que se trata de un delito correccional que habría que derivar al juzgado en turno de esa instancia. Sí acepta, en cambio, investigar los pormenores del incendio ocurrido el lunes para dilucidar las responsabilidades penales.
Sin embargo, en el segundo punto de su resolución invita a las partes a buscar una salida y terminar con el corte del bulevar, que provoca el agobio y la ira de los vecinos. Para dicho fin establece un plazo máximo de diez días, siempre y cuando las partes se comprometan a hacerlo en un plazo menor: 48 horas. Además Donnola, para el caso de que las partes no sepan a quién recurrir, sugiere que utilicen algunas de las instancias de mediación más conocidas, como el Centro de Mediación de la Corte Suprema de Justicia provincial, el de la Defensoría del Pueblo o el Centro de Asistencia Jurídica dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia.
Los fundamentos de la resolución explican que el desalojo por la fuerza puede vulnerar otros derechos de los manifestantes que ejercen el suyo a peticionar antes las autoridades, y aboga por una salida consensuada del conflicto social entre los vecinos y las autoridades oficiales.
“Abuso del derecho”
Por su parte, más enojado, el intendente Lifschitz dijo ayer en declaraciones a Radio Dos que la Municipalidad recurrirá a los Tribunales “cuando se entre en un punto sin salida para pedir la apertura de calles y la desocupación de espacios públicos”.
“Se nota un abuso de un derecho a la protesta que es legítimo, sobre todo cuando hay necesidades básicas insatisfechas, pero tiene un límite. No se puede usar de manera sostenida y violenta”, fijó posición el intendente.
Lifschitz consideró que en el caso del corte de 27 de Febrero y Alvear “se traspasó el límite y que se trata de un reclamo al gobierno nacional que no depende ni del gobernador de la provincia ni del intendente”.
Por último, y consultado sobre el particular, el intendente dijo que “siempre hay algún trasfondo político (en estas acciones). Los dirigentes de las organizaciones más duras tienen una pertenencia política”, explicó.
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