YPF terminaría siendo la única beneficiada con la subvención de tres dólares por barril a las empresas que mantengan la misma producción que en 2014. La decisión, que será reglamentada en los próximos días por el gobierno nacional, vuelve a elevar el precio local del crudo de mayor calidad a 80 dólares. Esta mejora no será trasladada a los consumidores, porque será absorbida por el Tesoro nacional.
En diciembre del 2014, ante la caída de la cotización internacional, el gobierno nacional acordó con las petroleras una rebaja del valor interno del petróleo liviano desde 84 dólares hasta 77 dólares, lo que posibilitó la rebaja del 5 por ciento en los combustibles al público.
Ahora, el precio que efectivamente percibirán las empresas que sostengan la producción vuelve a subir, aun cuando el mercado internacional sigue esperando nuevos pisos para el crudo en las próximas semanas.
Las estadísticas muestran que a noviembre del año pasado, sólo YPF y Pan American Energy (PAE) registraron un aumento en la extracción de petróleo tanto en ese mes como en doce meses anteriores. Según el Instituto de la Energía General Mosconi, si se compara la producción acumulada entre diciembre de 2013 y noviembre de 2014 contra igual período anterior, YPF –con el 40 por ciento de participación en el mercado– tuvo un aumento del 8,8 por ciento. Esto incluyó la extracción que sumó con la compra de un área a Petrobras. En el mismo período, PAE mostró una suba del 2,3 por ciento, con el 18 por ciento de participación.
Las compañías que representan el 42 por ciento restante de la extracción tuvieron caídas entre los mismos períodos de doce meses, que van desde el 4 por ciento en Pluspetrol, el 13 por ciento en Sinopec, el 20 por ciento en Chevron y el 30,2 por ciento en Petrobras, con aceleración de las disminuciones. Resulta difícil pensar que esa tendencia va a revertirse ahora cuando el contexto internacional es desfavorable y las petroleras internacionales están recortando inversiones en todo el mundo.
En el escenario actual, hay situaciones distintas en el país. Las compañías extranjeras con concesiones en Vaca Muerta retrasarían las inversiones porque en el mundo los desembolsos en formaciones de esquisto están en franca declinación y acá, además, se encuentran todavía en etapa exploratoria.
YPF puede mantener e incluso aumentar la producción actual, porque todo lo que produce lo destina al mercado interno, incluso lo extraído en Vaca Muerta, y tiene garantizado el precio de 80 dólares. Falta ver si ese valor, que es único en el mundo, es suficiente para que se produzca el ingreso de la malasia Petronas y si en marzo hay un nuevo desembolso de Chevron para el área Loma Campana en Vaca Muerta, que comparte con la petrolera que preside Miguel Galuccio. Adicionalmente, la Argentina se encuentra ante un cambio de gobierno que puede llevar a los inversores a preguntarse si se mantendrá en el tiempo la misma política de precios mucho más altos que los internacionales.
PAE produce un petróleo de tipo pesado del cual cerca del 40 por ciento lo destina a la exportación. En situación parecida se encuentra la china Sinopec. En estos casos, una subvención de tres dólares para mantener la producción y de dos dólares adicionales para exportar el mismo volumen que en 2014, junto con retenciones que bajaron del 12 por ciento al uno por ciento, cubre sólo una modesta parte de la caída de más de 45 dólares que tuvieron los precios de venta en el mercado internacional.
De esta forma, un riesgo es que las exportaciones de petróleo continúen en caída, debido a que en los once primeros meses de 2014 ya se redujeron el 9 por ciento, y las de todos los energéticos disminuyeron el 17 por ciento, según el Indec. El otro peligro es que el ahorro que genere la importación de gas y combustibles no llegue a compensar una nueva caída de las exportaciones y las subvenciones que se comprometieron y las que se sumarán a medida que las dificultades se acrecienten.
Por otra parte, la política que se instrumenta no permite pensar en nuevas rebajas de los combustibles, con lo cual el público queda como el que más aporta en las decisiones tomadas, mientras las empresas avanzarán sobre las condiciones de trabajo, en algunos casos muy privilegiadas, de los petroleros, sin que pueda asegurarse que la crisis no terminará afectando el nivel de empleo.
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