Más de 40 intendentes de todo el país llevaron este jueves al Congreso el reclamo por la decisión del gobierno nacional de eliminar los fondos del subsidio al transporte público.
Los intendentes -de Rosario, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Paraná, Salta, Río Cuarto y Corrientes, entre otras ciudades- impulsan un reclamo judicial por el incumplimiento del pacto fiscal aprobado por ley, al tiempo que proponen cambiar la coparticipación del impuesto a los combustibles.
“Todos pagamos un impuesto para que el AMBA (Área Metropolitana Buenos Aires) tenga el boleto más barato. Nosotros no estamos generando un gasto, el Estado nacional recauda un tributo y se lo quedan allá”, dijo el intendente de Rosario, Pablo Javkin.
El mandatario advirtió que el pasaje de colectivos no puede costar “menos de 1.000 pesos” si se elimina el Fondo Compensador al transporte público, y advirtió que es una quita “selectiva” que generará “mayor distorsión” entre lo que se paga en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) y el interior del país.
“Somos más de 45 ciudades que prestamos servicio de transporte en el interior del país en donde los boletos ya oscilan entre los 500 y los 300 pesos, o sea que estábamos hablando de no menos que duplicar o triplicar esa tarifa lo cual haría imposible el funcionamiento del servicio”, dijo Javkin.
Consideró que con la quita de subsidios al transporte, “se configuraría un absurdo, porque si se aplica como se comunicó, el Gobierno Nacional debería aportar el subsidio de la (tarjeta) Sube, con lo que también aumentaría el aporte pero de forma indirecta”.
“Es una medida que tampoco tiene lógica desde el punto de vista del cuidado de los recursos”, afirmó a la prensa.
Javkin explicó que “se generaría una mayor distorsión entre AMBA y el interior, por lo cual un obrero, una enfermera o un maestro del interior pagaría un monto el boleto de colectivo y, en el AMBA se pagaría menos de un tercio”.
“Si se corta el aporte nacional, el problema será de sostenimiento del sistema en general”, sentenció.
Advirtió que “no habría manera de seguir prestando el servicio bajo ninguna modalidad, excepto elevando las tarifas a montos que implicarían la caída de usuarios con una injusticia aún mayor porque quienes tienen atributos sociales de la Sube pagaron la mitad, pero los trabajadores excluidos de la medida de la sube pagarían la tarifa completa lo que afecta la productividad”.
“Uno ha leído que esto se enmarcaría en una suerte de medida de represalia contra las provincias, pero en definitiva, esta no es una represalia contra los que gobernamos sino que es contra quienes son usuarios del sistema de transporte”, afirmó.
“Eso es lo que le hemos trasladado al ministro del Interior de la Nación, agregando que esa medida solo se toma para el interior del país, es una quita de subsidios selectiva a quienes no vivimos en el AMBA”, remarcó.
“Un sistema de subsidio a la demanda debería partir de la base de que un ciudadano argentino que vive en La Matanza es igual a uno que vive en Rosario, Córdoba o Corrientes”, finalizó.
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