Ocho inmuebles incautados al sindicado narco y ex ladrón de autos Esteban Alvarado, sometido a juicio en Rosario como acusado de ser el jefe de una asociación ilícita acusada de múltiples delitos, serán subastados este viernes en la ciudad de Santa Fe por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad), informaron este miércoles fuentes judiciales.
Alvarado, que es sindicado como jefe de una organización narcocriminal, es juzgado en Rosario por “dos casos de homicidios, atentados contra edificios judiciales, atentado contra una empleada del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y cinco causas de lavado de activos”, según detallaron los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra.
Las bases para la subasta de los inmuebles, que se llevará a cabo este viernes desde las 14 en el Centro Cultural Francisco Urondo de la capital provincial, suman cerca de 150 millones de pesos.
Voceros de la Aprad indicaron que ya se habían anotado alrededor de 100 interesados, contando personas físicas y empresas.
El inmueble de mayor valor es la casa familiar de Alvarado, situada en el barrio privado San Marino, que tiene una superficie de 572 metros cuadrados y será subastado con una base de 60.328.800 pesos.
También se destaca una propiedad ubicada en Condominios del Alto II, cercano a la costanera central de Rosario, que consta de un departamento valuado en 27.552.700 pesos y dos cocheras, de 2.777.600 y 4.238.500 pesos.
También se rematarán una casa en la ciudad de Funes, con base en 25 millones de pesos y un campo de 10 hectáreas en Coronel Bogado, que figuraba a nombre de Claudio Tavella, uno de los abogados defensores de Alvarado, con base de 14.823.000 pesos.
El titular de la Aprad, Juan Facundo Bessón, aclaró ante una consulta de la prensa que “los bienes decomisados que serán subastados provienen de causas de delitos ordinarios en los que interviene el Ministerio Público de la Acusación, con el previo pronunciamiento de un juez”.
Según Bessón, los bienes “provienen del delito y de la persecución que desarrolla el MPA”, en una “tarea que se hace en forma conjunta entre el Poder Ejecutivo, volcando ese dineros a destinos públicos, y el MPA”.
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