Una pareja de policías se sumó a los 18 uniformados imputados por participar en la ejecución de David Campos, de 28 años, y Emanuel Medina, de 32, en Callao al 5700, en 2017. Para el fiscal Adrián Spelta y las abogadas querellantes, se encontraron elementos suficientes para sindicar a la mujer policía y su colega como quienes estuvieron presentes en la segunda secuencia de disparos, donde se produjo la ejecución de David y Ema. La acusación también los sindicó como quienes manipularon la escena para inculpar a las víctimas. Los uniformados hablaron en la audiencia y remarcaron su inocencia. De la veintena de policías implicados, sólo los dos autores materiales quedaron en prisión preventiva. La última audiencia antes del juicio oral se realizará en el plazo de diez días, adelantaron fuentes cercanas a la causa.
En la noche del jueves 22 de junio del año pasado, Emanuel y David salieron, fueron a un boliche y después se quedaron dando vueltas. Eran las 11 de la mañana del viernes y Emanuel manejaba el Volkswagen Up de David cuando móviles policiales los empezaron a perseguir, en la zona de Grandoli y Lamadrid. La persecución se extendió hasta Callao al 5700: Emanuel chocó contra un árbol y casi en simultáneo los policías comenzaron la primera balacera. Luego, se registró la segunda, cuando los policías Leonel Mendoza y Alejandro Bustos se acercaron a las víctimas y los ejecutaron a sangre fría, según dice la acusación.
En toda esta investigación, la Fiscalía determinó que no hubo fuego cruzado como quisieron figurar los policías de Comando Radioeléctrico y de la Policía de Acción Táctica (PAT). Esta versión se cayó cuando se analizaron las dos armas que hallaron en el auto junto a las víctimas: el peritaje concluyó que el arma adjudicada a Medina tenía aptitud para el disparo, pero no fue usada. La víctima no tenía partículas de pólvora en las manos. Mientras que el arma que la Policía dijo haber encontrado en las cercanías de Campos tenía en su interior dos vainas percutadas. Pero ambas no fueron disparadas en ese momento.
Desde un principio, hubo 18 policías acusados. Mendoza y Bustos están en prisión sindicados como los autores de la ejecución de los amigos mientras los restantes quedaron involucrados por encubrimiento. La mayoría recibió prisión domiciliaria hasta la audiencia preliminar a juicio. De ellos, tres mujeres recuperaron la libertad, luego de declarar y aportar datos a la causa.
La familia, representada en la querella por las abogadas Marcia López Martin, Luciana Torres y María Eugenia Mistura (de la Multisectorial contra la Violencia Institucional), nunca dejó de recolectar pruebas para la causa. Fue en ese marco que las letradas aportaron indicios contra estos uniformados, quienes fueron identificados como Pablo García, de 40 años, y Rosa D´Angelo, de 41, quienes en un principio declararon en la causa como testigos. En esa primera declaración explicaron que llegaron después. Sin embargo, la pesquisa de la querella comprobada por la Fiscalía descubrió que estuvieron presentes a partir de la segunda secuencia de disparos.
Este martes al mediodía los policías tuvieron la audiencia imputativa donde el fiscal Spelta los acusó por encubrimiento doblemente agravado por su carácter de funcionarios públicos y por la gravedad del delito que encubren, en calidad de autores.
Por su parte, tanto García como D´Angelo, representados por Juan Ubiedo y la defensora pública María Laura Blacich, hicieron uso de la palabra y negaron los hechos que se les imputaron.
Tras escuchar a las partes, el juez Hernán Postma aceptó la calificación del fiscal y fijó algunas restricciones alternativas a la prisión preventiva, entre ellas: fijar domicilio, no salir del país, firmar semanalmente en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) y le prohibió el contacto con los otros coimputados por cualquier medio o con los testigos y familiares de las víctimas.
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