En cuatro años la Justicia santafesina dictó tan sólo tres sentencias en casos por promover o facilitar la prostitución. Entre 2007 y 2011 hubo 13 causas, lo que fue considerado por el fiscal general de Rosario, figura clave del flamante Ministerio de la Acusación, Jorge Baclini, como “un número escaso”. Según el funcionario, una de las razones es que las causas son presentadas únicamente por la Policía, siempre sospechada de connivencia con las redes de prostitución. Las estadísticas se conocieron tras el debate sobre el proyecto legislativo provincial con media sanción para impedir la instalación y funcionamiento de locales whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, entre otros.
Desde el polémico fallo en el caso de Marita Verón en diciembre pasado, la trata de blancas, como se denominaba antiguamente (porque el tráfico de mujeres negras llevaba el nombre de esclavitud), se posicionó en la agenda periodística y política. El debate reflotó durante el fin de semana luego de que un grupo de inspectores municipales fuera agredido por personal y supuestos parroquianos del local Palacio Berlusconi, ubicado en Sarmiento 1100. El motivo de la pelea fue que los oficiales clausuraron el lugar tras constatar la práctica de relaciones sexuales en el lugar, prohibido por la ley y las ordenanzas locales. Mesas de trabajo entre legisladores locales y organismos que luchan contra el flagelo, debaten junto a las trabajadores sexuales que exigen que se respete su elección y no se enmascaren la persecución policíaca bajo la pantalla de “procedimientos contra la trata”.
En Santa Fe, 2012 sirvió para que la Cámara Baja provincial diera media sanción a un proyecto para prohibir la instalación y funcionamiento de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, locales de alterne o sus denominaciones análogas. Córdoba y Entre Ríos ya cuentan con tales normativas, lo que para la diputada del partido Solidaridad e Igualdad (SI), Alicia Gutiérrez, derivó en el desembarco de aquellos proxenetas expulsados a Santa Fe. Con la resistencia de algunos senadores, la iniciativa espera que se retome la actividad legislativa de este año. Para Gutiérrez, estos lugares son el nodo del tráfico ligado a la explotación sexual, cuya figura de antaño es el fiolo o proxeneta, quien bajo coacción se enriquece del dinero del trabajo sexual de una mujer. Traducido a la reformada ley contra la trata, también en diciembre de 2012, el explotador es quien promueve o facilita la prostitución y las penas que le corresponden van de cuatro a seis años de prisión si la víctima es adulta y entre 10 y 15 años de reclusión si fuera menor de edad.
Desde la Justicia, el jefe de fiscales de la region Rosario, Jorge Baclini informó que desde 2007 hasta 2011 ingresaron en los Tribunales santafesinos tan sólo 13 causas caratuladas bajo este delito. Los datos se desprenden de un informe preliminar de las causas ligadas a homicidios y delitos sexuales radicadas en los juzgados. Del total, sólo hubo cuatro personas procesadas, tres sentencias, tres faltas de mérito. Dos de las causas fueron archivadas y uno continúa en trámite, abundó misma fuente.
“La carátula comprende casos que exceden al término «proxeneta», que regentea varias mujeres. Hubo casos donde se trataba de una sola víctima”, detalló Baclini, quien aclaró que técnicamente la figura es explotador. La reciente reforma de la ley 26.364 contra la trata, a fines del año pasado, modificó además artículos del Código Penal y Procesal Penal respectivamente. Tanto la explotación como la promoción y facilitamiento llevan la misma cantidad de años de prisión.
“La cantidad (de investigación) es escasa”, definió Baclini. Para él, la razón de esto tiene tres partes. La primera es que las denuncias que se transforman en causas son generadas por la Policía. La segunda es que los Tribunales no poseen infraestructura para investigar por lo que todo recae en las fuerzas de seguridad. “La Policía no genera más casos porque ha tenido sus acuerdos o relaciones con las casas involucradas en estos delitos”, definió Baclini. El tercer y último factor en la ecuación es sociocultural y más difuso. “Parte de una concepción de las mujeres que están sometidas a estas explotaciones. Y que las lleva a no denunciar estos hechos porque se han formado en contextos donde se naturaliza y se asimila como forma de vida”, señaló el jefe de fiscales.
El contrapunto del destierro total de esos locales lo ofreció la directora de la Oficina de Derechos Humanos del municipio, Gabriela Sosa. Con dudas sobre lo efectivo de la medida, apuntó a causas estructurales (vulnerabilidad económica y noción social de la mujer como objeto sexual) y vaticinó que el cierre de estos locales puede llevar a que el delito se traslade a otros espacios, como los departamentos privados. En relación al rol de la Justicia, Sosa coincidió con la legisladora Alicia Gutiérrez en la falta de acceso de las víctimas de trata, proxenetismo y violencia de género a los espacios de denuncia. “La Justicia genera situaciones de lentitud y complicación que no ofrece soluciones. Además, hay mucha complicidad con los poderes económicos que se ven involucrados”, declaró y ofreció como ejemplo el caso de Marita Verón, “emblemático por la clara connivencia del Poder Judicial con los tratantes”.
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