Juan Pablo Sarkissian *
Hace unos pocos días, los trabajadores de la Cooperativa y Centro Cultural La Toma se movilizaron junto a un arco iris político, social y sindical para resistir un nuevo pedido de desalojo del inmueble por parte de la empresa Seguro de Depósitos S. A. “La Toma no se toca”, fue la consigna y el grito de una multitud que inundó calle Tucumán casi esquina Corrientes (donde se encuentra emplazado el espacio cooperativo y cultural), en el marco de una fría tarde.
Fueron casi una veintena de dirigentes, de todas las extracciones políticas y sociales, quienes se acercaron para expresar su apoyo solidario a una pelea, que ya lleva casi 30 años, de los trabajadores de La Toma. Carlos Ghioldi, dirigente del espacio y orador principal, señaló: “No vamos a permitir que se lleve adelante el pedido de ejecución de desalojo por parte de un puñado de especuladores que se quedaron con la titularidad nominal de una hipoteca impaga de los dueños del supermercado en 1993, es decir hace 26 años”. En la sede de Tucumán al 1300 habita un amplio abanico de organizaciones desde hace 18 años, luego de que en 2001 los ex empleados de la cadena de supermercados Tigre se hicieran cargo del lugar. De ese modo allí conviven las dos CTA (De los Trabajadores y Autónoma), el colectivo de mujeres “Ni Una Menos”, psicólogos, jubilados, actores, la redacción de la revista La Garganta Poderosa, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), las Madres y Abuelas de la Plaza 25 de Mayo de Rosario, entre otras.
Un beneficio para los sectores más populares
En otro tramo de su alocución Ghioldi remarcó: “Hemos logrado dos leyes de expropiación y una propuesta concreta de comprar esa hipoteca para liquidar el pleito. Sin embargo, esta gente no quiere negociar nada y dice que somos unos delincuentes. No vamos a permitir que cuatro yuppies de Puerto Madero se lleven por delante lo que unánimemente la sociedad ha puesto en pie”. Y agregó: “Nosotros somos trabajadores que hemos luchado sin cobrar nunca un centavo del Estado. Cuando pusimos este lugar en funcionamiento, lo hicimos pensando en un beneficio para los sectores más populares”. Un poco después, las palabras de Norma Ríos, de la APDH y las de Alberto Botto, secretario General de Luz y Fuerza, generaron ovación en la muchedumbre. Ella, al señalar: “Vamos a resistir como resistimos a la última dictadura”. Botto, por hacer eje en la reciente unidad del Movimiento Obrero de Rosario (MOR): “Estamos a disposición de los compañeros de La Toma para lo que necesiten”, dijo. Algunos de los participantes fueron miembros de las dos CTA; Amsafé Provincial y Rosario; ATE; Sadop; el Sindicato de Prensa Rosario; el Movimiento Sindical Rosarino (MSR); la APDH; el concejal Eduardo Toniolli y Octavio Crivaro, del Frente de la Izquierda, entre otros.
Las expropiaciones que no prosperaron
Desde 2001, en un espacio que antes fue el Supercoop y luego el hipermercado Tigre, los trabajadores constituyeron una cooperativa para darles forma –siempre sin fines de lucro, es decir sin poner un peso– a emprendimientos ligados con los Estados provincial, municipal, y la Universidad Nacional de Rosario. La Toma siempre abrió sus instalaciones a la construcción popular. La empresa Servicio de Depósitos SA (Sedesa) presentó el 27 de mayo de 2019 otra vez un pedido de ejecución de desalojo. El último había sido en diciembre de 2015. Pocos meses después, el 31 de marzo de 2016, el juez Marcelo Quaglia fue hasta el centro cultural y popular, y ponderó la función social del espacio. La Toma cuenta con dos leyes de expropiación, declaradas inconstitucionales por impulso de Sedesa. El inmueble fue comprado al Hogar Obrero en 1993, gracias a una hipoteca del Banco Roca Coop. Ltda. que quebró de inmediato. Ese crédito hipotecario no fue pagado por los entonces propietarios del Tigre por casi una década, hasta 2001, cuando abandonaron la empresa, que sería recuperada luego por sus trabajadores. “La voracidad de lucro de los poseedores nominales de la papelería de una hipoteca residual impaga en 1993 desconoció leyes sancionadas en la Legislatura, que de manera unánime nos otorgaron la utilización del predio y las maquinarias, manteniendo el litigio en torno al lugar”, señaló Ghioldi. Al mismo tiempo, el dirigente sindical de judiciales Juan Nucci, uno de los acérrimos defensores de La Toma, destacó: “Tenemos La obligación ética de resistir con la solidaridad de la comunidad rosarina y por eso exigimos la expropiación. En La Toma los únicos que tienen prohibida su entrada son los violadores sistemáticos de los DDHH y los genocidas”.
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