El Tribunal Oral Federal de Catamarca sobreseyó este miércoles a una mujer víctima de trata de personas que estaba imputada en una causa por narcotráfico. La decisión, cuyos fundamentos se conocerán el 24 de junio, fue adoptada previamente al inicio del juicio oral y público y dispuso también la inclusión de la víctima en el programa de asistencia dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la asignación de una custodia policial y una línea telefónica de atención inmediata.
La mujer estaba acusada junto a una persona que señaló como su captora y responsable de la violencia física, sexual y psicológica sufrida.
JR denunció ser víctima de abuso sexual, trata de personas y violencia de género desde que tenía doce años, cuando fue captada por Elsa Hidalgo, coimputada con ella. De acuerdo al relato de la víctima ante la fiscalía, Hidalgo la llevó a Tucumán supuestamente a comprar ropa, pero la hizo quedar en una casa perteneciente a Rodrigo Figueroa, uno de sus presuntos captores, junto con su esposa, Andrea Roldán, y el hermano de ella, Alexis. Luego, JR fue encerrada en una pieza bajo llave junto a otra menor de edad, donde ambas eran golpeadas y explotadas sexualmente.
Luego de ser liberada, JR regresó a Catamarca, donde volvió a vivir hechos de violencia, amenaza, violación y hostigamiento para que continuase sirviendo a estas mismas personas, ya no solo sexualmente, sino también en el tráfico de estupefacientes.
Para el MPF, el delito por infracción a la ley de drogas que se le adjudicaba estuvo condicionado por la extrema vulnerabilidad de la mujer, mientras era víctima de violencia y trata de personas, por lo que urgía “poner de resalto enfoques de derechos humanos y perspectiva de género”
Al llegar a la ciudad, y tras notar que no había esperando por ella, JR se dirigió de inmediato a la casa de su cuñada, que se encontraba al cuidado de sus hijas y la llevó a realizar la denuncia. Mientras le tomaban declaración, JR entregó la mochila, en la que se halló marihuana y dinero en efectivo. Luego de la denuncia y por los datos aportados por JR, se logró la detención de Alexis Roldán, la persona a quien debía entregarle la droga en la terminal de micros.
Perspectiva de género y persecución penal diligente
De acuerdo al fiscal Rafael Vehils Ruiz no existe registro de que se haya protegido debidamente a la víctima, que no había ingresado al programa de víctimas de trata, a pesar de que la fiscalía lo solicitó oportunamente, ni tampoco se investigaron los hechos que ella denunció. En la causa por la que fue imputada por infracción a la ley de estupefacientes ella misma relató al juez interviniente la situación vivida. Sin embargo, para el representante del Ministerio Público Fiscal, “la justicia mecánica solo continuó la persecución penal por infracción a la ley 23737 en su contra, sin ver, sin investigar, sin inmiscuirse en los graves hechos que ella denunciaba y contaba”.
Vehils Ruiz dictaminó que no existía registro de que se haya protegido debidamente a la víctima y que no ingresó al programa de asistencia, a pesar de que se solicitó oportunamente, ni tampoco se investigaron los hechos que ella denunció.
Vehils Ruiz resaltó que, dada la misión del Ministerio Público Fiscal de promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y los intereses generales de la sociedad, debían adoptarse medidas para asegurar los derechos de las víctimas según lo prescripto en la ley de Trata de Personas, como también adoptar las medidas que se orientan a evitar la revictimización de la persona sometida al proceso penal. El fiscal resaltó que la participación de JR en el delito que se le adjudica estuvo condicionado por su extrema vulnerabilidad y siendo víctima de violencia y trata de personas, por lo que urge “poner de resalto enfoques de derechos humanos y perspectiva de género en el presente caso”.
La fiscalía solicitó a los jueces “poner en crisis el sistema de justicia cuestionando desde su matriz, reconociendo a la violencia contra la mujer y abordarla como un fenómeno específico”, lo que implica un doble desafío para “poder identificar el universo de injerencia para evitar que el aparato represivo avance sobre aspectos que son tarea de otras áreas estatales y sociales, y cumplir de manera diligente la función de persecución penal en los que casos en los que el sistema de justicia debe intervenir, priorizando y jerarquizando la gravedad del fenómeno, incorporándolo a la agenda central de las instituciones y sofisticando la respuesta con estrategias de persecución penal eficaces y particularizadas y, en la medida de lo posible, unificando acciones”.
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