Por quinta vez en menos de 10 años, la Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción por unanimidad al proyecto de ley que establece creación del Sistema Provincial de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos.
La iniciativa había sido presentada en 2010, 2012, 2014 y 2016 por la diputada Alicia Gutiérrez. En cada ocasión, logró media sanción de la Cámara baja, pero luego fue cajoneada por el Senado y perdió estado parlamentario.
A fines de 2018, el diputado de la UCR Santiago Mascheroni reingresó el proyecto de Gutiérrez (que acompañan con sus firmas Antonio Bonfatti, Héctor Cavallero, Claudia Giaccone, Julio Eggimann, Patricia Tepp, Eduardo Di Pollina, Rubén Giustiniani, Luis Rubeo, Alejandro Boscarol, Roberto Mirabella, María Cecilia Ayala, Silvia Augsburger y Federico Reutemann) y este miércoles la Cámara le dio media sanción.
El Sistema Provincial de Prevención de la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos es, según la diputada Gutiérrez, “una herramienta que va a posibilitar la lucha contra el flagelo que nos aqueja”, al tiempo que sugirió para la reglamentación “la participación de organizaciones de derechos humanos”.
Por su parte, el diputado Mascheroni explicó: “Si bien nuestra provincia adoptó diferentes medidas, nunca tuvo un instrumento concreto que lo aborde definitivamente. En Santa Fe, cuando aprueba en esta Legislatura el servicio provincial de la defensa penal, incorporó entre las facultades la asistencia de parte de estas obligaciones. Esta es una tarea que debemos reconocer, pero era necesaria una norma de esta naturaleza y es por ello que destaco el trabajo de la diputada Alicia Gutiérrez y que contó con el acompañamiento de esta Cámara, no así el Senado”.
El sistema de prevención de la tortura replica el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, aprobado por ley nacional 25.932. Tendrá competencia sobre “cualquier centro de detención ubicado dentro de los límites territoriales de la provincia de Santa Fe”.
Estará integrado por el Servicio Público Provincial de Defensa Penal de la provincia, el Consejo Provincial para la Prevención de la Tortura y los demás entes estatales, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales, interesados en “garantizar la protección de los derechos humanos de quienes se hallaren privados de libertad” y, además, en “promover el fortalecimiento de las capacidades de los organismos estatales y no estatales que desempeñan funciones vinculadas con el monitoreo de los centros de detención”, como también “formular recomendaciones; prevenir situaciones; y comunicar a las autoridades cualquier hecho de tortura o pena cruel, inhumana o degradante”.
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