El 2012 se inició con las dificultades financieras del sector público en el centro de la agenda.
La Nación decidió tomar medidas en la diversa y expandida política de subsidios (que se lleva 70 mil millones del presupuesto anual), para la nueva etapa que denomina “sintonía fina” y que en el fondo implica desmontar medidas que resultaron imprescindibles en la emergencia de 2003 pero que ya no concuerdan con el nuevo escenario alcanzado.
Al mismo tiempo, provincia y municipio encuentran serias limitaciones en sus Tesoros y agudizan el ingenio. Los gobiernos recurren a las herramientas que tienen a mano, algunas bien amargas, y optando por absorber el costo político que implican ahora que transitan los primeros meses de gestión y todavía disponen del changüí propio de quien hace sólo tres meses asumió. Como plan político el aumento sin anestesia es casi genial, aunque no suena tan genial el impacto que significa para los hogares, que en apenas cuatro o cinco meses se acumulen aumentos tan importantes en agua, luz, TGI, transportes de corta, media y larga distancia y próximamente podrían ser gas e Inmobiliario.
Discurso
Hay diferencias notables entre cómo el gobierno nacional y los de acá encaran este tiempo marcado por la estrechez económica y la necesidad de sintonizar mejor el rumbo. Una diferencia entre unos y otros es cómo se explica la necesidad de tomar medidas, reasignar recursos públicos y salir a buscar dineros para alimentar las cuentas públicas.
El gobierno nacional en esto ha mostrado enorme destreza política, generando discurso, explicando qué piensa el gobierno o al menos un relato verosímil sobre por qué se da tal o cual paso. Puede no gustar la forma y los momentos que la presidenta y sus funcionarios utilizan, pero está claro que el mensaje está en el centro de la escena.
En Santa Fe esta pareciera ser una dificultad de las administraciones del Frente Progresista. La necesidad de dar el debate político con la oposición, de explicar los tiempos de gestión, el estado de situación, por qué se avanza en determinado sentido y no en otro. Pedir perdón cuando no se puede dar respuesta es de una nobleza novedosa, pero no es lo que se espera como promedio de un gobierno.
La oposición sí tiene un relato. Le está planteando a la sociedad santafesina que esta estrechez financiera es resultado del despilfarro de los gobernantes del FPCyS, de nombramientos de personal masivos y le exige ajuste y austeridad. Le reprocha que en 2011 aumentó el gasto corriente y redujo el gasto de capital. En el juego de la política la oposición tira la piedra y es el oficialismo el que tiene, si quiere, que salir a desmentir que sea así.
Supongamos que de los 3 mil cuadros políticos que requiere un gobierno provincial, el derrochón Frente Progresista nombró mil de más con un sueldo promedio de 10 mil pesos mensuales. Entonces los ñoquis le cuestan al erario público 10 millones al mes, 120 millones al año, con cargas sociales poco más de 150 millones. Pero el déficit de 2011 fue de 1.600 millones. Algo no cierra.
No se trata aquí de rebatir argumentos de la oposición, porque esa es la tarea que corresponde al oficialismo si puede rebatirlos. Sí se puede afirmar en tren del debate político que se trata de un planteo de raíz economicista, que centra su mirada en el número final, que está más atento al déficit contable y despreocupado del déficit social, invocando un discurso en el que todo nombramiento de personal es malo, sin distinguir ñoqui de funcionario, maestro, policía o camillero; o la diferencia entre un empleado público precarizado de uno debidamente titularizado. ¿No fue el propio ministro de Economía Ángel Sciara el que desde 2008 viene advirtiendo que la inercia de crecimiento de la cuenta gastos corrientes era desde hacía unos años más rápida que la de los ingresos del Estado y que en algún momento ambas curvas iban a cruzarse? ¿Entonces, lo que se está discutiendo es un problema de despilfarro y nombramiento de ñoquis –que los habrá– o un problema estructural de las cuentas del sector público provincial al que el oficialismo y la mayoría legislativa opositora deben encontrarle una salida? ¿Qué tienen para decir legisladores, funcionarios de alto, medio y bajo rango y militantes? Nadie defenderá la gestión por ellos. Y la única forma de hacerlo es dando la discusión política, mostrando qué se hizo, cambiando de rumbo en los casos donde se producen situaciones insostenibles porque las cosas se hicieron mal.
A horno lento
El gobierno decidió hornear un poco más los proyectos para emitir letras del Tesoro y una reforma tributaria antes de enviarlos a la Legislatura. Las negociaciones habían avanzado con el Senado, pero en la Cámara de Diputados, y en especial una serie de posicionamientos públicos del Frente para la Victoria, lo convencieron de que era mejor extender las negociaciones.
En línea con su discurso, sectores de la oposición le reclaman al gobierno un gesto de austeridad y reducción de gastos para sentarse a conversar. Es probable que en las próximas horas el gobierno dé un paso en este sentido. Hace varias semanas que en el Ministerio de Hacienda preparan una especie de decálogo de cómo deben proceder los ministerios y secretarías de Estado con el gasto.
Los diputados del FPV objetan el aumento del impuesto Inmobiliario que estaba previsto en el proyecto de reforma tributaria, del orden del 80%, tratándose de un impuesto que desde 2003 recibió sólo una actualización en 2010.
Lo vinculan con los recientes aumentos de agua, luz, transporte, tasa general de inmuebles en la mayoría de las ciudades y localidades, y concluyen que la carga tributaria sigue recayendo sobre los trabajadores y los sectores medios y bajos.
Ahora insisten en la necesidad de gravar a las grandes cerealeras del cordón industrial como signo de justicia tributaria. No puede dejarse aquí de señalar la contradicción con la posición adoptada en 2008 y 2009, cuando el FPV rechazó una reforma tributaria integral que hacía eje en los sectores de mayor poder contributivo. Del lado del oficialismo cabe recordar también su contradicción, cuando evitó que su aliado político, el sector agropecuario, fuese afectado por el proyecto de reforma tributaria.
El aumento del impuesto Inmobiliario tiene la ventaja de que el 50 por ciento de lo que recauda va a municipios y comunas, con lo cual tras los primeros acuerdos con los senadores, intendentes y presidentes comunales ya estaban respirando aliviados: iban a tener con qué enfrentar compromisos que arrastran y que se les vienen encima. Si la provincia está escasa de financiamiento hay que imaginarse en qué estado están comunas y municipios, que tienen menos herramientas a las que recurrir.
El impacto al bolsillo de los hogares de aumentos de servicios y tasas no es para dejarlo de lado. Tarde o temprano se agregarán otros, como el servicio de gas. La alternativa que plantean sectores de la oposición es no aumentar el Inmobiliario y reemplazar ese financiamiento a intendentes y presidentes comunales modificando los porcentajes de coparticipación del Fondo Sojero, que hoy se distribuye tal como lo propuso el decreto presidencial de 2008: 70% para la provincia y 30 para municipios.
Desde entonces, la oposición santafesina quiere echar mano a esa caja. En definitiva, es una masa de dinero que las entidades rurales y los sectores de la oposición le arrancaron a Cristina en medio del incendio del conflicto rural. Ahora, que tres años después siga alimentando las obras públicas con las que se luce un gobierno de signo opositor suena a sacrilegio.
Como bien debe intuir el lector si es que llegó hasta aquí, la política santafesina también está discutiendo con qué recursos y libertad de caja va a desenvolverse el gobierno provincial de aquí en adelante. En el juego de la política se sabe que un gobierno financiado tiene la posibilidad de mostrarse, hacer más política y hasta de disimular errores de gestión. Es de manual y ocurre en todos los niveles gubernamentales.
La oposición naturalmente juega, si tiene la oportunidad, a desinflar la caja del gobierno, aunque siempre cuidando las formas, sin desfinanciar lo básico porque de lo contrario los problemas que se ocasionen le volverían como bumerán. Sólo lo suficiente para que el gobierno de turno deba especializarse en apagar incendios y correr la coneja más que cortar cintas y titularizar maestros.
El resto lo hará la realidad: la inflación, la necesidad de aumentos salariales, los lobbies de poder que no quieren ceder sus privilegios.
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