Paul Singer y su NML Elliott dieron el martes un nuevo paso en su despliegue de la estrategia Congo contra la Argentina. Esto es, presionar con denuncias públicas de corrupción para extorsionar a un gobierno para que éste, intimidado, pague lo que el fondo buitre reclama. Elliott, que en 2012 había sido el responsable del embargo de la fragata Libertad en Ghana, difundió un informe preparado por agentes privados contratados en los Estados Unidos en el que se cuestiona el crecimiento patrimonial de funcionarios del gobierno nacional, y apuntó contra el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo; el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno, y el secretario de Seguridad, Sergio Berni, entre otros. Lo hizo en un trabajo –en el que no se menciona a la presidenta Cristina de Kirchner ni a los funcionarios que mantienen negociaciones en el bufete de Daniel Pollack en Nueva York– difundido por la American Task Force Argentina (Atfa), una organización de lobby financiada por el propio Singer. La intención del fondo buitre es presionar para que la Argentina acepte pagar los ya más de 2.000 millones de dólares que según la Justicia norteamericana le debe el país, y que el gobierno de Cristina se niega a aceptar.
El financista, que venció en el “juicio del siglo” en los tribunales de los Estados Unidos, vuelve a aplicar contra la Argentina la misma estrategia que inauguró en la década del 90 con la República del Congo. La historia es conocida. En los 90, Singer se dedicó a la compra de bonos de países africanos, muchos de ellos gobernados por dictaduras en guerra civil, sabiendo que, una vez caído el dictador en cuestión, inmediatamente habría acuerdos con los organismos como el Banco Mundial o el FMI, que liberarían ayuda para que se cierre la sangría financiera del endeudamiento, lo que implica pagar a todos los acreedores como Singer. Éste logró este negocio con Congo Brazzaville, Nigeria, Liberia y República Centroafricana, entre otros. Uno de de los gobiernos, el de Congo, se mantuvo en el poder, declaró la bancarrota y llegó el default, lo que derivó en el tradicional juicio de Singer. El dictador en cuestión, el general Denis Sassou Nguesso, se le plantó al fondo buitre y se negó a pagar una deuda de 90 millones de dólares, que el fondo había comprado en menos de 12.
Inmediatamente, Singer, sus abogados e investigadores pusieron manos a la obra y publicaron las historias del hijo del presidente congoleño, Denis Christel Sassou Nguesso, menor de edad, que se daba la gran vida en Nueva York, París y Dubai. Singer consiguió “pruebas” de las fechorías del heredero y las exhibió en una teleconferencia (mostró, por ejemplo, gastos por 20.000 dólares en champán Cristal en el Waldorf Astoria), prometiendo además nuevas entregas de las andanzas de Denis. Finalmente, Sassou Nguesso padre pagó en efectivo y en menos de 48 horas los 90 millones de dólares y Singer abandonó el resto de las denuncias públicas contra el dictador africano.
Esta experiencia exitosa fue repetida luego en Perú, Rusia, República Centroafricana y Brasil (la denuncia de un fondo buitre, el de Dart, fue una de las causas de la caída de Fernando Collor de Melo), y ahora se replica con la Argentina.
“El patrimonio neto personal de cada uno de estos funcionarios exhibe incrementos importantes y muchas veces inexplicables, lo que plantea una serie de preguntas acerca del proceso de enriquecimiento de cada uno”, alerta el informe anunciado por el presidente de Atfa, Robert Shapiro, y la embajadora contratada por Singer Nancy Soberberg. Ninguno tiene bonos de la Argentina: simplemente fueron reclutados en su calidad de lobbistas.
El documento apunta, entre otros funcionarios, contra Randazzo y Moreno, el senador nacional Juan Manuel Abal Medina y el secretario de Seguridad, Sergio Berni. De acuerdo con el fondo especulativo, el patrimonio personal de Randazzo “casi se duplicó entre 2008 y 2011”, y el de Moreno “creció exponencialmente durante sus años de servicio”. En relación con Abal Medina, el texto subraya que “su patrimonio se cuadruplicó sin explicación en el último año de la presidencia de Néstor Kirchner”.
Sobre Berni, denuncia: “El poderoso secretario de Seguridad ya poseía una fortuna de conocimiento público, pero ésta aumentó considerablemente en el año que Cristina llegó a la presidencia”.
Además, insiste en que “su patrimonio declarado creció repentinamente con el agregado de inversiones inmobiliarias en la provincia de Buenos Aires”. “¿Cómo pudo Berni incrementar sus bienes en un 4.000 por ciento en apenas cinco años?”, cuestionó American Task Force. En el documento también se hace referencia al ministro de Salud, Juan Luis Manzur; el secretario de coordinación de esa cartera, Eduardo Samuel Garvich, y el subsecretario de Prevención de Riesgos y Control, Gabriel Eduardo Yedlin.
También se nombra al subsecretario de la pequeña y mediana empresa, Horacio Gustavo Roura; Daniel Pablo Aguilera, funcionario de Turismo; Arturo Puricelli, ex ministro de Defensa; Aroldo Amado Lebed, ex funcionario de Agricultura; Marcio Barbosa Moreira, asesor del ministro del Interior, y Oscar Alberto Martini, funcionario de Justicia y Derechos Humanos.
Desde el gobierno, la respuesta vino de parte de Randazzo, quien declaró: “Para mí es un halago que me ataquen los fondos buitre”. Adjudicó su inclusión en la denuncia pública a su condición de precandidato presidencial del oficialismo para los comicios de octubre próximo, y aclaró que su incremento patrimonial “se debe a una revaluación fiscal hecha por la provincia de Buenos Aires”, donde posee propiedades. También contestó Roura, afirmando que sus bienes registran un aumento patrimonial equivalente a los revalúos y ajustes que aplicó la ciudad de Buenos Aires en los últimos seis años a bienes inmuebles. Por su parte, Abal Medina afirmó sobre los fondos buitre: “Toman el total del valor de una antigua empresa familiar, 2.230.665 pesos, en lugar del 17 por ciento que es mi parte de la misma, lo que equivale a 379.210 pesos, con un incremento interanual inferior a los 10.000 pesos”.
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