La expropiación de un 51 por ciento del paquete accionario que Repsol tenía de YPF acaba de despabilar a parte del mundo sobre los costos que es capaz de asumir y los consensos internos que puede alcanzar un país cuando está en juego un recurso estratégico esencial para el desarrollo. Más aún si, como en el caso de la Argentina, aparecen indicios de que lo que hay en el subsuelo es una de las reservas más importantes del mundo, al menos en alguna de las versiones de hidrocarburos fósiles.
En Santa Fe y el resto de las provincias no petroleras hizo ruido el artículo del proyecto de ley que establece que del 51 por ciento expropiable, las titulares del 49 por ciento son las provincias con yacimientos comprobados y que actualmente producen. Gobernadores como Bonfatti, Scioli, Urribarri y De la Sota se pusieron a pensar si no se estaban quedando afuera de algo que los dejaría en una posición desventajosa.
A medida que pasaron las horas tras el anuncio y que cada uno hizo consultas políticas y técnicas, la espuma bajó. Esta semana el tema se debatirá en la Cámara de Senadores, pero es probable que el oficialismo no acepte más cambios que el de incluir la expropiación de YPF Gas, olvidada en el proyecto original.
Tanto el bonaerense Scioli como el santafesino Bonfatti manifestaron en público (por Santa Fe el tema lo planteó en el senado Rubén Giustiniani) su intención de estar dentro del paquete accionario además de ser parte del Consejo Federal de Hidrocarburos.
Argumentan que si bien en ninguna de sus provincias se descubrieron yacimientos, sí hay estudios previos y convenios recientes de exploración con la propia YPF; y que en sus jurisdicciones están radicadas destilerías de crudo que producen combustibles y otros derivados que son estratégicos para el manejo de los recursos naturales, que están en el subsuelo y por lo tanto no son de YPF sino de los Estados provinciales.
El Fondo Sojero creado y repartido entre las 24 provincias por la propia presidenta en 2008 es un antecedente que contradice la lógica con la que el gobierno nacional deja afuera a las provincias que hoy no son petroleras.
Las razones que inclinaron a la presidenta a reducir el número de provincias accionistas no se conoce en detalle (como muchos otros aspectos de la expropiación) porque tampoco trascendió el alcance del acuerdo al que llegaron Nación y esas provincias durante las reuniones previas al anuncio de lunes pasado. Sí cabe destacar que YPF es una empresa de todo el país, que lo que se está expropiando porque se vendió en 1992, es acumulación de capital social de toda la Argentina, no sólo de las provincias donde se descubrió petróleo.
Al margen de esta línea argumentativa que choca con el apuro oficial por sacar la ley de expropiación sin mostrar fisuras, ningún gobernador no petrolero, ya sea oficialista u opositor, está dispuesto a hacer planteos que generen roces con el gobierno nacional o muestren grietas en un momento que todo el mundo está mirando al país.
Si bien sentarse entre los accionistas de la principal empresa del país es deseable, en términos prácticos no asoman ventajas determinantes. En cuanto a las regalías, no está en discusión que corresponden a las provincias de donde se extrae el crudo o el gas; y en el caso de las utilidades de la empresa, por muchos años no habrá para repartir nada, ya que el objetivo es la reinversión permanente para incrementar la exploración y la extracción, argumento por el cual se le bajó el pulgar a la controlante de capital privado Repsol.
El día a día
Aparte, los gobiernos provinciales tienen la cabeza en otras cuestiones más urgentes. Scioli, De la Sota, Urribarri y Bonfatti vuelven a concentrarse en las cuentas públicas, asunto que los desvela.
En el caso de Santa Fe, el gobierno espera que este jueves la Cámara de Diputados complete la autorización para emitir letras del tesoro o pagarés por 556 millones de pesos. Las licitaciones y las obras públicas a medio hacer requieren algo de aceite financiero para ponerse en marcha de nuevo, y los proveedores exigen acelerar el pago de la deuda flotante.
De salir la autorización el jueves –el 1º de mayo el gobernador estará abriendo las sesiones ordinarias en la legislatura–, el gobierno estaría licitando las letras en los últimos diez días de mayo, para lo cual ya seleccionó al Nuevo Banco de Santa Fe para hacer la colocación.
Sin embargo el gobierno sabe que en una Legislatura dominada por la oposición nada es hasta que realmente haya sido votado. Un día antes el peronismo se sumergirá en intensas negociaciones por la renovación de autoridades parlamentarias. Y hay que tener en cuenta que viene de un cierre de listas partidarias que en principio, al menos a nivel provincial, alcanzó la unidad que se puso como objetivo Agustín Rossi.
En paralelo se inicia en el Senado el análisis de la actualización impositiva que el Ejecutivo acaba de enviar. Se trata de un proyecto de lo posible, que a pesar de las intensas charlas previas no incluyó en su versión original modificaciones tributarias en materia de ingresos brutos a la industria. Eso no quiere decir que los senadores o los diputados así como pueden sacar lo que no les gusta puedan agregar.
El gobierno siempre fue proclive a gravar a la industria y ponerla en línea con las provincias de la región centro y Buenos Aires. Después que el ministro de Gobierno, Rubén Galassi, se reuniera una y otra vez con sectores de la oposición, en la Casa Gris se llegó a la conclusión de que era difícil que saliera, y que en todo caso convenía dejar cancha libre para que los sectores del PJ proclives a gravar algunas ramas industriales tomen la iniciativa.
Los otros puntos fuertes pasan por la eliminación de la eximición a la construcción y la imposición de un tributo a embarcaciones recreativas y deportivas, lo que debería compensar la reducción de la alícuota que pagan clínicas y sanatorios y la eliminación en el caso del transporte público de pasajeros.
Este último caso el gobierno lo incluyó como un punto más, pero merece un señalamiento especial por tratarse de un paso que hace muchos años se le reclamaba al Estado provincial, en particular en materia de servicios urbanos, que hasta ahora cuentan con subsidios de la Nación y cada municipio, pero no de la provincia.
Emisión de letras y actualización impositiva son pasos que están dando todas las provincias con un disimulado guiño de la Nación, que también debió recurrir a fuentes de financiamiento extraordinarias a la par de que puso el freno en el ritmo de obras públicas y el gasto.
A nadie se le escapa que mientras falta financiamiento y debieron paralizarse obras de cloacas, pavimentación, escuelas y hospitales, el sector agropecuario paga cifras irrisorias por Inmobiliario rural, lo cual implica una insostenible transferencia de recursos del Estado hacia sectores con alta capacidad contributario.
También hace rato que no hay razones para que la construcción no pague Ingresos Brutos. Pudo servir como un incentivo estatal para reducir precios en tiempos en que nadie compraba propiedades, pero no desde 2003 para acá. Aquí hay otra transferencia escandalosa de recursos en la que el Estado renuncia a recursos tributarios eximiendo a compradores que no reniegan de pagar departamentos a precio del Primer Mundo.
Sin embargo, estas verdades que en legislaturas como las de Córdoba, Entre Ríos o Buenos Aires salen con fritas, en Santa Fe deben recorrer un camino más tortuoso como consecuencia de una relación de fuerzas políticas que en el ámbito parlamentario no es favorable al oficialismo.
El gobierno provincial conoce el riesgo de que la política se interponga a estas verdades y que lo que en otros lados es redistribución de riqueza o estimulación de la economía aquí tome forma de “fiesta socialista”, “provincia en bancarrota”, “gasto desmedido” u otras versiones propias del juego político.
Es que no sólo se están discutiendo política tributaria y los recursos del Estado. La política santafesina se sumerge a partir de esta semana en un debate que arrastra cuestiones más amplias. Fundamentalmente los recursos que la oposición le habilitará al gobierno del Frente Progresista para los próximos cuatro años, convencida de que –a veces el manual falla, como ocurrió con la gestión Binner–, cuanto más se le limita la caja del gobierno, más cerca está el PJ de recuperar el poder.
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