Alvaro Arellano
Con el retiro del paquete fiscal en la previa al debate por la Ley ómnibus que finalmente naufragó en el Congreso, el gobierno nacional dirigió la mira a otros sectores para profundizar el ajuste. Las transferencias a provincias, la obra pública, los subsidios, jubilaciones y sueldos estatales serán las variables que tiene más a mano Javier Milei para pasar la motosierra. El “plan B” contempla seguir adelante con la fenomenal licuación de salarios posibilitada por la inflación de diciembre, enero y el congelamiento de gastos.
El debate por el famoso “capítulo fiscal”, suspendido por el propio ministro de Economía, Luis Caputo, incluía suba de retenciones (fuertemente resistida por Maximiliano Pullaro), blanqueo de capitales, cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria, restauración de Ganancias, entre otros. El paquete contemplaba ahorros e ingresos equivalentes a 1,4% del PBI. Con el retiro de este apartado y ahora además con la caída de la Ley Ómnibus, el gobierno tendrá que ir a buscar esos recursos a otro sector para cumplir con el famoso déficit cero.
A las dificultades para discutir el apartado fiscal, se suma una falla en el cálculo que hicieron sobre las cuentas del año pasado al momento de asumir. El déficit financiero total terminó siendo de 6,1% del PBI, esto es 0,9 puntos del PBI superior al calculado cuando tuvo lugar el cambio de gobierno. De manera que al 1,4% equivalente al PBI que no tendrán por el retiro del paquete fiscal, hay que sumarle este 0,9% sobre el PBI, un 2,3% equivalente a 5.200 millones de dólares.
Más allá de los cálculos en las planillas de Excel, la incógnita es cómo hará el gobierno nacional para profundizar aún más el ajuste en los sectores mencionados, en medio del descontento social que ya están generando las medidas iniciales. Al ya devastador efecto de la devaluación sobre ingresos, se sumarían subas de servicios y transportes, menos obras y más desempleo, sumado a una profundización del ajuste en jubilados y pensionados que pasarán los primeros dos meses de la gestión Milei con los ingresos congelados.
Variables del ajuste
Subsidios: Hoy representan un 2% del PBI. Inicialmente el gobierno quería bajarlo a 0,7% del PBI, pero ahora hablan de una quita total entre febrero y abril. Esto tiene impacto directo en tarifas de Gas, luz y transporte.
Obra pública: Hasta el momento representa 1,7% sobre el PBI y lo quieren bajar al 0,7% sobre el PBI. La salida de Guillermo Ferraro de Infraestructura guarda relación con la discusión en relación a este ajuste.
Transferencias a provincias: Actualmente representan el 1,1% del PBI y la meta del gobierno es reducirlas al 0,5%. Esto incluye salarios de docentes y de la policía provincial.
Jubilaciones y salarios estatales: Las jubilaciones seguirán con la fórmula vigente y con la inflación de diciembre, enero y febrero, van a perder cerca del 40%. Para febrero el gobierno anunció que se pagará un bono de 55 mil pesos, lo mismo que en enero. En el caso de estatales no solo van a apelar a la licuación de salarios sino a achicar ese gasto con despidos.
La licuadora de salarios
Otra camino que elegirá el gobierno para compensar lo que pretendía ahorrar con el paquete fiscal, será la licuación de salarios a través de la inflación.
Con la disparada de precios crece la recaudación impositiva para el Estado, pero los gastos se mantienen o crecen más lento.
En este contexto inflacionario, lo que el mes pasado valía $100, este mes pasó a valer $125. El gobierno cobra impuestos sobre esos $125, pero sigue girando las mismas partidas que el mes pasado.
De todas formas, esta alternativa tiene un techo, ya que más temprano que tarde el consumo empezará a ceder en medio de la incesante suba de precios, y la recaudación será cada vez menor para el Estado.
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