El gobernador Maximiliano Pullaro dispuso revisar los nombramientos realizados por su inmediato antecesor, Omar Perotti, en el último tramo de su gestión. El mandatario dejó sin efecto todas las adscripciones o comisiones de servicio (subrogancias) de agentes del Ejecutivo que deberán volver a sus puestos laborales originales, y dejó en revisión pases a planta permanente, contratos y otras decisiones que se resolvieron después del pasado 31 de agosto, como establece la ley nacional de Responsabilidad Fiscal (25.917), a la que Santa Fe adhirió). De ese control se encargará una comisión especial encabezada por el Ministerio de Economía, que también revisará otros “actos y contratos” que estén fuera del período pero “podrían presentar vicios de ilegitimidad susceptibles de afectar su validez, por contravenir el régimen jurídico de derecho administrativo aplicable en cada caso”.
Los decretos de Pullaro se firmaron el miércoles 13 y se publicaron en el Boletín Oficial de este viernes 15, aunque complementan la ley de Ministerios que aprobó la Legislatura antes de la asunción en la Casa Gris. El artículo 35 de la norma dice: “Autorízase al Poder Ejecutivo a revisar la asignación de funciones de mayor jerarquía, el otorgamiento de suplementos, subrogancias, las promociones, los cambios, transferencias o modificaciones escalafonarias, las categorizaciones, las titularizaciones, las confirmaciones, los traslados y las designaciones en planta provisoria o permanente, o pases a planta permanente otorgados a los agentes de la Administración Pública Provincial, como también las contrataciones de servicios personales –bajo cualquier modalidad o marco normativo– a los efectos de verificar si fueron dispuestas conforme lo establecido en la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal y/o cualquier otra norma vigente, disponiendo la revocación en caso de que no se corresponda con el principio de legalidad”.
El decreto 38 suspende “la ejecución de los gastos administrativos y contratos” que “refieran a personas sin vinculación jurídica de empleo público o contractual previa con la Administración Pública Provincial” –no incluye a personal político de alto rango– a las que se les dará tres días hábiles para referir su situación –“descargo”– tras lo cual cada caso se informará a una comisión especial. Ese cuerpo estará integrada por el titular de la Sindicatura General de la provincia (o por quien designe el síndico), el fiscal de Estado (o quien designe en su lugar), la Secretaría Legal y Téc
nica del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, la Subsecretaria de Recursos Humanos y Función Pública y la Secretaría de Recursos Humanos y Función Pública, que será el área de coordinación.
La comisión, dice el decreto, “tendrá a su cargo la revisión de los actos administrativos” que se hayan firmado en el último tramo del gobierno anterior y “que dispongan designaciones de personal en carácter de personal permanente; designaciones de personal en carácter de titulares en cargos subrogados; otorgamientos de nuevos suplementos y contratación de servicios de personal en carácter transitorio”. Las figuras pueden, así, encuadrar a centenares e incluso miles de agentes, pero impone a los titulares de cada área la tarea de evaluar “los casos en los que pueden proceder jurídicamente a la rescisión unilateral de los contratos”, cuando “se verifique que no ha existido efectiva prestación de servicios, existan incumplimientos de los términos contractuales pactados o el plazo de vigencia del vínculo contractual se superponga con el desempeño del contratado en funciones de carácter político”.
En cada cambio de gobierno, las autoridades entrantes ponen la lupa sobre el personal que dejaron las autoridades salientes. Se trata de una negociación política, cuyos resultados tienden a recaer sobre las situaciones más evidentes tras el retiro del personal político que cumple tareas en cada gestión. Pero la poda de Pullaro parece más profunda, aunque recuerda que así lo hizo la anterior gestión: “Existen antecedentes de procedimientos administrativos de revisión como el que aquí se instituye, el más reciente establecido por el decreto 89/2019”, referencia a una decisión administrativa tomada en el inicio de la gestión de Omar Perotti. Y suma que “corresponde adoptar disposiciones que permitan conciliar los intereses legítimos de los agentes estatales al desarrollo de su carrera administrativa, con la orientación que cada gobierno quiera darle a su gestión, en el marco de las atribuciones que le reconocen la Constitución provincial, la ley Orgánica de Ministerios del Poder Ejecutivo dictada en su consecuencia y el programa de gobierno que eligió la ciudadanía por medio del voto en las elecciones generales”.
Con todo, a medida que el gobierno de Pullaro avance en el tema tallarán los dos gremios del Estado, ATE y UPCN. Es que algunos de los trámites que quedaron incluidos en la ley de Ministerios y en los decretos fueron negociados con la conducciones sindicales, y se trataban de situaciones de arrastre que databan de tiempos anteriores, que el gobierno de Perotti regularizó.
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