María Angélica A. tiene 36 años y está acusada de matar a su pareja, a quien incineró por al menos media hora mientras estaba vivo y luego arrojó el cuerpo a un container en octubre de 2014. Ayer se dio inicio a un juicio oral en contra de la imputada, quien padece problemas psiquiátricos, a lo que sumó una adicción a la cocaína. A diferencia de lo que se expone habitualmente en los debates, tanto la fiscalía como la defensa pública coincidieron en el pedido de absolución de la mujer, al entender que no comprendió la criminalidad del hecho. En cambio, el debate giró en torno del pedido fiscal de una medida de seguridad, una internación, que justificó en el peligro que implica para sí misma y para terceros; la defensa se opuso a la internación y solicitó la libertad, al sostener que el caso corresponde a la órbita civil.
El 13 de noviembre de 2014, Alejandro Silva fue incinerado en el interior de una casilla ubicada en España sin número, en zona sur. El cuerpo de la víctima, de 37 años, ardió por más de media hora. Los restos de Silva fueron trasladados por su pareja, envueltos en una frazada, hasta un contenedor de basura, donde los arrojó y donde se produjo un nuevo incendio. La escena fue observada por vecinos, que retuvieron a la mujer hasta la llegada de la Policía.
Quemado vivo
Según refirió el forense que realizó la autopsia, el cuerpo fue expuesto a altas temperaturas por un tiempo prolongado, lo que generó una retracción de los tejidos, de los músculos y pérdida de sustancias blandas del cráneo. Los órganos estaban cocidos, tenía borrado el rostro y presentaba fracturas y desprendimientos articulares, describió.
El profesional precisó que un cuerpo de 90 kilos puede desaparecer si es incinerado por 90 minutos, por lo que estima que Silva estuvo expuesto al fuego entre 30 y 45 minutos. A lo que agregó que el hombre estaba con vida al momento de la incineración e informó que la causa del fallecimiento fue quemadura grave por carbonización completa.
Fiscalía y defensa
Durante la audiencia preliminar la fiscalía solicitó una condena de prisión perpetua para la mujer por el delito de homicidio calificado por el vínculo y por ensañamiento, aunque la postura viró en el alegato de apertura. El fiscal Adrián Spelta, en base a los informes médicos, sostuvo que si bien la acusada fue la autora del crimen, al momento de su producción no comprendió la criminalidad del hecho. En base a ello concluyó que no es pasible de una sanción penal, aunque solicitó al tribunal compuesto por Raquel Cosgaya, Juan Carlos Vienna y Juan Carlos Curto la aplicación de una medida de seguridad.
El fiscal refirió que la mujer es peligrosa para sí y para terceros, salvo cuando está medicada, por lo que solicitó una internación psiquiátrica y la absolución al entender que presenta una afección a la conciencia por una alteración morbosa de sus facultades. Por su parte, la defensa técnica a cargo de Andrea Siragusa coincidió con Spelta en la absolución, pero requirió la libertad de su defendida. La letrada descartó la aplicación de una medida de seguridad, detalló que la mujer ha evolucionado en su padecimiento, que tiene derecho a un tratamiento que no restrinja sus derechos y habilite el restablecimientos de vínculos familiares. La defensora echó mano a la ley de salud mental y sostuvo que es un tema que corresponde a la órbita civil.
Testimonios forenses
Finalizados los alegatos de apertura, fue el turno de los testigos, todos ellos profesionales de la salud. Un forense psiquiátrico sostuvo que tuvo tres entrevistas con la mujer, donde fue de mayor a menor en su cuadro. Detalló que la acusada no tiene libre albedrío sino que los síntomas que padece la esclavizan y detalló que tuvo un tratamiento farmacológico que está haciendo efecto. Añadió que la conducta a seguir es un tratamiento ambulatorio, aunque el incumplimiento o cumplimiento irregular de la toma de medicación es un escollo. Afirmó que debería acordarse el tratamiento entre el paciente, médico, familia y el control judicial; en caso contrario, advirtió sobre un desborde y aclaró que si no están dadas las condiciones debe estar internada hasta que se produzcan.
Por su parte, el psiquiatra que la atendió algunos meses en una unidad de detención penitenciaria sostuvo que no tuvo avances durante el tiempo que estuvo en la cárcel, porque era un ambiente hostil donde no contaba con la contención adecuada para su cuadro. Detalló que, como toda enfermedad, tiene momentos agudos y otros crónicos y que sufre de un cuadro patológico. Recomendó un tratamiento a la luz de la ley de salud mental que sostiene la desmanicomialización y citó alternativas a la internación.
Concluida la primera jornada, el fiscal solicitó que sea trasladada a un establecimiento psiquiátrico como medida cautelar mientras se tramita el proceso, lo que fue admitido por el tribunal.
“Un peligro para la sociedad”
Al finalizar la audiencia, la familia de la víctima contó que Silva ya no vivía con la mujer, sino que su estadía era intermitente a raíz de la violencia que exteriorizaba la mujer.
Refirieron que la relación amorosa no superó los dos años y que se conocieron por la hija de la víctima, quien murió presuntamente en un suicidio que para los familiares de Silva no está claro. Su hermana Gabriela prefirió esperar a la decisión judicial y agregó: “Lo único que queremos es que no salga en libertad, porque es un peligro para la sociedad”.
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