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Sigue el camino de las madres cultivadoras en la Justicia

Ocho mujeres habían pedido que la Policía no las persiga porque usan cannabis medicinal para los tratamientos de sus hijos. La Justicia civil deberá definir


Arte El Ciudadano

El 4 de julio ocho madres entraron a los Tribunales federales de Rosario y presentaron dos pedidos. Uno en la Justicia penal para que la Policía no las persiga por cultivar marihuana. El otro en la Justicia civil para que el Estado nacional les garantice el acceso al aceite de cannabis, un producido con la planta de venta ilegal que desde hace más de un año el Gobierno de Santa Fe aprobó como de uso medicinal, pero no incluyó el autocultivo. Tampoco lo hizo la ley nacional en 2017. Tal como publicó El Ciudadano, las madres usan los preparados como parte de distintos tratamientos para sus hijos. Insisten que les mejoró la calidad de vida y quieren plantar sin problemas legales. Al día siguiente el juzgado federal 4, que entiende en lo penal, rechazó el pedido y la Cámara de Apelaciones confirmó la decisión. Entonces, queda en la jueza civil federal, Silvia Aramberri, en dar lugar al amparo. Si lo hace, seguirá los pasos de la Justicia de Río Negro y Salta que este año autorizaron a las familias porque la Nación no reconoce otra enfermedad para dar el aceite que no sea epilepsia refractaria.

Acompañadas por las abogadas Jesica Pellegrini y Gabriela Durruty, ambas militantes del partido Ciudad Futura, las ocho mujeres de Rosario y Villa Gobernador fueron a la Justicia a principio de mes. Presentaron relatos de cómo el aceite le mejoró la salud y la vida a toda la familia. También les recordaron a los jueces los peligros que tiene plantar marihuana con la actual legislación de drogas. Enfrentan penas de 4 a 15 años por cultivar, de uno a seis años por trasladar la materia prima o el aceite casero, un mes a dos años por tenencia, seis a 20 años para la que use su casa para cultivar para su hijos u otros, dos a seis años al médico que prescriba el aceite en casos por fuera de la ley. Por eso, presentaron un habeas corpus en la Justicia penal y un amparo en la civil. En la parte penal, el juez Marcelo Bailaque entendió que no había razones para dar lugar al habeas corpus. Fuentes judiciales explicaron que el amparo en la Justicia civil es el que garantiza derechos y el habeas corpus es una medida utilizada cuando hay una situación de peligro. Para el juez, cuando se resuelva el amparo, es decir, cuando la Justicia civil lleve al Estado a reconocer el derecho a cultivar, evitarán todos los peligros denunciados por las mujeres. Sobre esto, en el fallo figura: “Es cierto que se plantea en el recurso una especie de direccionamiento de la acción civil en un sentido y la acción en sede penal en otro que podría denominarse complementario. Sin embargo, considero que es la primera la que determina y reconoce de manera precisa la existencia del derecho en relación a la posibilidad que tienen las personas de hacer uso del mismo y más aún ante la ausencia de implementación de la ley 27.350 (la nacional que permite el uso del cannabis medicinal)”.

De fondo

El reclamo de seguridad y protección de usuarios de cannabis medicinal tiene origen en cómo se reglamentó la legislación nacional. También por la negativa de la Anmat, único organismo que fiscaliza los medicamentos en el país, de autorizar la importación o venta del aceite desde para distintos tratamientos desde 2016. Sólo lo hace cuando las personas sufren de epilepsia refractaria. Después de las dos leyes (la santafesina y la nacional) los caminos burocráticos para conseguirlo en el mercado legal siguen siendo complicados. Muchos usuarios deciden por el autocultivo y fueron las madres, asesoradas por asociaciones de usuarios y organizaciones sociales, las que iniciaron el camino en la Justicia para evitar problemas con la Policía.

El primer fallo ejemplar sobre protección en casos medicinales es de marzo. El juez de Salta, Julio Leonardo Bavio, autorizó por primera vez en el país a una madre a cultivar 12 plantas adultas y 40 plantines de distintas cepas de cannabis. La madre de un chico de 6 años con una enfermedad neurológica veía que los problemas no se solucionaban con el aceite Charlotte’s Web que llega importado de Estados Unidos. Necesitaba la variedad de cepas de la planta para evitar un efecto de acostumbramiento. Como en muchos otros usuarios medicinales, con el aceite bajó la cantidad de morfina y analgésicos que ponían en jaque la panza del chico. El chico incluso empezó a ir a la escuela.

El segundo fallo es de mayo en Viedma. La familia de Joaquín, un chico de 7 años, con Síndrome de Tourette, consiguió 6 mil firmas para que la Justicia los autorice a plantar. Igual que el chico de Salta, Joaquín no respondía a los tratamientos medicamentosos tradicionales. Los fiscales que acompañaron la presentación dijeron que “el Estado Nacional aún no ha podido garantizar a Joaquín la provisión gratuita e ininterrumpida del tratamiento con aceite de cannabis descripto” y recomendaron que autoricen el autocultivo. La Justicia del sur le concedió a la madre plantar para hacer aceites, cremas y material vaporizable de cepas con distintos balances de CBD y THC, ambos componentes del cannabis.

Cultivo del país

Este lunes el Gobierno de Jujuy anunció cultivará cannabis medicinal. Será la primera en hacerlo en Argentina. La provincia firmó este lunes un convenio de entendimiento con el laboratorio Knop chileno, un memorandum de cooperación para la producción de cannabis y derivados con fines medicinales, científicos y terapéuticos. Encabezó el acto el gobernador de la provincia Gerardo Morales; el gerente General, Germán Knop; el ministro de Salud de la provincia Gustavo Bohuid; la secretaria de Regulación y Gestión sanitaria de Nación, Josefa Rodríguez; el subsecretario de Calidad, Regulación y Gestión de la Nación, Javier O‘Donnell; Marcelo Rojas, gerente de Finanzas de Knop, entre otros funcionarios nacionales y provinciales. Lo cultivarán en la Finca El Pongo sobre 30 hectáreas. Los productos quedarán a cargo del Laboratorio Knop y la importación de productos medicinales ya industrializados quedará en manos de la provincia.

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