La controversia entre el gobierno nacional y la siderúrgica Siderar recrudeció ayer, tras la decisión de la Ansés de presentar una demanda comercial contra la empresa del grupo Techint, para reclamar que los delegados del Estado puedan integrar el directorio de la compañía. La demanda judicial apunta a revertir la decisión adoptada el viernes pasado por una asamblea de accionistas, en la que fue rechazado el acceso de los representantes del Estado al directorio de la firma, desoyendo el decreto de necesidad y urgencia (DNU) número 441 de la presidenta Cristina Fernández. Por su parte, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, consideró ayer que la polémica en torno de este tema “no es un problema grave ni importante para el país”, aunque hizo un llamado al diálogo para “alcanzar soluciones”.
La intención del gobierno nacional es que los representantes públicos (tres directores y un síndico) puedan ingresar al directorio el 11 de mayo próximo cuando se retome la asamblea que hasta esa fecha se encuentra en un cuarto intermedio. La demanda, que no es una denuncia penal, fue presentada alrededor de las 13.30 de ayer ante el Juzgado en lo Comercial Nº 12 a cargo del juez Germán Papa.
El gobierno optó por presentar una demanda comercial y no una denuncia penal para no profundizar el enfrentamiento con la compañía del poderoso grupo Techint del empresario Paolo Rocca. Por la vía judicial, el gobierno pretende también que la compañía no haga uso de unos 6.400 millones de pesos en concepto de dividendos que estaban asignados a reservas para inversiones.
El ministro de Economía, Amado Boudou, acusó al grupo Techint de “atacar la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad”, al oponerse al ingreso de directores de la Ansés en la compañía Siderar, donde el Estado participa con el 25,6 por ciento de las acciones de esa firma, que representa un aporte de 2.700 millones de pesos.
“(Techint) pretende ponerse por sobre los argentinos, en un verdadero ataque a la seguridad jurídica, al derecho a la propiedad, al cumplimiento de la ley de Sociedades Comerciales y el respeto a las minorías en las cuestiones empresariales”, sostuvo el titular de Hacienda.
Sobre la denuncia, el titular de Ansés, Diego Bossio, afirmó que el recurso judicial se justifica porque la compañía “desconoce un decreto que está vigente” y agregó que el DNU “va a ir al Congreso”. Bossio sostuvo que la presentación judicial apunta a demostrar “las irregularidades, porque hubo una asamblea en la que desconocieron el decreto” del Ejecutivo.
Acevedo, de la Unión Industrial, sostuvo que la disputa “es entre el gobierno y todo el sector empresario, no sólo Techint, porque afecta a todas las empresas, que no quieren una injerencia del Estado” en sus decisiones. En este sentido, propuso “bajarle la importancia a este tema”, porque “no es una cuestión importante para el país”. “La verdad que no es un tema importante, pero es un ruido innecesario”, añadió.
El dirigente de la UIA expresó que “el temor es que esto termine en una judicialización. Por eso, la lógica sería sentarse y dialogar y tratar de buscarle una solución”. Acevedo indicó que la situación “es una cuestión fortuita por las inversiones de las AFJP. Si no, no estaríamos discutiendo”.
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