Política

Lesa humanidad

Sergio Schilmann: “Hay que construir un nuevo espíritu colectivo”

La noche del 22 de agosto de 1979 fue secuestrado en Rosario a los 25 años; hasta el 28 de agosto fue sometido a torturas en el ex Servicio de Informaciones. El 5 de junio de este año declaró en la megacausa Feced y el pasado miércoles 26 terminaron las audiencias por su caso


Conversar con Sergio Schilmann sobre lo que le hicieron la última semana de agosto de 1979 no es ingresar en una historia de vida particular. Intenta que su historia no sea lo central y no está muy convencido de que lo individual diga demasiado. O, por lo menos, no lo suficiente. Schilmann siempre sitúa su vida en contexto: en relación a sus pares, en relación al país y en relación al mundo.

La noche del 22 de agosto de 1979, Schilmann fue secuestrado cerca de su casa en Rosario. Tenía 25 años y militaba en el Partido Comunista (PC). Hasta el 28 de agosto fue sometido a torturas en el ex Servicio de Informaciones (Dorrego y San Lorenzo). El 5 de junio de este año declaró en la megacausa Feced y el pasado miércoles 26 terminaron las audiencias por su caso.

Schilmann relata a El Ciudadano lo que describe como su “derrotero político”. Comenzó su actividad política en 1969: tenía 15 años y lo conmovió el Rosariazo. Todavía estaba cursando la escuela en el Superior de Comercio cuando se volcó por primera vez y para siempre a la militancia partidaria. Primero como estudiante secundario y después como universitario en la Facultad de Ciencias Económicas.

La unidad del campo popular es un anhelo que acompaña a Schilmann desde entonces. “Nuestro partido planteaba que la salida era la unidad antiimperialista, entonces teníamos que trabajar con dirigentes de otros partidos”, explica sobre su militancia en los 80, post dictadura, cuando ingresó como secretario político del comité provincial del PC. Después de la etapa del golpe, Schilmann pasó a tomar mayores responsabilidades.

Sus tareas tenían como eje las relaciones políticas, entablar conversaciones con los demás espacios políticos: con militantes del peronismo, radicalismo, Partido Intransigente, el socialismo popular y la democracia cristiana. Por su organicidad al Partido Comunista pudo viajar a Berlín y Moscú, en distintos eventos y actividades que reunían a militantes de todo el mundo. Así, conoció de cerca los países soviéticos y sus relatos en primera persona.

La caída del Muro y, sobre todo, la posterior desintegración de la URSS fueron puntos críticos de lugares geopolíticos donde se dirigía su interés y pasión. Sin embargo, no lo relata con desazón: lo concibe como un momento donde hubo que discutir “en qué se falló porque las ideas no estaban mal pero evidentemente el mundo capitalista fue más efectivo”.

“El mundo tiene que ser multipolar o unipolar. Hace falta una evolución civilizatoria. El ser humano la va a conseguir porque es parte de nuestra condición. Hay que construir de nuevo el espíritu colectivo no solo de partidos orgánicos sino de universos de ideas, porque en cada etapa los distintos espacios tienen cosas en común: hay que construir todo un nuevo tejido social e ideológico”, plantea.

El ex preso político considera que hubo una derrota cultural en los últimos años: “La especie de reflorecimiento de una primavera que vivimos la década pasada evidentemente no alcanzó porque la contraofensiva neoliberal e imperialista nos golpeó de nuevo y hay una derrota que habrá que superar. Es una derrota cultural porque captaron, influyeron y manipularon conciencias”, explica. Si bien tiene una visión positiva de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, piensa que “la falencia fue que no se construyeron las herramientas políticas en la sociedad para defender todo eso. Hoy se está tratando de resolver”.

Schilmann sostiene su militancia en el convencimiento de que las personas siempre tienen algo mejor para ofrecer. La construcción de redes colectivas, repite, le parece una búsqueda inevitable y propia de la condición humana.

Actualmente le preocupa la escalada de violencia de las fuerzas de seguridad de la Nación, nombra los presos políticos de la era Macri y los casos de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Plantea que las herramientas de hoy no son las mismas de hace 40 años pero que la impunidad y la violencia institucional son el huevo de la serpiente.

Es el único momento de la conversación donde puede haber algo de pesimismo, pero sobre todo de temor: “En estos años hubo hechos conmocionantes. No pongo las manos en el fuego de que nunca más volvamos a pasar por un terrorismo de Estado como pasó, creo que tendrían herramientas más avanzadas”. Su respuesta ante la ofensiva es la de siempre, esa que aprende desde los 15 años: aunar fuerzas e ideas, resistir de forma colectiva y seguir apostando al bien común.

 

Megacausa

El juicio contra parte de la patota que operó en el ex Servicio de Informaciones de la policía de Rosario durante la última dictadura cívico militar se inició el 5 de abril de 2018 –antes fue suspendido tres veces– y este año se reinició el 6 de febrero.

La megacausa lleva el nombre Agustín Feced, ex comandante de Gendarmería que asumió el control de la policía local en aquella época. La Justicia imputó a Carlos Ulpiano Altamirano, Eduardo Ugour, Julio Fermoselle, Héctor Gianola, Ramón Ibarra, José Rubén Lo Fiego, Mario Alfredo Marcote, Lucio César Nast, Ovidio Marcelo Olazagoitía, José Carlos Scortechini, Ernesto Vallejo y Ramón Vergara. También a Daniel González y el sacerdote Eugenio Zitelli que ya fallecieron. Los delitos que se investigan son, en su mayoría, privación ilegítima de la libertad y tormentos aunque también incluye casos de homicidios y abusos sexuales. Lo Fiego y Nast están imputados por tormentos agravados contra Schilmann por haber sido cometidos contra perseguidos políticos. La megacausa incluye 155 violaciones a los Derechos Humanos.

Entre las audiencias de este año, declararon testigos por el secuestro de ocho miembros de la comisión directiva de la Biblioteca Vigil, la masacre de la familia Labrador, el asesinato de Ana María Gutiérrez –hermana de la diputada provincial Alicia Gutiérrez–, entre otros.

Gabriela Durruty, abogada de la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), dijo a El Ciudadano que los alegatos se iniciarán entre agosto y septiembre de este año. Esperan contar con una sentencia antes de que termine el 2019 y que la misma “sea ejemplar y se hagan lugar a las penas que piden las acusaciones”.

 

Represión clandestina y complicidad judicial

La noche del 22 de agosto de 1979, Schilmann fue secuestrado cerca de su casa en Rosario. Fue detenido en el Servicio de Informaciones donde fue torturado. El 24 de agosto los secuestradores lo llevaron a prestar declaración indagatoria ante el juez federal Ramón Carrillo Ávila. Durante el trayecto José Rubén “Ciego” Lo Fiego lo amenazó para que no dijera nada sobre las torturas a las que estaba siendo sometido.

Sin embargo, Schilmann las denunció y le exhibió al juez las marcas en su cuerpo. Más tarde, cuando estuviera internado en el sanatorio Cami (Corrientes y Pellegrini), contaría 242 marcas de picana eléctrica en el torso y el rostro. El juez le respondió que esa denuncia la tomarían después porque estaba siendo juzgado por su actividad política que en aquel entonces estaba prohibida. Acto seguido, lo devolvió al Servicio de Informaciones donde continuó siendo torturado.

Después de que el caso tomara dimensión pública con movilizaciones de sus compañeros de partido y gestiones de su papá ante la inminente llegada de la Cidh a la Argentina, el 28 de agosto de 1979 Schilmann fue liberado y volvió a su casa. Ahí lo revisó un médico y fue internado en Cami. Pasó varios días en terapia intensiva por el deterioro corporal que había sufrido a causa de los golpes y torturas. Luego de su internación fue entrevistado por la Cidh y pasó a vivir intermitentemente y de forma clandestina en casas de personas que lo alojaron para evitar un posible secuestro.

El secuestro de Schilmann sobresale por dos motivos: pone de relieve la complicidad judicial en la represión clandestina llevada adelante por las fuerzas armadas entre 1976 y 1983 y fue tomado como caso testigo para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) que lo publicó en su informe “La situación de los derechos humanos en Argentina” emitido el 11 de abril de 1980 donde se presentó como “arresto arbitrario, malos tratos y torturas”.

Hay algunos factores que ayudaron a que Schilmann pudiera seguir con vida. Por un lado la rapidez y efectividad con la que procedió su papá inmediatamente después de su secuestro. También, la estructura y organización del Partido Comunista que trabajó rápidamente en la difusión del caso y pidió por su liberación. Por otra parte, ya había pasado el Mundial de Fútbol de 1978 donde los crímenes que se estaban cometiendo en Argentina empezaron a tomar dimensión pública en otros países. Esto hizo que para 1979 el nivel de represión fuera menos feroz que los tres años anteriores. Había presión internacional y la inminente visita de la Cidh al país era una prueba de ello.

Durruty explica que cada parte del testimonio de Schilmann se acreditó en 16 declaraciones de personas que intervinieron en algún momento de su historia. Entre ellas, estuvieron Juan Bentolilla –médico que lo atendió en el Cami– , Doris Bellmann –que lo sacó del sanatorio en el piso trasero de un auto particular y lo llevó hasta su casa–, Coco López –periodista que ayudó a difundir su secuestro y trabajó por su liberación–, Matilde Bruera –abogada defensora de derechos humanos–, Miguel Zamarini –por entonces presidente de la FUR– y Juan Pablo Sarkissian –ex militante estudiantil secundario del PC y actual periodista de El Ciudadano–.

En la última audiencia, Sarkissian describió el nivel de organización y masividad del movimiento estudiantil secundario de aquellos años, aún dadas las condiciones represivas. Dio cuenta de las formas de proceder del partido, la importancia de la división de tareas y la fuerza de la unidad que sostuvieron para proteger a Schilmann. También habló sobre la complicidad de los medios de comunicación que taparon sistemáticamente lo que estaba ocurriendo en el país. Por su parte, Bruera describió del funcionamiento y desidia del poder judicial de aquellos años. Pero también indicó que quedan resabios de ella: planteó que la Justicia Federal está en crisis y habló del caso de Santiago Maldonado.

Schilmann cuenta que es conmovedor ver y escuchar a todas las personas que prestaron declaración por su secuestro: “Es difícil mantener la compostura. Pero tampoco hago mucho esfuerzo en mantenerla, cuando hay expandir la sensibilidad hay que hacerlo más allá de lo racional”.

En relación a la complicidad judicial durante la dictadura cívico-militar, Durruty destaca: “Él tiene la oportunidad de ser visto por un juez que le toma indagatoria en base a una declaración tomada a Sergio por tormentos. Llega en un estado deplorable y denuncia ante ese juez lo que le habían hecho: el juez lo devuelve al mismo lugar donde fue torturado y con las mismas personas. Eso pone de manifiesto el accionar de la Justicia y las particularidades de este caso que se repiten en otros a lo largo y ancho del país por ser un plan de represión sistemática”.

Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario consideró que la causa estaba en condiciones de ser elevada a juicio por delitos de tormentos pero no por privación ilegal de la libertad ya que intervino un juez y eso bastaría para que considere legal la detención. Durruty explica: “Su privación sí fue ilegitima porque no había orden judicial, el pedido de captura es posterior. Y aun cuando hubiera orden, la forma en que se lleva adelante nunca puede ser legal: nunca puede comenzar a la noche con golpes y mucho menos permanecer en el tiempo de la forma en que permaneció que fue bajo tormentos. Fue desaparecido por la patota”.

Señala que casi todos los casos se elevan así: con aspectos que quedan afuera: “Las elevaciones son irregulares, incompletas. Lo que sí vamos a hacer es pedir que los testimonios del oral sean remitidos a instrucción para que se imputen por delito de privación ilegítima de la libertad”.

Finalmente, sobre la futura sentencia Durruty expresa: “Vamos a estar muy atentos a los fundamentos porque entendemos que fundamentalmente en el caso de La Vigil se acreditó que el límite no fue el 10 de diciembre de 1983 sino que los delitos contra la vida cometidos contra la comisión directiva de Vigil tuvieron como motivación directa los delitos económicos que se siguieron cometiendo una vez recuperada la democracia. Nos sirve para impulsar la causa por Vigil”.

“Así como en Feced II en los fundamentos se incorporó que el piso del genocidio no fue el 24 de marzo de 1976 sino que empezó antes: en nuestra región el momento clave fueron los hechos de Villa Constitución de 1975. Antes perforamos el piso, ahora queremos perforar el techo”.

Comentarios