El gobernador Hermes Binner firmará mañana un decreto que habilitará el tratamiento de los tres proyectos que ingresaron a la Legislatura proponiendo la creación de fondos específicos para financiar aumentos de salarios de empleados públicos provinciales y municipales. Tras evaluar que hay un núcleo de coincidencias que hace viable alcanzar un proyecto unificado con sectores del peronismo, el gobierno optó por acelerar el trámite legislativo en busca de unos 650 millones que la oposición le cercenó durante el tratamiento del presupuesto 2010 en diciembre pasado. Si en la semana se encamina la reforma también se prevé una convocatoria a los sindicatos estatales para reformular la oferta salarial que habían rechazado.
El Frente Progresista intenta llegar a un acuerdo en la Cámara de Diputados para avanzar con una ley que habilite recursos extras a municipios y provincia y que permita destrabar los conflictos con los sindicatos estatales, que van por la segunda semana de medidas de fuerza.
El oficialismo tiene línea abierta de negociación con el bloque kirchnerista y los diputados opositores de extracción sindical. Los K hicieron punta al presentar un proyecto que propuso crear un fondo específico para reunir recursos que financien aumentos de salarios. Según esa idea, el fondo se constituiría con los 250 millones de pesos de deuda que el presupuesto autoriza a tomar; el 40 por ciento del Fondo de Contingencias, y la quita de exenciones a industrias que facturen más de 30 millones anuales, empresas de construcción y a la actividad primaria.
A ese proyecto le siguió el de los diputados oficialistas de la comisión de Asuntos Laborales, que introduce variables extra tributarias, como la utilización del ciento por ciento de los recursos reunidos en el Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (hoy está limitado a 80 por ciento del mismo) y un nuevo reparto del Fondo Sojero. En cuanto a Ingresos Brutos, propone que al quitar las exenciones se fije una base imponible de 10 millones para gravar con el impuesto.
Luego llegó la propuesta de la línea sindical, que ingresó a la Legislatura previas conversaciones con los sindicatos estatales y lleva las firmas de los diputados Alberto Cejas, titular de la CGT Santa Fe, y Silvia De Césaris, dirigente de confianza del jefe de UPCN Alberto Maguid. Este último proyecto retoma algunas cuestiones que el Ejecutivo había introducido en el proyecto de presupuesto 2010 y que el peronismo quitó. Propone gravar con 1 por ciento de Ingresos Brutos a las empresas agropecuarias que facturen más de 2 millones de pesos anuales, y con 2 por ciento a la construcción, además de elevar del 15 al 20 por ciento el impuesto para las operaciones financieras. También elimina la posibilidad de descontar de ese tributo los pagos efectuados en concepto de Tasa de Derecho de Registro e Inspección (Drei).
Los diputados sindicales prevén que permitiría una recaudación extra de 640 millones, cifra casi idéntica a la que el oficialismo pretende recuperar después del hachazo que la mayoría justicialista le impuso en diciembre pasado de la mano del reutemista y ex ministro de Hacienda Juan Carlos Mercier.
Uno de los puntos de fricción que se está conversando por estas horas es si se grava o no a la actividad primaria. El proyecto de los diputados alineados al kirchnerismo lo contempla de forma progresiva para proteger a los pequeños productores, mientras el del oficialismo lo descarta porque entiendeque el sector “está al límite de la presión fiscal ya que soporta retenciones muy altas, paga impuesto a las Ganancias y se le aumentó el Inmobiliario rural”.
Con los votos de kirchneristas y diputados sindicales, el Frente Progresista se asegura la aprobación en la Cámara baja y los dos tercios para el caso de que haya que insistir si el Senado, como es previsible, rechaza el proyecto.
El hecho de que el gobernador haya decidido que el lunes habilite el tratamiento en la Legislatura parece una señal clara de que el consenso está cerca. Queda por resolver la aplicación de Ingresos Brutos al sector rural, ya que el kirchnerismo hasta ahora pone como condición que si se va a reclamar un esfuerzo extra, todos los sectores tienen que ser parte. “¿Con qué criterio le pedimos a la industria y a la construcción y no al campo?”, se preguntó Luis Rubeo, jefe de la bancada K.
Fuentes del oficialismo prefirieron ayer no avanzar en detalles de la negociación y si se haría lugar al reclamo de Rubeo en el sentido de que “el Ejecutivo tiene que mostrar gestos de que también está dispuesto a ceder”.
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