Abogados y jueces manifestaron este mediodía su opinión sobre el proyecto que habilita el matrimonio gay y que tiene media sanción de la Cámara de Diputados, durante la reunión de la comisión de Legislación General del Senado.
La comisión, presidida por la senadora Liliana Negre de Alonso, abrió la rueda de disertaciones a las 11 en el Salón Illia de la Cámara alta, en una jornada que continuará esta tarde con la ponencia de otros magistrados.
El juez de la sala B de la Cámara Civil, Mauricio Mizrahi, se pronunció en contra del proyecto aprobado en Diputados por considerar que “se estarían vulnerando derechos de aquellos niños ubicados en una situación tan particular, como lo es el matrimonio homosexual”.
Opinó que la iniciativa “determina la aparición de la paternidad o maternidad múltiple”, una situación “tan desigual”, en virtud de que un matrimonio homosexual debería recurrir a una tercera persona para poder procrear.
“El artículo 19 de la Constitución, que determina (…) el derecho de cada cual a establecer su plan de vida pone como condición que no se perjudiquen derechos de terceros y esa es la clave”, planteó el magistrado.
Se refirió así al hecho de que “los adultos no tienen derecho a privar al niño de contar con una única madre y un único padre”, aunque advirtió que el Congreso “está en deuda” con la comunidad homosexual y juzgó que “deberían contemplarse los derechos” de las parejas gay “en todo lo que se refiere al ámbito privado”.
En sintonía, el titular del Corporación de Abogados Católicos, Eduardo Sambrizzi, advirtió que “a la sociedad no le interesa otorgar el derecho de matrimonio a dos personas del mismo sexo” y, por eso, entendió que “no se puede legislar a espaldas del pueblo”.
“Son erróneos los fundamentos que ponen el acento en la discriminación”, manifestó el letrado, para quien “prohibir no es discriminar”, sino anteponer “el cumplimiento de los requisitos que marca la ley”.
Con una postura más dura, el titular de la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, Alberto Solanet, rechazó el proyecto con el argumento de que las relaciones homosexuales “son intrínsecamente desordenadas”.
Planteó que esas relaciones “constituyen un vínculo que jamás podrá ser equiparado al matrimonio y, como tal, no puede generar derechos ni protección legal, como tampoco lo tienen la poligamia o el incesto”.
“El uso abusivo de la palabra `discriminación` es lo que más confusión causó en el derecho contemporáneo”, concluyó.
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