“Los senadores tienen una oportunidad histórica como fue el voto femenino en su momento”, sostuvo el constitucionalista Gil Domínguez, quien defendió la posibilidad de “establecer, en términos de paradigma constitucional, la igualdad de derechos”.
Sostuvo que esos derechos permiten que una nación sea plural y que “uno pueda desarrollar su biografía sin ningún tipo de descalificación moral”.
El constitucionalista Gargarella, a su turno, opinó que “no hay argumentos (válidos) para mantener una ruptura del principio de igualdad” y advirtió que la legislación actual “no le quita el derecho a casarse a una pareja que no quiere procrear o que no puede”.
Recomendó pensar “cuál es la relevancia” de las diferencias “a la hora de analizar la asignación de derechos” y juzgó que ése es el punto clave de la discusión: cuáles de los planteos en contra del proyecto son “constitucionalmente relevantes”.
En la misma línea, Clericó fundamentó su apoyo a la iniciativa en la “obligación constitucional de igualdad y de autonomía” y advirtió que un debate desde el punto de vista religioso “no es lo que se espera de un Congreso”, que debe “legislar para una variedad”.
El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires José Miguel Onaindia postuló que “el derecho a la igualdad debe interpretarse en forma dinámica y de acuerdo con los valores que la sociedad va incorporando”.
“La democracia del siglo XXI no es sólo político-partidaria, sino aquel regimen que permite a los individuos expresar su diversidad en la más amplia gama de manifestaciones”, declaró Onaindia, para quien el proyecto “impide el ejercicio de la discriminación”.
Desde una posición más crítica, el abogado Marcos Córdoba consideró “técnicamente deficiente” la iniciativa aprobada en Diputados, aunque expresó que “cualquiera sea la tendencia sexual de una persona merece la protección de la ley, equivalente a la que recibe cualquiera con una tendencia diferente”.
En tanto, la especialista en Derecho de Familia, Marilina Hotton, criticó el proyecto aprobado en Diputados por entender que tiene “vicios” y que el debate del cual surgió fue “apresurado” y marcado por la “intolerancia y por la ausencia de un análisis de las implicancias jurídicas”.
Dijo que con esa iniciativa “las mujeres son las primeras afectadas en sus derechos” porque “se suprime la palabra madre, mujer y esposa” y advirtió que esa supresión “también discrimina”.
La profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad Austral Pilar Zambrano advirtió que constituiría “una descalificación” para muchos que sólo pudieran opinar “quienes no posean una convicción religiosa”.
Advirtió que “paralelamente a los argumentos de fe hay argumentos de razón” y, como muestra, señaló que el Código Penal replica “los 10 mandamientos judío-cristianos”.
A partir de las 15 se escuchará la posición de la Asociación Internacional Gays y Lesbianas; de la Comunidad Homosexual Argentina; de la Corporación de Abogados Católicos; del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; y del Instituto de la Familia de la UCA.
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