El ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Lamberto, se reunió ayer con diputados de distintos bloques para pedirles celeridad en el tratamiento de dos proyectos que ya tienen media sanción del Senado: uno para reincorporar personal policial retirado y otro para sacar a la calle a cadetes de primer año del Instituto de Seguridad Pública para que colaboren en tareas de custodia y patrullaje.
En general, hay voluntad de los diferentes sectores políticos de acompañar las iniciativas oficiales, pero muchos diputados pidieron información a Lamberto sobre cómo se hará la selección de los policías retirados y, a la vez, solicitaron más tiempo para analizar las propuestas. El objetivo del gobierno es reforzar la seguridad sobre todo en las localidades más pequeñas, desde donde tuvieron que trasladar personal hacia las ciudades de Rosario y Santa Fe.
En el encuentro, el ministro reiteró ante los legisladores que solicitó al gobierno nacional la presencia de fuerzas federales en la capital provincial –algo que también hizo el intendente José Corral– y en la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, tal como ocurrió en Rosario a partir del desembarco de la Gendarmería y de Prefectura a principios de abril.
“Nosotros cuando hemos estado en Buenos Aires trabajando sobre el tema de la presencia de gendarmes en la provincia, siempre hicimos referencia a tres ciudades: Rosario, Santa Fe y Villa Gobernador Gálvez”, explicó Lamberto. “La Nación eligió enviarlos a Rosario por el alto nivel de violencia y la gran cantidad de asesinatos que se estaban produciendo”.
Más allá de lo que resuelva la Nación sobre el envío de tropas federales a Santa Fe, la idea del gobierno de Antonio Bonfatti es reforzar la acción de la Policía provincial, por eso Lamberto reclamó ante los diputados la pronta sanción de las dos leyes que votó la Cámara de Senadores hace dos semanas, en la última sesión del período extraordinario.
Policía Comunitaria
Otro de los temas que se abordó en la reunión fue la creación de la Policía Comunitaria, que ya cumple funciones en los barrios más conflictivos de Rosario y Santa Fe. Sobre ese punto, algunos diputados de la oposición no están convencidos del mecanismo que eligió la provincia para instrumentarla. “La creación de la Policía Comunitaria no puede depender de un decreto del gobernador”, señaló Avelino Lago, del sub-bloque justicialista Producción y Trabajo.
Tras la reunión con Lamberto, el diputado opositor manifestó su disconformidad con la propuesta y ratificó que “esta medida tendiente a prevenir el delito necesita pasar por el ámbito de la Legislatura y no depender de una decisión unipersonal que pueda desecharse en el futuro”. Además, el legislador opinó que “la inseguridad es un déficit real del gobierno de la provincia”.
Lago rechazó la puesta en marcha de la Policía Comunitaria a través de un decreto del gobernador y sostuvo que “como cuerpo legislativo tenemos la necesidad de profundizar las normativas necesarias y brindar medidas para que el Ejecutivo las adopte, con el objetivo de lograr un impacto positivo en la sociedad, tal como es el caso de este proyecto”.
La provincia firmó convenios con las ciudades de Rosario, Santa Fe y Santo Tomé a través de los cuales se estableció la creación de equipos de trabajo para cada una de las localidades, donde se estableció que recibirán 500, 200 y 60 agentes, respectivamente, pertenecientes a la Policía Comunitaria.
Según el diputado Lago, “la imposición mediante decreto resolución de esta nueva fuerza en Santa Fe significa que a nivel administrativo pueda dejar de tener vigencia en cualquier momento”.
Helicóptero para patrullar
El gobierno provincial llamó a licitación para la compra de un helicóptero para realizar patrullajes diurnos y nocturnos y prestar apoyo a las tareas de prevención del delito. La apertura de sobres está prevista para el 20 de mayo, con un presupuesto de alrededor de 1.500.000 dólares.
Según el pliego, la aeronave deberá contar con faros de búsqueda, sirena, altavoz, elementos para rescates y deberá ser de tipo liviano multipropósito, monomotor y equipada para operar bajo condiciones de reglas de vuelo visual.
El objetivo de la incorporación de otra aeronave, además del helicóptero con el que ya cuenta la provincia, es el del patrullaje en las principales ciudades de la provincia, para la prevención del delito y la actuación directa en situaciones de riesgo y emergencias.
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