Política

Horas violentas

Seguridad: el gobierno pide diálogo y la oposición quiere respuestas y resultados

Ayer se realizó la segunda reunión de la Junta Provincial. “Tenemos voluntad de trabajar en conjunto”, señaló la ministra de Gobierno, Celia Arena. “No hay ningún tipo de explicaciones”, cuestionó el diputado Del Frade


El segundo encuentro del año de la Junta Provincial de Seguridad se realizó ayer, con la presencia de la ministra de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de Santa Fe, Celia Arena, los ministros de Gestión Pública, Marcos Corach, y de Seguridad Jorge Lagna. También asistieron a la reunión en “El Molino Fabrica Cultural” legisladores y representantes del Poder Judicial. El gobernador Omar Perotti no estuvo presente por motivos personales, según se informó.

La última reunión se había realizado el 17 de febrero de este año. En este segundo encuentro del año el gobierno pidió bajar decibeles y dialogar, pero la oposición exigió respuestas y resultados.

“El diálogo se construye; tenemos voluntad de trabajar en conjunto. En idas y vueltas podemos encontrar caminos de entendimiento sabiendo que estamos en posiciones políticas diferentes” señaló la ministra de Gobierno, Celia Arena, al término de la segunda reunión de la Junta Provincial de Seguridad, que se dio en el marco del aumento del delito callejero y los graves hechos que se registraron en el departamento Rosario (ya suman 82 los crímenes en lo que va del año).

En el encuentro, la jefa de Policía, Emilce Chimenti, dijo que esta semana desde que se implementó el control policial sobre motos bajó sensiblemente la denuncia al 911 por robos de motochorros.

El ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, aseguró que en lugares donde hay una fuerte intervención del Estado provincial como el barrio Villa Banana en Rosario bajó a cero el homicidio y los heridos de armas de fuego en el año. También hay indicadores alentadores en Acería y Las Lomas, dos barrios de Santa Fe. “Sentémonos otro día a repasar estos datos” desafió el ministro que admitió que son datos alentadores y que demandan mucho recurso humano y presupuestario pero que es el camino para bajar índices de inseguridad en zonas de las grandes ciudades.

El diputado Carlos del Frade reclamó que se ponga la mirada sobre cuestiones más apremiantes. “Hay que saber cómo llegan armas con tanta facilidad a chicas y chicos en toda la provincia de Santa Fe. También se habló de la enorme cantidad de gente presa en la provincia y de la ausencia de respuesta significativa de las fuerzas federales que, además, siguen sin aparecer y no hay ningún tipo de explicaciones”, cuestionó.

En el inicio de la reunión, hubo un planteo de la Asociación de Víctimas del Delito para participar del encuentro que los ministros del Ejecutivo consideraron que no correspondía. No obstante, siguieron la reunión junto a los periodistas. Le siguieron exposiciones muy críticas de diputados. Joaquín Blanco (PS) (ver aparte), Carlos Del Frade (Frente Social y Popular), Juan Cruz Cándido (UCR), Agustina Donnet (Igualdad), Fabián Palo Oliver (UCR), Pablo Farías (PS) y Walter Ghione (Uno) fueron dejando inquietudes sobre sistema penitenciario, armas, la licitación anulada de compra de armas, policías, concurso de fiscales, etc.

El ministro de Seguridad, Jorge Lagna, y el secretario del Servicio Penitenciario, Walter Gálvez, plantearon el problema de la superpoblación carcelaria. El segundo informó que hacia fin de año habrá 1.300 nuevas plazas y que la futura cárcel federal de Coronda ya está en un 80%. “De cada cien detenidos por mes, solo egresan veinticinco” admitió Lagna y anunció que el viernes llegarán 480 autos para la policía pero que no pueden comprar camionetas ante las carencias que tiene el mercado.

Jorge Baclini, titular del Ministerio Público de la Acusación, admitió que necesitan trabajar en una mejor política de control de armas así como mejorar en la investigación de homicidios, de crimen organizado y de violencia de género. El secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, anunció que en el segundo semestre del año abrirán los concursos para designar las nuevas autoridades del MPA para que estén nombradas dos meses antes de la finalización del mandato de los actuales “para que haya una transición ordenada”.

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