La creación de un Ministerio de Seguridad a cargo de Nilda Garré pone al gobierno nacional ante una oportunidad de atacar de manera frontal el problema que más preocupa a los argentinos, según la mayoría de las encuestas. La nueva cartera implica un paso adelante porque permite dejar en claro que el problema es relevante para el gobierno.
La medida permite dejar de lado con rapidez la polémica acerca de cuál es el nivel de inseguridad y si la preocupación de la gente está potenciada o no por una “sensación”.
También pone en la agenda la necesidad de reformulación interna en las fuerzas de seguridad federales, una política que no encaró con fuerza ninguno de los gobiernos desde 1983.
Los ejes de política que encarará Garré aún no se conocen, pero pueden buscarse algunas pistas en sectores afines al gobierno nacional.
Por un lado, están los diez puntos del “acuerdo por la seguridad democrática”, que firmaron casi todos los partidos políticos –menos el PRO–, impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el ex ministro bonaerense León Arslanian.
Los criterios apuntan a lograr mayor subordinación de las fuerzas policiales al poder político, modernización y gestión democrática de esas organizaciones, ataque a las redes delictivas que generan violencia y no criminalización de la protesta social.
También, necesariamente, deberá encararse una reforma de las instituciones carcelarias.
En términos de ese acuerdo: “Una política democrática de seguridad tiene que ocuparse por que el cumplimiento de la prisión preventiva y de la pena se dé en condiciones dignas y aptas para la readaptación de la persona condenada y no contribuya, como hasta ahora, a la reproducción y agravamiento de los problemas críticos de violencia, injusticia y delito que se propone resolver”.
Otra pauta de cuál podría ser la línea oficial en materia de seguridad ciudadana la marcó el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni.
“Primero y fundamental, hay que tener un organismo de monitoreo serio, que analice la frecuencia y características de los delitos, de sus perpetradores, las zonas donde se producen, etcétera. No se puede hacer prevención de algo que no se conoce”, destacó Zaffaroni en recientes declaraciones periodísticas.
El juez explicó que “la política criminal es como la política sanitaria, hay que establecer cuáles son las patologías más graves y frecuentes para poder hacerles frente”.
“Hacer prevención no es tan caro, lo que pasa es que a nadie le interesa, falta decisión política”, subrayó.
El magistrado también destacó que “es clave tener un modelo de Policía y nosotros no lo tenemos”.
“Fíjese lo que ocurrió con la policía de la provincia de Buenos Aires en los últimos diez años, los vaivenes que hubo hacia un lado y hacia otro. Revela que no hay modelo y eso no debería suceder, no es bueno para la seguridad. Lo que deberíamos hacer es estudiar e imitar modelos exitosos de policía y eso depende de una decisión política”, consideró.
Si bien sólo tendrá a su cargo las fuerzas de seguridad federales, la ministra Garré tendrá un rol en el Consejo de Seguridad Interior, que reúne a los ministros del área provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires.
El Consejo de Seguridad Interior se reunió en diciembre de 2009 y luego encaró encuentros regionales (Noroeste, Cuyo, Patagonia Norte y Sur, Centro, Noreste y región Metropolitana).
En el marco de esa reformulación de políticas, el gobierno debería tomar nota de que para la estabilidad del sistema democrático y la paz social es clave la efectividad que puedan tener las fuerzas de seguridad.
Así como en las décadas del 60 y 70 era determinante el rol de las Fuerzas Armadas para determinar si se sostendría o no la democracia, en la actualidad es muy relevante cuál es el papel de las fuerzas policiales en ese aspecto.
El intento de golpe de Estado del que fue víctima el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, fue una muestra de ello.
Pero también lo fue la crisis política que vivió Eduardo Duhalde en 2002, cuando debió adelantar las elecciones por el asesinato de dos manifestantes a manos de la Policía.
Los incidentes del Parque Indoamericano, en Villa Soldati, revelan también que –junto con políticas sociales efectivas y adecuadas– urge contar con fuerzas de seguridad profesionales, experimentadas y alineadas con el poder político para garantizar el orden público sin represión.
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