El gobernador Miguel Lifschitz confirmó este miércoles por la tarde a distintos medios que desde este jueves comenzarán a llegar a la ciudad 300 efectivos de las fuerzas federales destinados a abordar la problemática de la inseguridad. Las idas y vueltas sobre el cuarto desembarco federal en cuatro años llenaron páginas impresas y minutos de radio y televisión, justo cuando este verano la tasa de homicidios se disparó en el departamento Rosario, amenazando con alcanzar los índices récord de 2013. Desde aquel año, ha bajado a razón de diez por ciento cada año. Según voceros oficiales, el Ejecutivo provincial se hará cargo de los gastos de alojamiento y los viáticos de los nuevos uniformados.
En febrero, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, había dicho que Nación “va a saturar los barrios más violentos”, lo que desató críticas de un sector del oficialismo provincial. Más tarde precisó que el envío de más efectivos comenzaría por la ciudad de Santa Fe y que en el segundo trimestre sería el turno de Rosario. Así, este miércoles se dijo que desde este jueves llegarán a esta ciudad unos 200 federales, a quienes se sumará otro centenar eL 1º de junio. Desde el Ministerio de Seguridad provincial precisaron que el convenio es por tres meses y que se rubricó recién cuando se consiguieron los lugares de alojamiento adecuados.
Allá por abril de 2014 el entonces secretario de Seguridad Sergio Berni comandó un efectista desembarco federal en Rosario que volteó 89 búnkers y dejó desperdigados unos dos mil uniformados por algunas semanas. El efectismo fue bien concreto: en los barrios muchos vecinos dijeron haber recuperado el hábito de estar en la calle, compartiendo mates en la vereda, ante la vista de esos uniformes que reemplazaban a los de la desprestigiada Policía provincial. Pero pronto comenzaron las denuncias de apremios y torturas contra los federales.
Un año y medio después, aún en la gestión kirchnerista, el segundo desembarco apuntó a blindar el centro y copar de efectivos el corredor que conecta la zona norte con el macrocentro, en un intento por cortar un presunto desplazamiento de asaltantes desde el sur, el sudoeste y el noroeste hacia las zonas donde viven los vecinos más acomodados, dejando al resto, incluidos los de la región metropolitana, librado a su suerte. Por entonces las entraderas parecían el problema principal.
El tercer desembarco se dio después de las marchas Rosario Sangra, ocurridas en agosto de 2016. Después de semanas donde se barajaron números de efectivos, Nación definió que la intervención en el territorio no pasaba ya por la “saturación” sino en la llegada de efectivos especializados, detectives, abocados a la inteligencia criminal en el Comando Unificado.
Un año y medio más tarde el conflicto Funes-Caminos y sus derivaciones en la pelea por el territorio para las economías ilegales de la zona sur, con el contexto del juicio a la bandas de Los Monos, escaló hasta las cinco decenas de muertes. En febrero pasado, tras un enero sangriento, la novedad que propuso la ministra Bullrich fue la creación de un “equipo multiagencial”, que según prometió funcionará en paralelo con el Comando Unificado reuniendo información criminal a partir de analistas de las cuatro fuerzas federales. Sin embargo, desde la cartera de Seguridad santafesina dijeron que en una primera etapa los agentes estarán afectados a los operativos conjuntos que ya desarrollan fuerzas de ambos niveles del Estado en los barrios Tablada y Municipal.
Hace tres semanas, 150 efectivos pasaron por Rosario rumbo a la ciudad de Santa Fe: el intendente de Cambiemos José Corral había acordado hacerse cargo de los gastos de la estadía, temática que, al decir de voceros del oficialismo nacional, demoraba la llegada a Rosario de más federales. Ahora, cuando el ministro de Seguridad provincial Maximiliano Pullaro celebró la presentación por parte del diputado del PRO Federico Angelini de un proyecto de desfederalización del narcomenudeo, llega el anuncio de tres centenares de efectivos.
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