En el marco de una nueva presentación en el Congreso Nacional del Proyecto de Ley para la Declaración de la #EmergenciaNiUnaMenos, el Observatorio Mujeres, Disidencias, Derechos de la organización Mumalá difundió los datos de femicidios – Lesbi – Trans- travesticidios registrados en la Argentina desde el 1 de enero hasta el 28 de febrero de este 2021.
Según se advierte, 69 son las muertes violentas de mujeres, travestis y trans en la Argentina de las cuales:
- 47 son femicidios, femicidios vinculados y trans- travesticidios. 1 cada 30hs
- 9 muertes violentas asociadas al género, vinculadas a economías delictivas o colaterales y robos.
- 10 muertes violentas de mujeres en proceso de investigación.
- 3 suicidios femicidas.
Asimismo se registraron 64 intentos de femicidios.
El 17 % de los femicidios fue perpetrado por integrantes de las fuerzas de seguridad, un aumento del 5% respecto a lo registrado en el mes de enero. (12%). Otro dato relevante es el aumento del porcentaje de denuncias previas que habían realizado las víctimas. Se observa un 29% frente a un promedio del 20% de meses anteriores.
Son 55 los niños, niñas, niñes y adolescentes que se quedaron sin madre.
Los femicidios
En total, fueron 47 los femicidios registrado al 28 de Febrero 2021.
- 39 directos
- 2 Vinculados de niñas/mujeres.
- 6 Vinculados de niños/varones.
Denuncias y medidas judiciales
- 29% de mujeres víctimas de femicidios había denunciado a su agresor.
- 19% tenía orden de restricción de contacto o perimetral.
- 4% disponía botón antipánico.
El 94 % de los femicidas eran conocidos por las víctimas (64 % parejas y ex parejas), mientras que el 70% de los femicidios se ejecutaron en la vivienda de la víctima o vivienda compartida.
En el transcurso de la semana la organización presentará nuevamente en el Congreso Nacional el proyecto de Ley para declarar la Emergencia Nacional en Violencia de Género.
La propuesta, que cuenta con el respaldo de más de 150 mil firmas a la fecha, habilita con carácter de urgencia la asignación presupuestaria y de recursos humanos necesarios para implementar medidas concretas, tales como: asistencia económica a quienes atraviesan situaciones de violencia de género y a familiares de víctimas de femicidios; asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito, fortalecimiento de los equipos interdisciplinarios locales para la asistencia temprana y de las organizaciones y redes sociales que actuamos en el territorio; dispositivos electrónicos duales para agresores con recursos para su monitoreo; registro único de denuncias contra agresores; protocolos de actuación y políticas de desarme en las fuerzas de seguridad para agentes con denuncias; aplicación de la Ley Micaela y de la Educación Sexual Integral, entre otras.
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