La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se pronunció a favor de “ordenar las relaciones con Paraguay, Bolivia y Perú” porque, según señaló, “el 33 por ciento” de los presos por narcotráfico son de esas nacionalidades.
“Aquel que tenga antecedentes de delitos federales, como trata, narcotráfico, no va a poder entrar, y toda persona extranjera que comenta un delito tendrá un trámite rápido de expulsión“, aseguró Bullrich al explicar las modificaciones que plantea el gobierno al régimen migratorio.
Al respecto, precisó que “cuando una persona quiera pedir una residencia temporaria o permanente, lo tiene que hacer con un certificado de antecedentes” y que “si en ese certificado hay antecedentes no se la va a recibir”.
En declaraciones a la radio La Red, la ministra indicó que “la concentración de extranjeros que cometen delitos de narcotráfico es la preocupación en el país”, por lo cual se avanza en la redacción de un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia para endurecer los controles.
“Vienen ciudadanos paraguayos y peruanos, que se terminan matando por el control de la droga”, señaló Bullrich, quien de todos modos indicó que “el 90 por ciento ingresa con algún tipo de control” y que hay “un tránsito de 10 millones de personas en las fronteras”.
Vigilar la migración de los vecinos
El último lunes, Bullrich participó de una reunión junto a sus pares de Justicia, Germán Garavano, y de Interior, Rogelio Frigerio, además del director nacional de Migraciones, Horacio García, y el secretario de Legal y Técnica, Pablo Clusellas, en el que avanzaron en las modificaciones al régimen migratorio.
Uno de los ejes del decreto sería disponer la “obligación” para el Poder Judicial de “notificar” a la Dirección de Migraciones “de todo auto jurisdiccional que atribuyan responsabilidad penal y de toda condena por delito penal contra un extranjero”, lo que permitirá que, en simultáneo con el proceso judicial, el Gobierno esté en condiciones de iniciar el acto para la expulsión.
Pero, además de los plazos, el decreto modificaría los requisitos para el acceso a la ciudadanía por naturalización: para conseguir la ciudadanía en lugar de exigir que el solicitante acredite más de dos años de residencia en el país, propone que el pedido sea evaluado por un juez federal una vez que se demuestre que esa residencia es “legal”.
El trabajo de los funcionarios nacionales busca evitar impugnaciones ante la Justicia: el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) ya advirtió que el texto del supuesto proyecto de DNU “es una regresión para los derechos de las personas migrantes” y que “su efecto será la puesta en marcha de una poderosa herramienta de control social por fuera de la ley”.
“El proyecto de DNU al que accedimos cambia el paradigma de la ley actual: amplía las causas que permiten la detención y expulsión de migrantes en situación irregular; habilita la revisión de todas las radicaciones otorgadas para quienes tienen antecedentes penales o condenas, sin importar el tipo de delito o su situación procesal; modifica los trámites de expulsión para que sean inmediatas, sin control judicial ni una defensa legal adecuada; elimina la unidad familiar y el arraigo como condiciones que evitan la expulsión”, indicó el Cels en un comunicado.
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