Alvaro Arellano
Tras el salto devaluatorio post paso nacionales, que profundizó aún más la crisis de ingresos en Argentina, el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, hizo una serie de anuncios que se fueron conociendo con mayor detalle durante la semana. Una de las incógnitas que quedó dando vueltas respecto a las medidas, es si el despliegue de recursos económicos fue suficiente como para atenuar el impacto de los incesantes incrementos que se conocieron luego de la victoria electoral de Javier Milei.
El propio gobierno reconoció que la ayuda económica, en sus distintos formatos, implicó un esfuerzo fiscal de 720.000 millones de pesos para el Estado, equivalente al 0,4% del PBI y que alcanzará a casi 21 millones de personas. Como para tener una noción de los montos referidos, cabe tener en cuenta que lo que el Estado está dejando de percibir por no cobrar Ganancias a un sector de la Justicia, mínimamente representativo, equivale a $238.000 millones (0,2% del PBI).
Algunas de las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, implican desembolsos directos, mientras que otras tienen que ver con asistencia crediticia. En esta oportunidad, el sector que concentró el volumen de recursos más importantes fue el de jubilados, mientras que quienes quedaron afuera del reparto fueron los trabajadores del sector informal.
De acuerdo a un análisis de la consultora Cifra de la CTA de los trabajadores, unos 7,8 millones de jubilados quedarán alcanzados por los beneficios anunciados, que implican una inversión de 479.290 millones de pesos. Este número contempla el bono de 37.000 pesos que se le pagará a cada beneficiario en los próximos tres meses, y la devolución de IVA en las compras con tarjeta de débito.
El grueso de las medidas fueron direccionadas a este universo, que en septiembre percibirá el incremento del 23,2% correspondiente a la ley de movilidad, pero con lo que apenas hubiese llegado a $87.459. El bono de $37.000 llevará el piso de la mínima a $124.459, mientras que aquellos que no requirieron de una moratoria previsional cobrarán $133.760.
La ayuda para jubilados incluyó también la devolución del IVA para quienes cobran hasta tres veces la mínima, en compras con débito, y con un tope de hasta $18.000 mensuales. Mientras que el paquete de asistencia se completa con la posibilidad de otorgar préstamos de hasta $400.000 en 24, 36 o 48 cuotas con tasa subsidiada del 29% anual.
Bono
El bono de $60.000 en dos cuotas de $30.000 para empleados registrados privados y estatales a cobrar durante septiembre y octubre implicó el segundo mayor esfuerzo fiscal para el Estado. En este caso buscarán llegar a casi 6 millones de personas con un equivalente a $137.100 millones de pesos.
Será para todos aquellos empleados con salarios netos de hasta $400.000 mensuales. En el caso de empresas privadas, el Estado asumirá el costo mediante al pago a cuenta de contribuciones de Micro (100%) y Pequeñas Empresas (50%).
Es el segundo mayor desembolso por parte del Estado, sobre el total del esfuerzo que implicaron las medidas de contención contra la devaluación. Durante los últimos días la iniciativa generó varios cruces con sectores del empresariado que se niegan a absorber el costo de la medida. También hubo entredichos con provincias, entre ella Santa Fe, quienes le bajaron el pulgar a la posibilidad de bajar la medida a sus distritos.
Los más castigados
En tercer lugar aparece el monto destinado a Tarjeta Alimentar. Se trata de un desembolso de $66.500 millones, que llegará a 2,4 millones de personas. Implicará un refuerzo por única vez en dos cuotas mensuales en función a la cantidad de hijos en la familia: mamás con un hijo cobrarán $10.000; familias con dos hijos, $17.000, y con tres hijos recibirán $23.000.
Para el programa Potenciar Trabajo, se destinarán unos $26.000 millones, que llegarán a 1,3 millones de personas. Será un refuerzo por única vez de $20.000, que serán pagados en dos cuotas en setiembre y octubre.
Por su parte, para el sector de trabajadoras de casas particulares irá destinado un total de $4.240 millones, que contempla a unas 424 mil personas. Se trata de un refuerzo por única vez de $25.000 en dos cuotas mensuales, proporcional a las horas trabajadas. El Estado reembolsará el 50% del refuerzo a los empleadores.
Por último, aparece el universo de monotributistas, que recibirán un mínimo descuento del pago mensual y la posibilidad de acceder a créditos. Para esta población de 2,9 millones de personas, el Estado destinó $7.752 millones.
Para este último caso, durante seis meses las categorías A,B,C,D no pagarán el componente impositivo. Para los primeros, este anuncio significa un descuento de $500. Todas las categorías podrán acceder a préstamos de hasta $4.000.000 (dependiendo de la categoría), con una tasa de interés equivalente al 50% de la tasa de mercado, con un financiamiento de estas líneas de crédito de hasta 24 cuotas.
La importante asistencia en este contexto de crisis que se le otorgó al universo de jubilados, contrasta con la contención que se le dio al sector de monotributistas, quienes más allá de un descuento mínimo en el componente de su pago mensual, no recibirán una suma adicional. Una escenario similar al de los asalariados informales, que según los últimos datos oficiales de Indec, representan un universo superior a las 3,6 millones de personas.
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