Ezequiel Nieva
La relación entre el gobierno provincial y la Legislatura hasta ahora no fue fácil y a futuro, por lo que se ve, será mucho más difícil. Con el paso del tiempo la política santafesina entrará en modo electoral. Eso significa que habrá menos trabajo legislativo y que los referentes territoriales van a estar más ocupados en los comicios de medio término que en los proyectos que tienen en estudio en ambas cámaras.
La Constitución de Santa Fe establece un período ordinario de sesiones que va de mayo a noviembre (siete meses) y otro extraordinario entre diciembre y abril (cinco meses, que en realidad son cuatro porque en enero la Legislatura cierra por receso de verano).
En los cuatro meses del actual período extraordinario, que culmina el 1º de mayo con la apertura de sesiones ordinarias y el discurso del gobernador Omar Perotti ante las cámaras, la Legislatura aprobó apenas cinco leyes sobre un total de 25 proyectos habilitados por el Poder Ejecutivo para su tratamiento. Un porcentaje muy bajo que deja a la vista la poca fluidez que se observa en la relación institucional entre ambos poderes.
Para peor, los temas que son centrales para el Ejecutivo aún no fueron aprobados, entre ellos el plan de conectividad para llevar internet a toda la provincia y las leyes de seguridad que elaboró el ex ministro Marcelo Sain y que ahora reclama su sucesor Jorge Lagna.
El plan de conectividad implica el desarrollo de 4.000 kilómetros de fibra óptica en territorio santafesino y parte del diagnóstico que hizo el gobernador Perotti en su anterior mensaje ante la Asamblea Legislativa, el 1º de mayo de 2020: “La pandemia puso en evidencia déficit estructurales. Uno de ellos es la pobre conectividad de la provincia. El 50% de nuestros chicos y chicas no tiene internet y hay 78 localidades a las que no llega internet fijo. La conectividad tiene que ser un derecho básico”.
En aquel momento Perotti justificó la iniciativa con datos elocuentes: el 30,5% de los hogares santafesinos no tiene conexión a internet y sólo el 18,9% tiene una buena conexión. Apenas 793 escuelas públicas (el 28% del total) está conectada a la web para uso pedagógico, una realidad que hace lejana la posibilidad de una educación a distancia integral y de calidad y que terminó acelerando el regreso de las clases presenciales en el momento más peligroso de la pandemia.
Lo que traba el avance de ese proyecto, que tiene media sanción del Senado pero aún no fue tratado por la Cámara de Diputados, es el financiamiento. Según el gobierno, se necesitan 124 millones de dólares para concretar el plan: 24 millones los aportaría el Tesoro provincial y los otros 100 millones serían financiados por el Banco de Desarrollo de América Latina.
Para el Frente Progresista, que tiene mayoría propia en la Cámara de Diputados, es un proyecto que genera dudas por el volumen de financiamiento externo que implica. Un proyecto caro. En distintas ocasiones, diputados de la oposición pidieron más información al gobierno para analizar el tema; hasta hora no hubo mayores avances. “Los proyectos tienen una serie de inconsistencias que necesitamos que el gobierno aclare para poder avanzar”, explicó a principios de año la diputada socialista Clara García.
Otra de las prioridades anunciadas un año atrás por Perotti son las nuevas leyes de seguridad, que el ex ministro Sain envió a las cámaras recién en octubre. Se trata de una reforma ambiciosa que busca modernizar un sistema de seguridad pública que el verborrágico ex funcionario había definido como “cavernícola, vetusto y rústico”.
Al asumir al frente del Ministerio de Seguridad, en marzo, Jorge Lagna dijo que la sanción de esas leyes es una de las prioridades de su gestión y, para darle un nuevo impulso, se comprometió a reabrir el diálogo con los bloques opositores. En la Legislatura están esperando que esa promesa se concrete: durante los 15 meses que duró la gestión Sain no hubo reunión alguna para avanzar en esas leyes y, si bien Lagna se muestra más abierto a negociar con la oposición, hasta ahora tampoco se concretó algún encuentro a pesar de que la Cámara baja ya lo invitó formalmente.
Así como la oposición –y en particular el Frente Progresista– quiere mirar con lupa cada proyecto del gobierno, en paralelo propone una agenda propia en la cual se destaca la necesidad de que el Estado provincial asista a los sectores afectados por la pandemia del coronavirus. El último reclamo en ese sentido, por parte de los diputados socialistas, fue por la reglamentación de la ley de emergencia para hoteleros y gastronómicos.
En ese tire y afloje transcurrió el período de sesiones extraordinarias que culminará, esta semana, con la elección de las autoridades parlamentarias para el próximo año.
Rebelión en el Senado
Perotti supo desde el día que ganó las elecciones que la relación con la Legislatura no iba a ser fácil. El Frente Progresista tiene el control de la Cámara de Diputados (con 28 bancas sobre un total de 50) y la tropa propia es escasa: el PJ cuenta apenas con siete votos propios.
Como en Santa Fe no hay renovación legislativa por mitades en las elecciones intermedias (algo que sí pasa en el Congreso y en los Concejos municipales), el actual gobierno ya sabía de antemano que esa dificultad estaría presente durante los cuatro años del mandato y que el avance de las leyes clave iba a requerir de arduas negociaciones en un terreno hostil.
Para colmo de males, el gobierno tiene que lidiar en el Senado con dos bloques opositores a falta de uno: los siete representantes de la UCR, alineados en el Frente Progresista, y el bloque Juan Domingo Perón que lidera el sanlorencino Armando Traferri con seis integrantes. Una situación inédita que no se ha visto bajo ningún gobierno peronista.
En el año y medio que lleva la actual gestión, el bloque de Traferri ha intercalado apoyos y observaciones hacia el gobierno. Avaló las leyes de emergencia ante la pandemia del coronavirus y la política tributaria de la Casa Gris, pero al mismo tiempo impulsó iniciativas –en alianza con el Frente Progresista– que limitan la acción del Poder Ejecutivo.
Las más ruidosas fueron en noviembre de 2020 y se conocieron como “leyes anti-Sain”. Una de ellas apunta a controlar los gastos reservados del Ministerio de Seguridad y la otra modifica el reglamento del Ministerio Público de la Acusación (MPA) con el objetivo de que ningún funcionario pueda asumir cargos en ese organismo después de haber pasado por el Poder Ejecutivo. En el gobierno lo interpretaron como un claro mensaje de los senadores y los diputados contra Sain y, en forma más abarcativa, contra Perotti.
Las llamadas “leyes anti-Sain” en realidad forman parte de un conflicto más amplio entre los tres poderes del Estado que tiene como centro de la disputa las competencias y los controles cruzados. Eso se puede observar con mayor nitidez en la ríspida relación que mantienen la Legislatura y el MPA respecto de las investigaciones en las que están involucrados fiscales del sistema penal.
Ahora, a días del inicio de un nuevo período de sesiones ordinarias –durante el cual la Legislatura está en condiciones de debatir todos los proyectos y no solamente los que autoriza el Poder Ejecutivo–, Traferri ingresó una iniciativa que busca reglamentar por ley el reparto de los fondos del Plan Incluir, el programa emblema de la actual gestión que reemplazó al Plan Abre y le permite al gobierno realizar inversiones directas, en forma discrecional, en municipios y comunas de toda la provincia sin tener la obligación de negociar esos aportes con los senadores.
Casi como un vocero de la oposición, Traferri argumentó que su proyecto apunta a transparentar el reparto de los recursos del Plan Incluir: “El programa ha generado reclamo de parte de jefes comunales e intendentes por la falta de equidad que se observa en los proyectos que se van aprobando para las distintas localidades”. Cualquier similitud con la línea discursiva del Frente Progresista no es mera coincidencia.
La única buena noticia para el gobierno de Perotti en el Senado es la ampliación del bloque Lealtad. En la última semana se confirmó que Eduardo Rosconi y Cristina Berra se van a integrar formalmente a ese bloque, que comanda Alcides Calvo. Implica un mayor peso político del perottismo en las comisiones internas del Senado, donde se deciden los temas que luego se llevan al recinto. Ahora los bloques justicialistas Lealtad (Calvo) y Juan Domingo Perón (Traferri) tienen seis integrantes cada uno y, paradójicamente, la UCR se convirtió en el espacio mayoritario con siete bancas. El desmembramiento del espacio de Traferri, que llegó a aglutinar a ocho de los 12 senadores del PJ, es una módica buena noticia para la Casa Gris. Algo es algo.
Toma y daca
En 2020, el gobierno exploró –con éxito parcial– una serie de acuerdos políticos con la Legislatura para tratar de conseguir las leyes que Perotti considera indispensables.
Los temas más importantes para el oficialismo fueron el Presupuesto 2021, la ley de paridad de género, la adhesión a la nueva normativa nacional de Riesgos de Trabajo (ley de ART), la reforma de las leyes de seguridad pública y la creación de la empresa estatal Santa Fe Redes, que tendrá a su cargo el desarrollo de la infraestructura de energía y conectividad.
El gobierno consiguió la sanción del presupuesto –y luego la ley tributaria que lo complementa–, la paridad de género y la nueva normativa de ART. Sin embargo, en la Casa Gris todavía esperan que los diputados opositores y los senadores de todos los bloques se pongan a estudiar la ley de conectividad y la reforma en materia de seguridad.
En su última sesión, el 8 de abril, la Cámara de Diputados decidió invitar a tres ministros del gabinete para que brinden información sobre sus respectivas áreas: Sonia Martorano (Salud), Daniel Costamagna (Producción) y Jorge Lagna (Seguridad). El avance de la segunda ola de la pandemia llevó a los diputados a postergar esas reuniones, que aún no tienen fecha.
A duras penas, el gobierno intenta abrirse paso en el espinoso terreno de la Legislatura. Allí, el próximo sábado 1º de mayo, Perotti dará un nuevo discurso en el marco de la apertura del período de sesiones ordinarias y dejará planteadas las necesidades que tiene la Casa Gris en materia legislativa. ¿Conseguirá en 2021 lo que no pudo lograr en 2020?
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