Candela Ramírez
Los juicios que investigan crímenes de lesa humanidad cometidos en Rosario siguen su curso este miércoles 10 en los Tribunales Federales de Rosario. La conocida como causa Klotzman investiga por primera vez los crímenes cometidos en la Quinta de Fisherton (San José de Calazans al 9100), a miembros de la Policía Federal de Rosario y un caso de apropiación y robo de identidad: se trata de la nieta recuperada número 103.
El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario, integrado por Emilce Rojas, Eugenio Martínez y Osvaldo Facciano. En esta etapa de la pandemia por coronavirus, las audiencias serán mixtas entre virtual y presencial, cada 15 días. Si los testigos lo solicitan podrán declarar en forma presencial.
El fiscal Adolfo Villate, de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado de Rosario, contó a El Ciudadano que si bien al inicio había expectativas de llegar a una sentencia ejemplar en marzo, el cronograma de testimonios que manejan indica que el fallo recién se conocerá entre junio y julio de este año.
Cada juicio tiene su particularidad. En este caso, además de ser por distintas razones pionero, se trata de una causa donde hay sólo dos sobrevivientes conocidos hasta el momento. Fernando Brarda fue el único durante muchos años, hasta que Daniel Guibes prestó por primera vez declaración en 2016, aunque su caso no llegó a constituirse para esta elevación. Ninguno de los dos era militante político, sin embargo los demás, que fueron asesinados o continúan desaparecidos, eran militantes del PRT-ERP.
Los secuestros de las 29 víctimas se sucedieron entre agosto y octubre de 1976. “Se trata de una caída en serie, bastante continuada, un caso tras otro de militantes del PRT. Y da cuenta de cómo el Ejército se valió de otras estructuras, no sólo de los grupos de tareas propios sino también de los grupos de tareas de las fuerzas de seguridad”, señaló Villate.
Además, estos crímenes demuestran algo que desde la Unidad siempre resaltan: “Cuánto se valían de las sesiones de tortura para obtener información y así seguir provocando secuestros. Es una parte sustancial del aparato de inteligencia que siempre se nutría de información obtenida bajo torturas”.
Por su parte, Santiago Bereciartua, que integra la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, recordó el especial interés que tiene la institución en juicios donde se investigan casos de apropiación y robo de identidad. Cecilia Barral tenía nueve meses de embarazo y su fecha de parto coincide con el momento de secuestro.
El 2 de agosto de 1976, Barral y Ricardo Klotzman fueron secuestrados en su domicilio ubicado en Necochea al 2000. El 11 de agosto de 1976 Barral fue trasladada para dar a luz; se desconoce el lugar exacto donde se produjo el parto. La beba fue entregada en adopción días más tarde por el juez Luis Vera Candiotti. Su identidad fue restituida recién en abril de 2011, luego de que Abuelas se constituyera como querellante para que su ADN pudiera ser analizado por el personal del Banco Nacional de Datos Genéticos y no por el Cuerpo Médico Forense, tal como había solicitado la defensa. María Pía es la nieta recuperada número 103. Su mamá y su papá continúan desaparecidos.
Bereciartua explicó que Abuelas focaliza su lucha en dos aspectos: la búsqueda de nietas y nietos apropiados durante la dictadura y también la atribución de responsabilidades penales por el plan sistemático de robo de bebés.
Además hubo otras tres mujeres embarazadas cuyos secuestros se investiga en estas causas. Se trata de Isabel Ángela Carlucci, María Laura Gonzalez y Liliana Beatriz Girardi. Hasta ahora se desconoce si los embarazos llegaron a término o no. Según testigos a las tres se las llevaron con vida de sus domicilios. Esperan que en lo que queda del juicio se obtenga más información: “Desde Abuelas buscamos hasta que se sepa que no tenemos que buscar más”.
Víctimas e imputados
Las víctimas son: Cecilia Beatriz Barral, Ricardo Horacio Klotzman, la nieta recuperada hija del matrimonio Klotzman-Barral, Juan Alberto Tumbetta, Edgardo Silva, Osvaldo Aníbal Matosky Szeverin, Fernando Patricio Brarda, María Laura Gonzalez, Ricardo José Machado, Elvira Estela Marquez, Liliana Beatriz Girardi, Julio Adolfo Curtolo, María Teresa Latino, María Teresa Serra, Elvio Ignacio Castañeda, Alejandro Ramón Pastorini, José Ángel Alba, Herminia Nilda Inchaurraga, José Rolando Maciel, Elena Cristina Marques, Dante Rubén Vidali, Isabel Ángela Carlucci, Víctor Hugo Fina, Héctor Alberto González, María Teresa Vidal Martínez Bayo, Juan Carlos Lieby, Daniel Emilio Garrera, María Victoria Gazzano Bertos y Oscar Alberto Medina.
En la causa hay cuatro imputados: Jorge Alberto Fariña, Federico Almeder, René Juan Langlois y Enrique Andrés López. El primero es retirado del Ejército Argentino, destinado al Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario y ya ha sido juzgado por crímenes de lesa humanidad; los demás son ex agentes de la Policía Federal Argentina delegación Rosario y afrontarán su primer juicio de este tipo.
Todos los acusados se encuentran en prisión preventiva en modalidad de detención domiciliaria. Desde la elevación en 2015 se sucedieron tres suspensiones hasta su inicio en septiembre de 2020. En el transcurso fallecieron tres represores vinculados con la causa: Luis Paulino Coronel, Rubén Oscar Jaime y Juan Dib. Los tres eran integrantes de la Policía Federal.
Los imputados están acusados por los delitos de homicidio agravado, privación ilegítima de la libertad agravada, tormentos agravados, asociación ilícita y supresión de identidad, sustracción, retención y ocultación de un menor de 10 años. Es la primera vez que se juzga los últimos dos delitos en Rosario.
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