El ex juez santafesino Rubén Saurín, investigado por robo de energía, deberá prestar declaración indagatoria el jueves en el marco de una causa que lleva más de seis años de trámite. El proceso estuvo varias veces a punto de ser archivado, pero un fallo de Cámara ordenó que se siga investigando a Saurín por “estafa a la administración pública”.
La causa comenzó con una denuncia realizada por la Empresa Provincial de la Energía (EPE) contra el juez, entonces en funciones, en marzo de 2009 por una conexión irregular en la bajada de luz de su domicilio particular. Tras el escándalo, el magistrado santafesino se jubiló, pero la investigación judicial siguió adelante.
La última movida de la defensa de Saurín fue pedir la suspensión del juicio a prueba (probation).
El juez de Instrucción Penal de Santa Fe, Luis Octavio Silva, decidió llamar a prestar declaración indagatoria al ex magistrado para determinar si corresponde aplicar o no la probation.
El proceso penal contra el ex juez fue archivado dos veces, en 2009 y en 2013, pero esas resoluciones fueron declaradas nulas luego de ser apeladas por la Fiscalía, que entiende que el delito investigado –cometido por un funcionario público contra el propio patrimonio público– no puede prescribir.
Durante el gobierno de Hermes Binner, el caso Saurín produjo fuertes cruces entre el Poder Ejecutivo y algunos sectores de la Justicia provincial, que ensayaron una defensa corporativa del magistrado acusado por la EPE, que es querellante en la causa.
El hecho por el cual es investigado Saurín fue caratulado como “Conexión directa clandestina”. La denuncia se efectivizó luego de que operarios de la EPE detectaran en su casa de barrio Guadalupe, en la ciudad de Santa Fe, en marzo de 2009, una conexión irregular a la red de energía eléctrica.
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