Luciana Mangó
La Justicia condenó a una empleada del Colegio de Odontólogos que falsificaba firmas y documentos para quedarse con plata de los pagos a proveedores, becas y ayudas económicas. Durante un año y medio recaudó 250 mil pesos de la caja. El fiscal de la Unidad de Investigación y Juicio, Fernando Dalmau la acusó de defraudación por administración infiel y utilización de documento falso. El juez Pablo Pinto homologó un acuerdo entre las partes y la condenó a un año y medio de prisión en suspenso y tres años de reglas de conductas.
La mujer tiene 47 años y desde 2009 trabajaba como asistente del contador en el Colegio de Odontólogos. Era la encargada de la caja, administraba y entregaba dinero de ayudas económicas, becas y subsidios a los odontólogos matriculados. Recibía las solicitudes y las elevaba al tesorero. Cuando las aprobaban, entregaba el dinero. También tenía que pagarle a los proveedores. Había sido designada por el directorio y estaba habilitada para manejar plata sin intermediarios.
A medidos de 2015, un estudio contable externo auditó las cuentas y encontraron irregularidades en la caja a cargo de la mujer. Le pidieron los documentos para constatar la irregularidad, pero no los quiso entregar. Un día los contadores hicieron un chequeo sorpresa de la caja y encontraron que las constancias de entrega de dinero había firmas falsificadas. La mujer reconoció todo. Dijo que tomó dinero de la caja porque lo necesitaba y que pensaba pedir un crédito para devolverlo. La denunciaron y le hicieron un sumario administrativo.
Investigación
Los abogados del Colegio de Odontólogos entrevistaron a dos dentistas que habían pedido una ayuda económica. Ellas les contaron que nunca vieron el dinero y que las firmas en los recibos y pagaré eran falsas. “Sustracción de fondos, datos adulterados, omisiones administrativas, y duplicidad de trámites en la entrega de becas y ayudas económicas”, fue el resultado de la pericia contable. Descubrieron que la mujer truchaba las facturas para compensar la falta de dinero en la caja. También falsificaba la firma de las personas que habían solicitado una beca o ayuda económica para simular que la habían recibido para quedarse con el dinero. Por último, exageraba el período de tiempo de los subsidios pedidos por incapacidad para recibir más dinero y quedarse con la diferencia. Falsificó firmas de asociados, miembros y proveedores desde enero de 2014 a junio de 2015 y recaudó cerca de 250 mil pesos.
El fiscal Fernando Dalmau la acusó de defraudación por administración infiel y utilización de documento falso. Pidió la pena de un año y medio de prisión condicional, ya que la acusada no tenía antecedentes, y tres años de reglas de conducta. Este martes el juez Pinto firmó el acuerdo entre la defensa y la Fiscalía donde asumió la culpa y se comprometió con distintas reglas de conducta: Deberá fijar residencia, respetar lo que le digan desde la Dirección de Control y Asistencia Post Penitenciaria, no abusar de alcohol o drogas, buscar trabajo y no acercarse ni tener contacto con las víctimas. Para condenarla, el juez analizó los informes contables y las entrevistas al presidente del Colegio, al contador, al tesorero, y a los beneficiarios que nunca lo fueron.
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