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Se postergó la discusión

Sin acuerdo firme con el Frente para la Victoria, el oficialismo decidió no sesionar en la Legislatura.

En la Legislatura, no hubo fumata blanca. La sesión de ayer se suspendió para el próximo martes, ocasión en la que se discutirán –siempre que el oficialismo logre acordar con una parte de la oposición– las alternativas para crear un fondo que permita al Ejecutivo afrontar los reclamos salariales de estatales y docentes y destrabar, de esa forma, un conflicto que tiende a agudizarse.

Por la mañana sesionó  la Comisión de Asuntos Laborales, que emitió un dictamen de mayoría –firmado por los seis diputados oficialistas y los dos justicialistas de extracción gremial– y otro de minoría, firmado por tres diputados del reutemismo y del obeidismo. Pero la cosa se trabó después, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, donde el oficialismo y el kirchnerismo no lograron un acuerdo.

La decisión de suspender la sesión fue del FPCyS, cuyos operadores vieron que sin un acuerdo firme con el bloque del Frente para la Victoria y sus aliados el proyecto podría naufragar. Hasta entonces había acuerdo sobre algunos temas –moratoria, uso del 100 por ciento del Fuco, cambios en el reparto del Fondo Sojero, entre otros– pero persistían las diferencias en el plano fiscal.

El principal escollo: la aplicación de Ingresos Brutos a las actividades que, en la actualidad, están exentas. El Frente para la Victoria piensa que imponer tributos a las constructoras a partir de un piso de facturación anual de 1 millón de pesos –como acordaron el oficialismo y los diputados cegetistas– va a impactar en los precios de los inmuebles y los alquileres. “Ninguna empresa va a absorber este impuesto de 2,5 por ciento que se les quiere aplicar”, señaló Oscar Urruty, del Partido Progreso Social (PPS), uno de los aliados del kirchnerismo.

También hay diferencias en cuanto a la aplicación de Ingresos Brutos a la industria. El oficialismo había fijado 10 millones de pesos como piso a partir del cual se aplicaría el tributo, mientras que el kirchnerismo propuso que fuera de 30 millones y los diputados cegetistas –Alberto Cejas y Silvia De Césaris– propusieron que la actividad siga exenta. El titular del bloque del FPCyS, Raúl Lamberto, admitió que están dispuestos a modificar ese piso, siempre que haya un acuerdo que le permita al gobierno tener fondos de otras fuentes.

Mientras tanto, los diputados del reutemismo y el obeidismo otean desde un costado cómo siguen las negociaciones y se manifiestan dispuestos a dar el debate, aunque sin moverse de su posición, contraria a la suba de impuestos. Por lo pronto, lograron que en el dictamen de mayoría de la Comisión de Asuntos Laborales se incorpore un artículo que exige al Ejecutivo que ratifique su “política de contención del gasto de funcionamiento”: esto es, el ahorro que le vienen reclamando al gobierno.

“No se logró reunir el consenso necesario para aprobar el proyecto. Están dadas las condiciones, pero se necesitan unos días más para llegar a un entendimiento. La idea es lograr el máximo consenso posible”, explicó el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Di Pollina.

Urruty dejó en claro que el kirchnerismo no está dispuesto a bajarse del reclamo central: que el campo también pague Ingresos Brutos: “Creemos que tiene que ser pareja la contribución de la comunidad. No estamos de acuerdo en que sean las actividades industrial y comercial las únicas gravadas”.

La diferencia, en ese aspecto, es muy grande: mientras que los diputados K proponen gravar al campo a partir de una facturación de 1 millón de pesos anuales, el dictamen de mayoría propone que sea a partir de los 30 millones.

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