Coronavirus, Política

Salud pública

Se oponen a que una multinacional patente droga utilizada para posible tratamiento del covid-19

La Fundación Grupo Efecto Positivo se opuso a los pedidos de propiedad intelectual que Gilead reclama en Argentina sobre el Remdesivir. La multinacional farmacéutica busca monopolizar y fijar el precio de la droga. "Los medicamentos no deberían ser sólo para los ricos, son bienes sociales", dijeron


La Fundación Grupo Efecto Positivo (Gep) presentó oposición a pedidos de patente que una multinacional farmacéutica estadounidense hizo al Estado argentino sobre el Remdesivir, uno de los medicamentos bajo ensayo clínico para combatir el covid-19 que se muestra como el tratamiento más promisorio. Mediante las patentes, sostienen, las empresas farmacéuticas crean monopolios y fijan precios. Por eso, Gep solicitó al Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inpi) que rechace la solicitud de patente de Gilead Sciences para eliminar barreras monopólicas que la empresa multinacional pretende generar en torno a esta droga, que podría ser clave en el tratamiento de la pandemia. “Debemos poder terminar con el abuso por parte de las empresas farmacéuticas transnacionales que desarrollan tecnologías a precios inalcanzables para la mayoría de la población. Los medicamentos no deberían ser sólo para lxs ricxs, los medicamentos son bienes sociales”, expresaron desde Gep.

La Fundación Gep es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro fundada en 2006 y con sede en Argentina, que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con VIH/Sida, promoviendo el ejercicio de sus derechos, su empoderamiento e involucramiento efectivo en los espacios de toma de decisión, además de la eliminación de las barreras de acceso a los medicamentos esenciales para el tratamiento tanto del VIH/Sida como de la Hepatitis C. Posee una amplia red de socios de la sociedad civil, académicos y gubernamentales, y ha facilitado el diálogo multilateral sobre políticas públicas en materia de salud.

“Las empresas farmacéuticas ya no son laboratorios donde hay científicxs buscando una solución: detrás hay grandes fondos de inversión que especulan con nuestra salud. No les interesa salvar vidas, desarrollan sus productos sólo para aquellas personas y Estados que los puedan comprar a precios monopólicos y extorsivos que imponen. Ya hemos sido testigos, recientemente de cómo esta corporación farmacéutica bloquea el acceso a medicamentos que salvan vidas. Debemos frenar la captura corporativa y el abuso que las farmacéuticas transnacionales hacen sobre nuestra Salud, sostuvo José María Di Bello, presidente de Fundación Gep.

Desde Gep explican que los medicamentos son caros porque están regidos por patentes. Que el precio sea alto no significa que la producción sea costosa: las patentes crean monopolios y permiten que las empresas fijen precios. Generan derechos exclusivos que excluyen a otros de producir, comercializar e importar los productos patentados. El sistema de patentes desarrolla tecnologías que son inaccesibles para la mayoría de la población. Solo le interesan al mercado para conseguir ganancias. Según la organización humanitaria internacional Médicos Sin Fronteras, cada año en los países en vías de desarrollo mueren 13,5 millones de personas por falta de acceso a medicamentos.

El Remdesivir es un medicamento bajo ensayo clínico para tratar el covid-19 y se muestra como el tratamiento más promisorio. Si las evidencias demuestran su eficacia, Gilead podría reclamar exclusividad de producción y comercialización amparándose en las patentes que tiene en más de 70 países. Este monopolio pondría en riesgo la accesibilidad de un tratamiento a millones de personas en todo el mundo.

Gilead es una de las corporaciones farmacéuticas transnacionales más grandes del mundo y está conformada por una sociedad de varios fondos de inversión, entre los que se destacan BlackRock, uno de los acreedores de la deuda externa argentina. La empresa, con sede en Estados Unidos, se especializa en la producción de antirretrovirales y medicamentos para la Hepatitis C.

Las patentes permiten que las empresas fijen a sus productos precios imposibles de comprar. En el caso de Sofosbuvir –una droga para curar la Hepatitis C– Gilead fijó un precio de 84 mil dólares estadounidenses el tratamiento para una persona por contar con patentes en algunos países. Según informes de la Universidad de Liverpool, que este medicamento podría ser producido por 100 dólares. Y, de acuerdo con esa misma institución, el precio de producción de Remdesivir es de un dólar o menos por día de tratamiento.

Lorena Di Giano, directora ejecutiva de Fundación Gep, explicó que en Argentina, Gilead presentó al menos seis pedidos de patente con los que pretende apropiarse de la tecnología médica. Gep se opuso.

“En sus solicitudes al Inpi, Gilead intenta reivindicar métodos terapéuticos que no son patentables en Argentina. De ese modo, Gilead pretende obtener derechos exclusivos para producir y comercializar Remdesivir a precios exorbitantes”, dijo Di Giano. “Nuestro objetivo es evitar los comportamientos abusivos de Gilead en Argentina en el marco de la pandemia de covid-19”, agregó.

 

De patentes y soberanía

Desde Gep explican que el actual sistema de producción y comercialización de tecnologías médicas a nivel mundial está basado en leyes de propiedad intelectual, que dejan que sea el mercado el que defina cuáles son las “necesidades en salud” al desarrollar sólo lo que es rentable y no lo que es prioritario; promueven la concentración de poder en las pocas empresas que logran patentar sus productos y frenan el desarrollo industrial en los países menos desarrollados.

Estas reglas, que favorecen a los monopolios que el mismo sistema genera, fueron determinadas por los países miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC) durante la Ronda de Uruguay entre 1986 y 1994, en el denominado tratado sobre Aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. En 1994 Argentina adhirió a ese tratado mediante el cual se otorgan títulos de patentes que les dan a quienes los poseen el poder de excluir a otros de producir, comercializar e importar los productos patentados durante un mínimo de 20 años.

Pero, además, el mismo acuerdo incluye una serie de herramientas, denominadas “salvaguardas en salud”, que sirven para que cada Estado, en ejercicio de su soberanía, pueda establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones del tratado y proteger la salud pública, de acuerdo a su propio sistema jurídico.

Un tipo de salvaguarda es el que utiliza Gep: la oposición a las patentes. Estas pueden presentarse cuando las solicitudes depositadas por las empresas en las oficinas de patentes no cumplen con los requisitos legales para merecer ese título de propiedad.

Lo que hace Gep en Argentina es contribuir en el examen de solicitudes y advertir al Inpi –el organismo local encargado de aprobarlas o no– cuando una empresa multinacional pretende obtener una patente sobre un medicamento de relevancia sanitaria pero que no cumple con los requisitos de patentabilidad.

Las oposiciones evitan que se otorguen patentes abusivas, pero cuando las patentes ya han sido otorgadas, el Estado puede servirse de otro salvaguardas, incluido en el mismo acuerdo de la OMC, que permite a los países limitar los derechos exclusivos de los titulares de patentes en casos de emergencias y necesidades de salud pública, para habilitar el acceso amplio a medicamentos en versiones genéricas más económicas.

Esta salvaguarda se conoce como “licencias obligatorias”, que sirven a los gobiernos para hacer uso del objeto patentado sin fines de lucro o con destinos no comerciales, como la investigación pública.

“La autoridad pública, mediante la licencia, permite la entrada de competidores al mercado, lo que sin dudas hace bajar los precios y contribuye a garantizar que todos puedan acceder, sin importar su capacidad económica sino su necesidad de salud”, subraya Di Giano, que es especialista en propiedad intelectual, y aclara que no deben ser confundidas con las “licencias voluntarias” como las que Gilead otorgó hace casi un mes a India y a Pakistán.

El 12 de mayo Gilead mostró ante el mundo un gesto que pretende ser humanitario: firmó licencias voluntarias no exclusivas con cinco fabricantes de medicamentos genéricos de India y Pakistán, con el supuesto objetivo de “ampliar la disponibilidad de Remdesivir”.

La firma de estas licencias voluntarias apunta a la producción de versiones genéricas del fármaco y que se posibilite el acceso a este medicamento en 127 países del mundo. Pero desde Gep lanzaron una advertencia: en realidad, dicen, “se trata de una maniobra abusiva: la empresa pretende dominar el mercado mundial cediendo voluntariamente su tecnología a sólo cinco productores en el mundo e imponiendo un ámbito geográfico de cobertura que excluye a los países que más estarían necesitando el medicamento”.

Pese a que los sistemas de salud públicos latinoamericanos están en crisis y cada día crece significativamente la cantidad de personas afectadas o fallecidas por el covid-19, ni Argentina, ni Brasil, ni Perú, ni Chile, ni Paraguay, ni Bolivia, ni Ecuador, ni Uruguay, ni Colombia, ni Venezuela forman parte de los beneficiarios de la licencia voluntaria. Es decir: Sudamérica toda quedó excluida de la lista de 127 países elegidos por Gilead, esto es, 440 millones de personas.

La estrategia de Gilead es liberar comercialmente las patentes en los países de renta baja, es decir, donde la situación económica hace que se venda poco el producto, pero sigue presionando en lugares del mundo de renta media, como en Sudamérica, adonde podría aplicar precios abusivos, como lo hace con los medicamentos para tratar la Hepatitis C.

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