Un banco, una empresa de alimentos de capitales argentinos, una gran proveedora para la industria petrolera y la construcción, una desarrolladora inmobiliaria para público ABC1.
Un gran grupo de medios de comunicación, una constructora cercana al poder. Estas seis empresas, entre otras, ya les comunicaron por varias vías a muchos altos referentes del gobierno, incluyendo al propio Mauricio Macri, la intención de recomprar las acciones de esas mismas compañías, hoy bajo la administración de la Ansés.
El organismo que maneja Emilio Basavilbaso ejerce la administración de parte de las acciones de unas 46 compañías a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), a partir de la nacionalización de las AFJP en 2008; y tal como adelantó en abril este diario el plan del Ejecutivo es desprenderse de todo o parte de este paquete para derivar el dinero a cerrar la deuda previsional. Según los datos de diciembre del año pasado, últimos oficiales, el gobierno manejaba unos 82.092 millones de pesos en esta cartera, de acuerdo con la valoración bursátil y de los balances disponibles de las propias compañías. Si bien no hay actualización del dato, desde el propio gobierno estiman que ya se superan los 100.000 millones de pesos.
La fórmula legal para incluir este capítulo en la ley que llegó al Congreso es derogar varios artículos de la ley 27.181 sancionada en octubre del año pasado, una norma que había sido pedida personalmente por Cristina Fernández de Kirchner para que la gestión que la sucediera no pudiera vender estas acciones por decreto.
El gobierno incluirá este capítulo en el debate legislativo, pero bajo una fórmula paralela: tener la facultad de vender las acciones, pero eventualmente también la de comprar papeles de otra empresa, llegado el caso. Obviamente, será una de las polémicas más importantes del debate que se abrirá esta misma semana en el Congreso, con resultado además incierto para el oficialismo.
De hecho, es difícil que para este punto se consigan los votos del Frente Renovador de Sergio Massa, mientras que el Bloque Justicialista de Diego Bossio ya anunció que votará en contra. Curiosidades de la historia argentina: Massa fue el jefe de Gabinete que firmó la nacionalización de las AFJP y Bossio fue el titular de la Ansés que más tiempo administró el FGS.
Desde el gobierno, aseguran que no hay intención de desprenderse masivamente de las acciones de las 46 empresas que administra la Ansés. Sin embargo, están dispuestos a negociar con algunos de los propietarios mayoritarios de estas empresas algún tipo de mecanismo de recompra de esas acciones. Son varios los interesados que ya se acercaron al gobierno para asegurarle que estarían dispuestos a recapturar a un buen precio papeles que hoy están dentro del FGS y que fueron renacionalizados con el final de las AFJP.
El argumento de estas compañías interesadas es el siguiente: “Nosotros nunca quisimos que el Estado sea nuestro socio. Abrimos el capital a administradoras privadas porque era el financiamiento más conveniente en su momento y porque eran parte del sistema financiero. Nos encontramos luego con representantes del Estado en nuestras asambleas, lo que nunca fue productivo. Ahora queremos recuperar esas acciones, pagando un buen precio por ellas”, según le contó a este diario un alto representante de una de las compañías interesadas en recomprar esas acciones.
No será un trámite fácil. Expertos opinan que aun con la ley aprobada, cosa difícil de conseguir según la estructura actual del Congreso, la decisión de vender las acciones individualmente o por paquete debería ser de manera abierta al mejor postor, para que se garantice la Ansés el mejor ingreso posible. Además, el organismo debería garantizar un mecanismo de transparencia para que la operación no termine con presentaciones judiciales por limitaciones en la participación de potenciales interesados. Se menciona además que lo habitual es que se reciban las ofertas en bloque y que la operación la realice un banco de inversión especialmente contratado para la ocasión, que a su vez garantice que manejará la venta con absoluta independencia de influencia del Estado.
Otra alternativa sería un criterio similar al que durante el kirchnerismo se realizó para colocar el pago a la petrolera española Repsol, a la que se le venden todas las acciones a un precio de mercado y luego el banco se ocupa de colocar los papeles.
Cualquiera de estos mecanismos tendría el riesgo, para los accionistas principales de las compañías, de no poder recomprar y recibir un socio no querido (aún menos que el Estado en tiempos kirchneristas). La idea de estas compañías es idear un mecanismo legal y transparente para que sean ellas mismas las que recompren, sin intervención del mercado abierto ni la aparición de subastas de las acciones. Aseguran que en el nuevo escenario es más fácil lograr financiamiento internacional para la operación, y que se garantizará que la Ansés recibirá un dinero justo por la venta sin perjuicio para el FGS.
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