El represor Alejandro Lawless, detenido por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar, se fugó ayer mientras era trasladado por personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) al Centro de Detención Judicial, Unidad 28 del Juzgado de la calle Lavalle, en Capital Federal.
Por el episodio, las autoridades de esa fuerza de seguridad ordenaron el “pase a disponibilidad preventiva” de los tres efectivos que participaron del fallido operativo de traslado a la sede judicial.
El hecho ocurrió ayer alrededor de las 13.30 en el acceso a la Unidad 28, en momentos en que el personal de la PSA había bajado del móvil para dirigirse a la oficina de trámites de ingreso.
Según señalaron fuentes oficiales a Noticias Argentinas, Lawless habría vulnerado a la seguridad escapando a la carrera, sin poder ser recapturado.
El ex militar, que se había entregado en agosto de 2010 a la Justicia federal, se encuentra procesado por delitos de lesa humanidad cometidos bajo el control operacional del Comando del V Cuerpo de Ejército y de la Armada Argentina, en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.
La detención de Lawless había sido solicitada en agosto de 2009 y, a partir de su condición de prófugo, se ofrecía una recompensa de 100 mil pesos para dar con su paradero.
Lawless, quien no estaba bajo custodia del Servicio Penitenciario y era trasladado por orden del juez, es argentino, tiene 62 años con DNI número 7.603.056; su estado civil es casado y su domicilio se encuentra en avenida Ruiz Huidobro 3737, de la ciudad de Buenos Aires.
Ex teniente coronel del Ejército, se encuentra procesado en la causa caratulada “Investigación de Delitos de Lesa Humanidad cometidos bajo control operacional del Comando V Cuerpo de Ejército”, en trámite ante el Juzgado Federal Número 1 de Bahía Blanca, Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Mario Fernández Moreno.
Tras la fuga, la dirección nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, a cargo de Germán Montenegro, dispuso el desplazamiento de tres oficiales de la fuerza y realizó una denuncia ante la Dirección de Control Policial.
Fuentes de la PSA informaron a NA que también se dispuso redoblar la cantidad de personal especializado afectado a la unidad de búsqueda y detención de los prófugos.
El caso rememoró la fuga de los represores Jorge Antonio Olivera y Gustavo De Marchi, quienes habían recibido penas de prisión perpetua y 25 años de cárcel en San Juan y se escaparon el 25 de julio pasado del Hospital Militar, y aún siguen prófugos de la Justicia.
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